La Ley de prevención supuso un hito histórico y sirvió de referencia para sentar las bases de una cultura de la prevención en nuestro país. Ahora, en esta efeméride se trata de hacer no una mera declaración de intenciones sino de efectuar un llamamiento al conjunto de la sociedad.
Epidemia silenciosa
Los datos de siniestralidad laboral son todavía inadmisibles: 796 personas, más de dos cada día, murieron en 2024 en su puesto de trabajo o en el camino. Es necesario actuar de manera decidida y sin demora.
La Constitución encomienda a los poderes públicos, como uno de los principios rectores de la política social y económica, la obligación de «velar por la seguridad e higiene en el trabajo», un lugar donde las personas no pueden poner en riesgo su salud o jugarse la vida independientemente de dónde se ubique o del número de personas con que cuente la empresa.
En numerosas ocasiones se ha vinculado el crecimiento económico al aumento de la siniestralidad laboral pero no es un mal inevitable: hay una relación directa entre precariedad y aumento de los riesgos laborales y esta afirmación se sustenta en los datos. Gracias a la reforma laboral, que supuso un impulso a la estabilidad en el empleo, permitió que el índice de siniestralidad con baja laboral se redujese un 7,4% y en todos los rangos de edad.
Avances necesarios
Las nuevas formas de empleo nos enfrentan a desafíos hasta ahora ignorados como el incremento de los riesgos psicosociales, la falta de plena igualdad efectiva entre hombres y mujeres -cuyas patologías y necesidades en materia de prevención han sido las grandes olvidadas-, las enfermedades derivadas del trabajo o el envejecimiento de la población activa, en un momento demográfico crítico, y los derivados de un cambio climático cuyas virulentas consecuencias estamos padeciendo ya. No se pueden olvidar, cuando se cumple un año, los efectos de la DANA que acabó con la vida de 229 personas y que requirió de medidas laborales audaces como los permisos climáticos que protegen a las personas trabajadoras ante escenarios meteorológicos adversos.
Instrumentos
La Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027 (EESST), aprobada en el Consejo de Ministros del 14 de marzo de 2023 con el acuerdo de Comunidades Autónomas, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales constituye un nuevo marco de referencia para orientar las actuaciones en materia de prevención de riesgos laborales durante este período y surge gracias al diálogo social, fruto del acuerdo entre las distintas Administraciones Públicas con competencias en materia de seguridad y salud en el trabajo y los interlocutores sociales.
La EESST asume un compromiso firme con los ejes prioritarios del Marco Estratégico Europeo de Seguridad y Salud en el Trabajo 2021-2027 y, en particular, con el objetivo de anticiparse a los riesgos que plantean las transiciones digital, ecológica y demográfica.
Un ejemplo de ello son las campañas que el Ministerio de Sanidad, el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social y el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo llevan a cabo anualmente para prevenir los golpes de calor. También por vez primera, nuestro país llevó a cabo un plan de choque contra los accidentes mortales que se ha centrado en aquellos sectores más expuestos a estos, con especial atención de la construcción donde la siniestralidad laboral mortal incide especialmente.
Para hacer frente al reto del cambio climático, España ha avanzado, además, con la adaptación en el año 2023 de la normativa española sobre lugares de trabajo, recogiendo expresamente la obligación empresarial de adoptar medidas de protección frente a fenómenos meteorológicos adversos. En noviembre de 2024 se dio un paso más, reconociendo permisos laborales como consecuencia de las recomendaciones, limitaciones o prohibiciones al desplazamiento establecidas por las autoridades competentes, así como cuando concurra una situación de riesgo grave e inminente, incluidas las derivadas de una catástrofe o fenómeno meteorológico adverso. Además, y siguiendo las recomendaciones de la OIT, se ha previsto en el Estatuto de los Trabajadores que, a través de la negociación colectiva, se acuerden protocolos de actuación que recojan medidas de prevención de riesgos específicamente referidas a la actuación frente a catástrofes y otros fenómenos meteorológicos adversos.
Compromisos
Con esta declaración, el Gobierno reafirma que:
a) La seguridad y salud en el trabajo es un derecho fundamental y una responsabilidad compartida.
b) Se seguirá impulsando la adaptación normativa de prevención a los riesgos emergentes.
c) Se promoverán campañas de divulgación, sensibilización e información permanentes.
d) Se fortalecerá la investigación, la innovación y la transferencia de conocimiento.
e) Se promoverá una política de cooperación nacional e internacional en materia preventiva.
f) Se promoverán las actuaciones educativas adaptadas a cada ámbito docente.