Según el CERMI, la disposición adicional primera de la Ley 8/2021, que entró en vigor el 3 de septiembre de 2021, establecía el «deber» del Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, de acometer el desarrollo reglamentario oportuno para «dotar de estatuto jurídico la colaboración de las entidades sociales con la Administración de Justicia, sin que por el momento esta previsión se haya llevado a efecto».

«Esta regulación, vía real decreto, es necesaria para ordenar e institucionalizar la colaboración entre las entidades sociales con los órganos de la Administración de Justicia, que puede ser determinante para que se realice el derecho de acceso a la Justicia para grupos sociales que precisan de apoyos como son las personas con discapacidad», sostiene la entidad social.

A su juicio, el servicio público de la Justicia «mejoraría notablemente si, como ordena la Ley, existieran unas entidades reconocidas oficialmente como colaboradoras que operaran como dispositivo de apoyo e interfaz de los grupos en situación de vulnerabilidad que en un ámbito complejo e intimidante con la Administración de Justicia parten de una posición de debilidad».