El estudio se nutre de dos sondeos complementarios: uno abierto a la totalidad de la colegiatura madrileña, con el objetivo de recoger la experiencia práctica de la abogacía en los distintos ámbitos jurisdiccionales; y otro dirigido a los responsables de despachos de la abogacía de los negocios, para conocer de primera mano el impacto de la norma en la organización de las firmas, la gestión de clientes y las estrategias de resolución de conflictos.

Eugenio Ribón, decano del ICAM, ha subrayado que “este estudio nos permitirá contar con un diagnóstico riguroso sobre la aplicación real de la Ley de Eficiencia Procesal y reforzar nuestra capacidad de interlocución en defensa de la profesión”.

Asimismo, Ribón ha señalado que “los primeros meses de vigencia de la norma han puesto de manifiesto serios problemas prácticos: criterios dispares entre juzgados, inseguridad jurídica en la acreditación de los MASC y un aumento de la carga burocrática que dificulta el acceso a la Justicia. Es imprescindible corregir estas deficiencias para que la ley cumpla su finalidad sin generar más obstáculos a la ciudadanía ni a la abogacía”.

La iniciativa se inscribe en la línea de actuación que el ICAM ha mantenido desde el inicio de la tramitación de la norma. El Colegio presentó enmiendas rechazando la procedibilidad obligatoria de los MASC, denunció la falta de criterios homogéneos entre los órganos judiciales y reclamó la exclusión de los procesos de familia. Paralelamente, ha desarrollado herramientas de apoyo para los colegiados/as —sección especial en la web, modelos de documentos, sistema de certificaciones y acciones formativas— para facilitar el cumplimiento de la ley en el ejercicio profesional.

Informe de balance de la Ley

El proyecto está impulsado desde la revista institucional OTROSÍ en el marco de su nueva línea editorial que apuesta por reforzar la información de servicio y el análisis riguroso sobre la realidad profesional de la abogacía.

Los resultados del estudio serán publicados en un informe especial que ofrecerá una radiografía completa del grado de implantación de la Ley de Eficiencia Procesal y permitirá visibilizar, con datos y testimonios, los principales retos que afronta la abogacía en esta nueva etapa.

Por su parte, Roberta Poza, diputada de la Junta de Gobierno y presidenta del Comité Editorial de OTROSÍ, ha destacado que “la nueva línea editorial de la revista nace con la vocación de escuchar a la colegiatura y dar voz a todas las sensibilidades de la abogacía madrileña. En este contexto, resulta prioritario analizar cómo los MASC están funcionando en la práctica, qué dificultades encuentran los profesionales para acreditarlos y si realmente cumplen la finalidad de agilizar la Justicia. Solo con datos y testimonios podremos trasladar propuestas de mejora solventes”.