El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) considera que la condena dictada por el Tribunal Supremo al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos constituye un respaldo decisivo a los principios esenciales del Estado de Derecho.
El Alto Tribunal -que ha estimado probado que el fiscal general divulgó sin autorización una comunicación reservada mantenida entre un abogado y un fiscal, vulnerando el secreto profesional– refuerza con su fallo la vigencia de las garantías procesales que sustentan un proceso penal equitativo y respetuoso con los derechos fundamentales, a juicio del ICAM.
Desde el Colegio, que ha ejercido la acusación popular, se subraya que durante el juicio al fiscal general se han puesto de manifiesto la existencia de indicios más que concurrentes de su responsabilidad penal.
Para el decano del ICAM, “todo sistema de justicia digno de ese nombre se sostiene sobre fundamentos que no admiten dilución: el respeto al derecho de defensa, la preservación de la confidencialidad profesional y la lealtad procesal entre partes. Estas garantías no son concesiones, sino condiciones imprescindibles para que el ciudadano pueda enfrentarse al poder en condiciones de equilibrio y protección.
Cuando esas garantías se quiebran —como ocurre al vulnerarse la confidencialidad entre abogado y fiscal en el contexto de una posible conformidad—, lo que se resiente no es solo el caso particular: se debilita el modelo de justicia que consagra nuestra Constitución.
Porque si la transgresión de principios procesales esenciales no acarrea consecuencias, entonces se abre paso una lógica donde todo vale. Y en ese escenario, lo que quiebra es el propio Estado de Derecho.”
Aplicación efectiva del principio de legalidad y respeto institucional
El ICAM considera que este fallo judicial tiene una dimensión que trasciende lo individual. La condena penal al máximo responsable del Ministerio Fiscal confirma que la ley se aplica sin excepciones, incluso frente a los más altos cargos públicos. Esta resolución, lejos de debilitar el sistema institucional, fortalece su credibilidad y legitimidad ante la ciudadanía.
La Junta de Gobierno ha querido dejar constancia de que este procedimiento no cuestiona la legitimidad del Ministerio Fiscal como institución, ni desmerece la labor de sus integrantes. Se trata de una actuación concreta y excepcional, que no empaña el trabajo profesional y comprometido de los fiscales en toda España.
Una resolución determinante
El pronunciamiento del Tribunal Supremo también tiene, en opinión del ICAM, un efecto determinante: pone de relieve que las garantías del proceso penal no son un formalismo, sino un límite real y exigible frente a cualquier poder.
La Junta concluye: “La condena confirma que existen límites claros en el ejercicio de la función pública, y que el Estado de Derecho no es una formulación teórica, sino una práctica viva que exige responsabilidad.
Desde el ICAM seguiremos defendiendo, con independencia y firmeza, un modelo de justicia basado en garantías, equilibrio procesal y respeto a los valores constitucionales.”