Las solicitudes de justicia gratuita en Valladolid se mantuvieron estables en 2025, por encima de los ocho mil casos anuales con 8.360, lo que supone una ligera subida del 0,7% con respecto al año anterior a pesar de la caída registrada en los asuntos penales y civiles, que suponen el grueso de las solicitudes recibidas.
Esta bajada no atiende a una merma real de las solicitudes, sino a un cambio en el protocolo para agrupar los expedientes, que se modificó en Valladolid el pasado mes de junio. “Es una cuestión técnica. Antes se tramitaban dos expedientes para el mismo solicitante en diferentes procedimientos, pero ahora algunos como las órdenes de protección, las medidas cautelares o medidas provisionales se engloban en el expediente del procedimiento principal”, explica el responsable del Turno de Oficio del Colegio de la Abogacía de Valladolid (ICAVA), Fernando Rosat. Por la misma razón, los asuntos de violencia de género experimentaron un leve descenso pero se mantienen en niveles altos comparado con la serie histórica.
En concreto, los asuntos penales, que venían de anotar una fuerte subida el año anterior al recuperarse la instrucción después de las huelgas de 2023, registraron sin embargo una caída del 1,2% en 2025. Los asuntos penales son los más numerosos, con 5.454 expedientes, que es no obstante la segunda la cifra más alta de toda la década.
Los expedientes por violencia de género, incluidos dentro de la jurisdicción penal, han experimentado un descenso del 5,9%, con un total de 860 casos tramitados en Valladolid en 2025. “Donde más órdenes de protección hay es en violencia de género, por lo cual la disminución viene motivada por la forma de contabilizarlas. Los procedimientos judiciales siguen siendo los mismos y siguen subiendo. De hecho, con la Ley de Eficiencia se acaba de crear una nueva plaza, por lo que ya son dos, en la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia en Valladolid, el antiguo Juzgado de Violencia sobre la Mujer”, señala Rosat.
En los casos de violencia de género, la justicia gratuita para la víctima se reconoce de manera universal, sin necesidad de acreditar el nivel de renta. Hasta el pasado 3 de octubre, cuando se incluyó un nuevo párrafo en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, el sistema no atendía por defecto los casos contra la libertad sexual en los que no existe relación de pareja con el agresor, aunque el ICAVA viene ofreciendo este servicio gratuitamente a través de convenios con la Diputación de Valladolid y con la Junta de Castilla y León. En 2025, se tramitaron 50 expedientes de agresiones sexuales en virtud de estos acuerdos. “Cada vez se incluyen más personas que pueden estar amparadas por el beneficio de justicia gratuita sin necesidad de acreditar insuficiencia de recursos para litigar, por ser especialmente vulnerables, pero no se incrementan los módulos de pago, ni se incluyen estos nuevos servicios de guardia, lo que precariza cada vez más el servicio”, apunta el decano del ICAVA, Javier Martín.
Dentro de los expedientes penales únicamente subió la instrucción, con un alza del 2,2%, hasta los 3.511 asuntos tramitados. Además de la violencia sobre la mujer, se redujeron los expedientes de menores (-8,9%) y vigilancia penitenciaria (-4,9%). Además, se anotaron menos asuntos en el Juzgado Penal (-21%) y los de la Audiencia Provincial (-14%), con unas cifras tan reducidas que apenas tienen incidencia en la estadística global y en los que una variación de un puñado de casos arroja unos porcentajes de variación muy altos.
Otras jurisdicciones
En otras jurisdicciones, los asuntos civiles experimentaron una reducción del 6%, aún más fuerte que los penales, con 1.802 expedientes tramitados en 2025. En este caso, se atribuye también a esa reorganización a la hora de contabilizar los expedientes. “Las medidas provisionales en los divorcios, en las separaciones, incluso en la guarda y custodia, antes se tramitaban como expedientes diferentes y ahora se engloban en el mismo procedimiento que el principal”, explica el responsable del Turno de Oficio del ICAVA. Rosat añade que “en temas civiles se están pidiendo muchas solicitudes relacionadas con la Segunda Oportunidad y el concurso de personas físicas. Son autónomos o particulares __las sociedades no tienen reconocimiento de Justicia Gratuita__, que tienen deudas y no tienen capacidad, ni solvencia, ni liquidez para pagarlas”.
Las jurisdicciones Social, de Extranjería y Contencioso-Administrativa, con un volumen de expedientes menos significativo en el cómputo global, son las que protagonizaron la subida de los asuntos atendidos en 2025. La de Extranjería fue la que anotó una subida más clara, con 321 casos atendidos en el último año, un 45,2% más que el ejercicio anterior. “No hay ninguna motivación específica. El tema de asilo ya no se está llevando en Valladolid con la reforma de la Ley de Extranjería, con lo cual debería haber bajado, pero no es así”, señala Rosat. En Extranjería se recogen aquellos asuntos de detenciones que se producen por la policía relativos a personas extranjeras en situación de irregularidad en España para iniciar el trámite administrativo de expulsión del territorio.
“Cuando la resolución administrativa es firme, la impugnación es judicial y eso se recoge en la materia de contencioso-administrativo, que por eso también sube este año. Es una causa directa, porque los contenciosos son las impugnaciones de esas mismas órdenes de expulsión”, explica Rosat. En Valladolid, los expedientes de asuntos contencioso-administrativos aumentaron un 33,5%, con 339 solicitudes tramitadas frente a las 254 del ejercicio anterior.
Los asuntos de la jurisdicción Social, por su parte, experimentaron un aumento del 14,1% con 421 asuntos atendidos, una cifra que alcanza la cifra más alta de la serie histórica por el conocimiento entre los trabajadores de que en el ámbito laboral también es posible solicitar la justicia gratuita sin necesidad de acreditar la insuficiencia de recursos económicos. “La mayoría son despidos y contratos de corta duración, algunos incluso en el periodo de prueba. También hay reclamaciones de cantidad por impago de las cantidades salariales”, apunta Rosat. Por último, los expedientes de la jurisdicción Militar pasaron en el último año de 6 a 11, una cifra tan reducida que no tiene apenas influencia en la estadística colectiva ni atiende tampoco a la influencia de factores externos.
23 asuntos por abogado
El turno de oficio del ICAVA cuenta con 373 abogados adscritos que afrontaron los 8.360 asuntos atendidos en 2025, lo que supone que cada letrado atiende una media de 23 asuntos de Justicia Gratuita al año. Por jurisdicciones, más del 65% de las tramitaciones pertenece a la Penal, el 21,6% a la Civil, el 5% a la Social, el 4,1% a la Contencioso-Administrativa y el 3,8% a la de Extranjería. Las solicitudes de mujeres víctimas de violencia de género, por sí solas, representan un 10,3% del total de asuntos tramitados en el último año por el turno de oficio en Valladolid.