El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), en el ejercicio de su deber estatutario de defensa del Estado social y democrático de Derecho, aprobó el 9 de noviembre de 2023 una declaración institucional clara y firme en favor de la separación de poderes, la independencia judicial y el respeto a la legalidad constitucional, en un momento de extraordinaria relevancia institucional.
Dicha declaración, adoptada por unanimidad en sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno, se enmarcó en una serie de iniciativas públicas del ICAM que han recibido un amplio respaldo de la abogacía madrileña, incluida una masiva campaña de adhesión de colegiados y un apoyo sin precedentes de los principales despachos de abogados del país, que reconocieron en el ICAM un referente en la defensa activa del orden constitucional y de las garantías propias del Estado de Derecho.
En coherencia con ese posicionamiento, la Junta de Gobierno celebra con enorme satisfacción la sentencia nº 319/2025 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 9 de Madrid, que desestima de forma íntegra el recurso interpuesto contra la mencionada declaración institucional por parte de la asociación ALA (Asociación Libre de Abogadas y Abogados). La resolución judicial reconoce expresamente la legalidad, legitimidad y adecuación a Derecho del acuerdo aprobado por el ICAM, descartando cualquier vulneración del principio de neutralidad institucional y subrayando que las manifestaciones contenidas en el acuerdo no constituyen una toma de partido político, sino el ejercicio legítimo de funciones colegiales previstas en los estatutos.
La sentencia, además, rechaza la supuesta falta de urgencia, la pretendida nulidad del acuerdo y, de forma concluyente, la legitimación activa de la asociación demandante, al no haber acreditado perjuicio alguno derivado del acuerdo colegial. En consecuencia, se refuerza judicialmente el papel del ICAM como garante del interés público en el ámbito jurídico y como voz autorizada y neutral en la defensa de los valores constitucionales.
Esta resolución supone un aval jurídico incuestionable al camino emprendido por el Colegio, cuya declaración institucional fue seguida de una virulenta campaña de ataques que no lograron empañar el firme compromiso del ICAM con la legalidad y la democracia. Muy al contrario, la respuesta de la profesión fue masiva y ejemplar, con miles de adhesiones individuales, instituciones jurídicas y grandes firmas del sector legal que expresaron su respaldo expreso a los postulados defendidos por el Colegio.
En este contexto, la Junta de Gobierno quiere hacer un reconocimiento expreso a la abogacía madrileña, cuya respuesta firme y responsable ha sido esencial para preservar el valor de la independencia judicial como piedra angular del sistema democrático. Esta sentencia es también suya: es el triunfo del compromiso colectivo de una profesión que no mira hacia otro lado cuando se ponen en riesgo los fundamentos de nuestro sistema de libertades.
En tiempos complejos, el ICAM ha hablado con voz serena pero firme, ejerciendo el liderazgo institucional que le corresponde. Esta sentencia no solo lo confirma, sino que lo fortalece. El Colegio seguirá ejerciendo su labor con plena sujeción a Derecho, con independencia, y con la mirada puesta en los principios que vertebran nuestro marco constitucional.
El Estado de Derecho no se defiende solo. La abogacía madrileña lo ha demostrado. Y hoy, la Justicia lo reconoce.