Las malas noticias de la reunión mantenida entre el Comité de Huelga de las asociaciones de jueces y fiscales con la plana mayor del Ministerio de Justicia han corrido como la pólvora y siembra de intranquilidad a la abogacía de nuestro país.  Cada vez está mas cerca la huelga de los primeros días de julio. Una huelga que podría ser indefinida ante la falta de diálogo de Justicia que blinda sus reformas que quiere aprobar por trámite de urgencia pese a la movilización de jueces y fiscales.

Como antecedentes más inmediatos, la huelga de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJs) que arrancó aquel 24 de enero del 2023 y tuvo una duración de más dos meses. A ella le siguió la de funcionarios y justicia, con una repercusión mas irregular. Los efectos fueron notables: juzgados colapsados y una estimación de más de medio millón de vistas y juicios se suspendieron ese año, con el efecto de retrasar otros asuntos. Además, muchos despachos pequeños perdieron bastante dinero en una situación que ahora podría repetirse.

Ahora la coyuntura invita a un nuevo paro general. Salvador González, presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), ha mantenido una reunión con la Comisión de Relaciones Institucionales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), donde señala que “es imprescindible y obligado seguir dialogando hasta el último minuto para definir un modelo de acceso a la carrera judicial y fiscal que tenga un apoyo mayoritario”, afirmó el presidente de la Abogacía Institucional. “No es momento de huelga ni de acelerar los plazos para una reforma sin consenso”, añadió González.

En la reunión con el Poder Judicial, el presidente del CGAE trasmitió su preocupación por el impacto que una huelga de tres días tendría sobre la ciudadanía y la tutela judicial efectiva y reclamó que, si finalmente tiene lugar la huelga, se articulen mecanismos para paliar el daño.

Entre otras medidas, González pidió que se avise con antelación necesaria de las suspensiones de señalamientos, y que posteriormente se refuercen los juzgados para mitigar el colapso, se amplíen las fechas de vistas suspendidas y se reagenden los asuntos afectados dándoles preferencia.

“Si no se pone remedio, habrá cientos de actuaciones suspendidas que se retrasarán meses e incluso años”, lamentó el presidente de la Abogacía. También pidió que se emitan medidas específicas sobre protección del acceso a la justicia en casos urgentes o de especial vulnerabilidad, como menores, personas con discapacidad o sin recursos.

El Poder Judicial ha trasladado que comparte la preocupación de la Abogacía por los efectos de la huelga y ha asegurado que estudiará estas propuestas durante la semana dentro del marco competencial propio del órgano de gobierno de los jueces.

Andalucía se mueve

Los primeros movimientos prehuelga ya se están gestionando. Ante la huelga convocada a nivel nacional los días 1, 2 y 3 de julio por la mayoría de las asociaciones de jueces y fiscales, el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (CADECA) expresa la profunda preocupación que genera entre el colectivo profesional el anunciado paro laboral.

Por ello, sin perjuicio del absoluto respeto de la Abogacía andaluza al derecho de huelga de jueces, magistrados y fiscales, el CADECA ha remitido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía una comunicación en la que advierte sobre los perjuicios que la huelga causará a la ciudadanía y a los profesionales que actúan en su representación y defensa, así como al normal desarrollo de la actividad judicial.

En este sentido, al objeto de minimizar en la medida de lo posible el impacto de la movilización, la Abogacía andaluza ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Andalucía que requiera a jueces y magistrados que comuniquen su intención de secundar el paro laboral a la mayor brevedad e indiquen todas las actuaciones judiciales que se van a ver suspendidas.

Del mismo modo, el CADECA ha pedido al TSJ andaluz que haga llegar al Consejo Andaluz de Colegios de Abogados y colegios de abogados de Andalucía implicados en cada caso los juicios, declaraciones, vistas y demás actuaciones afectadas por la huelga con antelación suficiente, a fin de evitar desplazamientos innecesarios y demás incidencias del paro laboral y facilitar así una correcta organización profesional, aunando esfuerzos para que el derecho a la huelga incida lo menos posible en otros derechos constitucionales de ciudadanos y profesionales.

También ha trasladado la importancia del urgente señalamiento de las actuaciones judiciales suspendidas para evitar agravar más de lo imprescindible la situación de retraso de la Administración de Justicia.

Los miembros del CADECA, a la derecha en una reunión con la Junta de Andalucía, han pedido al Tribunal Superior de Justicia andaluz que lo antes posible les digan los asuntos que se suspenden. (Imagen: Junta de Andalucía)

Hay que evitar la huelga

La sensación que invade a muchos de los abogados que conocemos es de gran preocupación. Tras la dos mencionadas experiencias sufridas como antecedentes más cercanos, es fundamental que la sangre no llegue al río. Lo que sabemos de la reunión de este lunes entre el Comité de Huelga y Justicia no invita al optimismo, pero aún hay tiempo para enderezar la situación.

Para Eugenio Ribón, decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), entidad que ha pedido que se establezcan medidas para mitigar esta huelga,
la situación que se avecina es muy problemática: “Desde la perspectiva de la abogacía de los negocios, una huelga judicial indefinida, sin criterios claro ni comunicación previa sobre la suspensión de los señalamientos supone un auténtico quebranto organizativo y económico que debería intentar evitarse. No estamos hablando de una molestia mejor; cada jornada de juicio implica desplazamientos de abogados, coordinación de testigos, peritos y clientes, reservas de transporte y alojamiento”.

Para Ribón todo ello supone “con costes significativos que, si el juicio se suspende sin previo aviso, no solo no se recuperan, sino que daña gravemente la relación con los clientes. Puede pasar el caso que nos encontramos que se convoca a profesionales de Bilbao, Valencia o Madrid y, al llegar se enteran en el mismo juzgado de que no hay vista. No hay certidumbre, no hay previsión, no hay respeto institucional; pero sí hay consecuencias. Mientras el juez puede suspender sin responsabilidad alguna, el abogado que no comparece se arriesga a sanciones o incluso responsabilidad civil frente a su cliente”.

Desde su punto de vista, “esta situación genera una enorme tensión en los despachos, que deben reorganizar agendas, duplicar esfuerzos y asumir sobrecoses por servicios no prestados. Y para nuestros clientes, que confían en una defensa técnica diligente, este nivel de incertidumbre afecta no solo a sus finanzas, sino también a sus expectativas jurídicas y comerciales. Una justicia paralizada sin control previo no solo no protege al Estado de Derecho: lo socava”.

Por su parte, Ángel Cervantes, decano del Colegio de Abogados de Toledo y presidente de la Comisión de Relaciones con la Administración de Justicia (CRAJ), recuerda el efecto devastador de las huelgas de LAJs y funcionarios en el 2023. “Estábamos cogiendo cierta carrerilla y ahora esta huelga de jueces y fiscales nos puede sumir en otro caos como aquel”, señala el decano de la abogacía toledana. Para ese jurista —como para otros consultados— no se entiende la tramitación de urgencia de lo dos proyectos de ley que están generando el problema, acceso judicial y reforma del Estatuto Fiscal.

Ángel Cervantes recuerda que el CGAE estuvo reunido hace unos días con las asociaciones judiciales y fiscales que convocan esta huelga y piden la retirada de los proyectos de ley. “Con todo el respeto a sus reivindicaciones, no creo que los abogados estén para más huelgas tras lo sufrido hace un par de años. Esperamos que negocien hasta el último momento”, explica a E&J.

Por otra parte, Jesús M. Sánchez, decano saliente del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) tras las elecciones ganadas por Cristina Vallejo el pasado 19 de junio, asume como miembro de la Comisión Permanente del CGAE sus tesis a fin de evitar la huelga de jueces y fiscales que se avecina: “Es cierto que los Parlamentos son soberanos para legislar. Las leyes necesitan de grandes consensos y tranquilidad en su tramitación. Los reales decretos son un error, solo sirven realmente cuando se hacen con urgencia, al igual que las tramitaciones parlamentarias urgentes. Pero no creo que éste sea el caso realmente”.

Desde su punto de vista “sería bueno que con estas dos reformas se abriera un debate amplio y se escuchara a los expertos. En este asunto no ha habido mucho debate, el proyecto de ley se ha hecho por trámite de urgencia sin contar con nadie. Creo que sinceramente no son formas. Cualquier proyecto de ley tiene que tener una tramitación sosegada, de enmiendas y comparecencia de los expertos en la materia. Urge un debate parlamentario a fondo y reflexivo donde se consigan consensos. El debate hay que hacerlo en el Parlamento, no en las redes sociales, como parece que se quiere trasladar”.