Al igual que en 2024, el informe no solo abarca a los veintisiete Estados miembros, sino que también incluye cuatro capítulos por país dedicados a la evolución de la situación en Albania, Montenegro, Macedonia del Norte y Serbia.

El informe de este año confirma que se mantiene una trayectoria positiva en muchos Estados miembros, ya que se han llevado a cabo importantes reformas en los cuatro ámbitos clave cubiertos por el informe: justicia, lucha contra la corrupción, libertad de los medios de comunicación y controles y equilibrios institucionales. Si bien persisten retos en algunos Estados miembros, y en contados casos la situación es grave, el compromiso general con el proceso sigue siendo fuerte, y los Estados miembros han seguido —en su totalidad o en parte— un número sustancial de las recomendaciones de 2024.

El respeto del Estado de Derecho también es esencial para aplicar políticas que promuevan la competitividad en el mercado único y permitir la participación activa de los ciudadanos tanto en la sociedad como en la economía. El Estado de Derecho es un aspecto importante para las empresas que operan a través de las fronteras. Las empresas, en particular las pequeñas y medianas, necesitan un entorno económico estable y predecible. El informe de este año hace especial hincapié en cuestiones que tienen un vínculo directo con el correcto funcionamiento del mercado único, como la buena legislación, las normas de contratación pública y la estabilidad del entorno regulador.

El informe analiza una Unión Europea en evolución. La nueva generación de instrumentos de gasto de la UE, que se presentará como parte del próximo marco financiero plurianual, garantizará que el respeto del principio del Estado de Derecho siga siendo una obligación para los fondos de la UE. El apoyo financiero de la UE a la inversión y las reformas para promover el Estado de Derecho puede ofrecer un real valor añadido.

Principales conclusiones

Sistemas judiciales

Muchos Estados miembros han avanzado en las reformas de la justicia durante el último año. Entre las medidas se incluyen el refuerzo de la independencia de los Consejos del Poder Judicial, salvaguardias adicionales para los nombramientos de jueces y la autonomía de los fiscales, así como para la calidad y la eficiencia de los sistemas judiciales. No obstante, en algunos Estados miembros las reformas avanzan a un ritmo más lento, y en otros casos persisten serias preocupaciones. Si bien se están realizando esfuerzos en todos los ámbitos, en muchos Estados miembros existe una presión sobre los recursos para los sistemas judiciales, lo que repercute en la calidad y la eficiencia de la justicia. En los países candidatos, han proseguido los esfuerzos para aplicar reformas judiciales, reforzar la rendición de cuentas y mejorar la eficiencia, pero deben abordarse cuestiones como las influencias indebidas y los intentos de socavar la independencia de los jueces.

Marcos de lucha contra la corrupción

La lucha contra la corrupción sigue siendo esencial para mantener el Estado de Derecho y preservar la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas. La mayoría de los europeos considera inaceptable la corrupción, según los resultados de las encuestas del Eurobarómetro de 2025 sobre las actitudes de los ciudadanos y las empresas frente a la corrupción en la UE.

El informe muestra que varios Estados miembros han desarrollado nuevas estrategias de lucha contra la corrupción y reforzado su capacidad institucional, en particular aumentando los recursos para las fuerzas y cuerpos de seguridad, la fiscalía y el poder judicial. Al mismo tiempo, son necesarias nuevas medidas para reforzar los marcos preventivos, como los que rigen las actividades de los grupos de presión y los conflictos de intereses, así como para garantizar la investigación, el enjuiciamiento y las sentencias firmes de los casos de corrupción. En los países candidatos, se reforzaron los marcos jurídicos e institucionales, demostrando resistencia a presiones indebidas en algunos casos, mientras que la investigación, el enjuiciamiento y la resolución de casos de corrupción, incluidos los de alto nivel, debe seguir mejorando.

Libertad y pluralismo de los medios de comunicación

Se están llevando a cabo reformas en los Estados miembros para adaptar la legislación nacional a las nuevas disposiciones del Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación. Muchos Estados miembros están llevando a cabo reformas para reforzar el funcionamiento independiente y la financiación de los medios de comunicación del servicio público y para mejorar la equidad y la transparencia de la asignación de publicidad estatal. Además, varios reguladores nacionales de los medios de comunicación están ampliando sus competencias para cumplir también el Reglamento de Servicios Digitales.

Se presta cada vez más atención a la seguridad y la protección de los periodistas con la creación o el mantenimiento de estructuras de apoyo por parte de los Estados miembros o el refuerzo de la protección jurídica de estos profesionales. Al mismo tiempo, se necesitan nuevas medidas para abordar las preocupaciones relativas a la seguridad de los periodistas, mejorar las salvaguardias para la independencia de algunos reguladores de los medios de comunicación y de los medios de comunicación de servicio público, aumentar la transparencia de la propiedad y garantizar una mayor equidad y transparencia en la asignación de publicidad estatal.

En los países candidatos, también existen preocupaciones en relación con la politización de los reguladores de los medios de comunicación y la sostenibilidad financiera de los organismos públicos de radiodifusión, así como con la designación de los cargos directivos en los organismos de radiodifusión.

Controles y equilibrios institucionales

En varios Estados miembros se están llevando a cabo reformas para reforzar los controles y equilibrios, en particular mediante una mejor inclusión de las partes interesadas en el proceso legislativo y la mejora de la calidad de la legislación. Sin embargo, leyes inestables y cambiantes, a veces redactadas sin contar con las partes interesadas, crean inseguridad jurídica tanto para las empresas como para los ciudadanos. Si bien el informe concluye que la mayoría de los Estados miembros sigue garantizando un marco propicio y de apoyo para la sociedad civil, en una serie de Estados miembros persisten obstáculos relacionados con los requisitos de financiación o registro. Además, en algunos Estados miembros las organizaciones de la sociedad civil se enfrentan a graves retos, ya que están sujetas a restricciones o controles financieros excesivos o a una protección inadecuada.

En los países candidatos, la recusación de los procesos legislativos y las consultas públicas ineficaces limitan la gobernanza inclusiva. Siguen existiendo retos en relación con el seguimiento sistemático de las recomendaciones de las instituciones del Defensor del Pueblo y de otros organismos independientes.

Dimensión del mercado único

En los cuatro pilares, el informe hace hincapié en el impacto en el funcionamiento del mercado único y en el entorno operativo de las empresas. Un sistema judicial eficaz, la lucha contra la corrupción, la buena gobernanza, la seguridad jurídica y una legislación sólida tienen un impacto económico significativo, configurando el entorno empresarial y orientando las decisiones de inversión. En los cuatro pilares, el informe hace hincapié en la manera en que los problemas detectados afectan al funcionamiento del mercado único y al entorno operativo de las empresas.

Los capítulos por país informan, por ejemplo, sobre la especialización de los órganos jurisdiccionales y de los jueces que tramitan asuntos mercantiles; los mecanismos de ejecución de las resoluciones judiciales; las medidas para prevenir la corrupción en la contratación pública; la financiación transparente para los medios de comunicación; y el entorno regulador estable necesario para que las empresas operen en condiciones previsibles.

Próximos pasos a realizar

La Comisión invita al Parlamento Europeo y al Consejo a seguir manteniendo debates generales y específicos por países sobre la base de este informe, teniendo en cuenta las recomendaciones formuladas, para seguir examinando cómo lograr avances concretos. La Comisión también pide a los Parlamentos nacionales, a la sociedad civil y a otras partes interesadas que prosigan el diálogo nacional sobre el Estado de Derecho, así como a escala europea, potenciando un mayor compromiso por parte de los ciudadanos.

La Comisión ha invitado a los Estados miembros a abordar los retos señalados en el informe, y ha incidido en que seguirá mejorando su seguimiento y presentación de informes, y reforzando los controles y equilibrios, en particular mediante el seguimiento de la aplicación de las recomendaciones