El Poder Judicial ha aclarado que no puede «recabar imperativamente» la identidad de los jueces y fiscales que han secundado la huelga convocada por las asociaciones para 1, 2 y 3 de julio contra las reformas del Gobierno en materia de Justicia, respondiendo así al requerimiento realizado por el Ministerio de Justicia.
En un comunicado, la Comisión Permanente del CGPJ informa de que el pasado lunes recibió dos oficios de la Dirección General para el Servicio Público de Justicia del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, fechados los días 23 y 30 de junio, en los que se le solicitaba que remitiera diariamente durante las jornadas de huelga, antes de las 14.00, «lista completa» de quienes la secundaban, «con el fin de detraer los haberes correspondientes a esas personas».
La Comisión Permanente aclara que «el CGPJ carece de competencia para recabar imperativamente datos de identidad de quienes participen en una huelga que el Pleno de este órgano constitucional tuvo por no anunciada en su acuerdo de 26 de junio de 2025«.
En dicho acuerdo, alcanzado por unanimidad, el CGPJ esgrimió que el derecho a la huelga de los togados carece de soporte normativo, razón por la cual desoyó al convocatoria y descartó fijar servicios mínimos. Esta misma postura fue asumida por la Fiscalía General del Estado.
La Comisión Permanente aclara, además, que «no ha recibido comunicaciones de los órganos de gobierno interno del Poder Judicial sobre incidencias que hayan requerido la intervención de este órgano constitucional».
Asimismo, «constata que el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha facilitado públicamente datos de participación en la huelga convocada a partir de la información requerida por su departamento a los secretarios de gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia».
Una media del 70%, según los convocantes
Por su parte, los convocantes –la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)– basan sus datos en los ‘emails’ enviados a la dirección de correo electrónico habilitada por el propio comité de huelga por los jueces y fiscales que han querido comunicar que iban a la huelga.
Las asociaciones convocantes cifran la media de seguimiento de estos tres días en un 70% –75% el primero, 70% el segundo y 65% este tercero–, mientras que Justicia asegura que la primera jornada la huelga tuvo un apoyo del 28% y la segunda, del 30%, sin que aún haya facilitado datos respecto a este jueves ni globales.
Las asociaciones protestan contra las reformas del acceso a ambas carreras y de la Fiscalía al entender que atentan contra la independencia judicial y, por ende, contra el Estado de Derecho, algo que Bolaños niega, al tiempo que insiste en que los cambios son «imprescindibles» para modernizar la administración de justicia.