Fue el pasado 17 de junio cuando la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) anunciaron la convocatoria de esta concentración que servirá de antesala a la huelga fijada para el 1, 2 y 3 de julio.

Las firmantes han materializado la advertencia que lanzaron el pasado 11 de junio, cuando realizaron un paro de 10 minutos frente a las sedes judiciales de todo el país para reclamar la retirada de las reformas anunciadas por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

Tras aquel paro, realizaron una consulta interna en la que más del 80% de los preguntados en dichas asociaciones se mostraron a favor de cumplir con la advertencia de ir a huelga.

Las asociaciones consideran que la concentración del sábado frente al Supremo es un «emplazamiento profundamente simbólico e institucional». «No se trata de una protesta contra ningún poder del Estado, sino de una exteriorización de la relevancia del Poder Judicial, en defensa de su independencia y de su papel como garante de los derechos fundamentales de la ciudadanía», aclararon.

Según explicaron, eligieron el Supremo para concentrarse al tratarse del «lugar donde los opositores que aspiran a formar parte» de sendas carreras aprueban sus exámenes. «Un espacio que representa la culminación a largos años de esfuerzo callado en busca de la excelencia y la entrada al servicio público desde los principios de mérito, capacidad e igualdad», agregaron.

En el comunicado, precisaron que «la convocatoria está abierta a todos los operadores jurídicos y a la ciudadanía verdaderamente comprometida con la defensa de una justicia independiente y al servicio del interés general», en tanto que «se trata de una concentración estrictamente institucional, al margen de cualquier adscripción o reivindicación partidista».

El manifiesto de las asociaciones

Durante el paro del 11 de junio, las asociaciones convocantes advirtieron de que la «independencia judicial, clave para hablar de una democracia real y de una verdadera integración en la Unión Europea, está bajo amenaza por las recientes iniciativas legislativas».

Se refieren, en concreto, al proyecto de ley para modificar el acceso a las carreras judicial y fiscal y al anteproyecto de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF).

«No quepa duda de que estas reformas de las que hablamos, enmarcadas entre otras que se han ido produciendo, van encaminadas a convertir al Poder Judicial en un poder con minúscula, un poder más débil en su función de contrapeso del poder político, más maleable y sensible a las presiones mediáticas y del poder, en la senda de las democracias iliberales que, por eso, no lo son realmente», alertaron.

Las asociaciones subrayaron que la reforma de acceso a ambas carreras –«tramitada injustificadamente por vía de urgencia»– «no responde a demanda social alguna». Y recordaron que, además, recibió «un informe técnico muy crítico por parte el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)».

«Se trata de una reforma legal que va a rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, eliminando contenido esencial para nuestra formación e introduciendo pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración», apuntaron.

También criticaron la redacción del anteproyecto de ley que reforma la Fiscalía. «Se quieren aumentar las competencias del fiscal general del Estado, quien, como jefe de todos los fiscales, también de los futuros fiscales de instrucción que quieren crearse, seguirá nombrándose por el Gobierno sin ningún tipo de filtro previo», señalaron.

Y recalcaron que ello, «sumado a la eliminación de garantías de autonomía de los fiscales, incrementará aún más si cabe, en contra de las exigencias europeas, el riesgo de injerencias políticas en las causas de corrupción».