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El TEDH recuerda que el derecho a la apelación a de ser efectivo, celebrase en un plazo razonable y, en su caso, suspender la ejecución de la condena para evitar que el recurso pierda su sentido

Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Imagen: TEDH)

Una persona de nacionalidad tunecina, residente en Grecia, fue condenado en 2010 a 17 años de prisión y a una multa por robo agravado. El tribunal de primera instancia resolvió que el recurso apelación no tendría efecto suspensivo.

La primera vista se fijó casi 4 años después, en 2014, y finalmente el procedimiento de apelación se celebró en noviembre de 2015, cuando el demandante ya había sido puesto en libertad condicional y expulsado a Túnez. Su recurso fue rechazado por no comparecer, pese a que su ausencia se debía a la deportación y a la imposibilidad práctica de asistir.

Frente a este caso, según ha informado The Impact Lawyers, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) señaló que el derecho a la apelación a de ser efectivo, celebrase en un plazo razonable y, en su caso, suspender la ejecución de la condena para evitar que el recurso pierda su sentido.

En este caso el TEDH, en su sentencia de fecha 26 de agosto de 2025, falló por unanimidad que en este supuesto hubo violación del artículo 2 del Protocolo n.º 7 y estableció una satisfacción equitativa (art.41CEDH) reconociendo la existencia de un perjuicio, concediendo 7.000 euros en concepto de daño moral, más los impuestos aplicables.

El Alto Tribunal no otorgó indemnización por costas, ni ordenó la reapertura del proceso, dejando esa posibilidad a la legislación nacional griega.

El Tribunal Europeo de Derecho Humanos fue creado en 1959, tiene jurisdicción sobre todos los Estados que son miembros del Consejo de Europa y han ratificado el Convenio Europeo de derechos humanos. Es un tribunal internacional que actúa a instancia de los Estados parte del Convenio, pero también en virtud de las demandas que puedan presentar los particulares. Las sentencias del TEDH son vinculantes para los Estados que forman parte del Convenio, entre ellos España, que debe cumplir y acatar las sentencias del TEDH.

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