La utilización de los datos extraídos de las escrituras notariales es clave para la articulación de políticas públicas y soluciones efectivas al problema de la vivienda en España. Esta es una de las principales conclusiones alcanzadas por los expertos en la primera jornada del curso Vivienda: del diagnóstico a la acción. Propuesta de solución para un problema apremiante, organizado por Fundación Notariado en el Palacio de Miramar de San Sebastián, en colaboración con el Consejo General del Notariado y el Colegio Notarial del País Vasco.

Según un reciente informe del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la vivienda se sitúa como la principal preocupación para los españoles. “Para abordar el problema con rigor es imprescindible disponer de datos objetivos, actualizados y completos. La fuente más precisa es el Índice Único Informatizado Notarial, con aproximadamente 25.000 millones de datos de más de 160 millones de documentos notariales”, señaló la presidenta del Consejo General del Notariado, Concepción Pilar Barrio Del Olmo, en la inauguración del curso.

“En tan solo tres años la vivienda ha escalado del puesto 31 al primero en el ranking”, expuso Alberto Martínez Lacambra, director general del Centro Tecnológico del Notariado, quien presentó el informe realizado por la corporación notarial sobre La vivienda en España 2007-2024, un estudio que toma como referencia los datos de las escrituras públicas, contenidos en el Índice Único Informatizado Notarial. Para Lacambra es urgente estimular la oferta y recuperar las cotas de vivienda protegida: “En los años noventa y primera década de los 2000, en España se construyeron 75.000 viviendas protegidas al año; en la actualidad apenas se llega a las 12.000 viviendas. Hay que activar de forma decidida el desarrollo de vivienda protegida en régimen de alquiler sobre suelo público. Para ello, se necesita un marco regulatorio propio, estable y adaptado a esta realidad”.

Sobre las políticas públicas en materia de vivienda se pronunció Llanos Castellanos, subsecretaria del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, quien puso de relieve que “el problema de la vivienda tiene un vector que complica mucho más la gestión: los cambios en el sector de la construcción necesitan largos periodos de tiempo para su maduración y retorno. Estamos firmemente convencidos de atajar todos los problemas que detectemos. En el Plan Estatal de Vivienda contemplamos una inversión de 7.000 millones de euros para facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda”.

El director general de Fundación Notariado, Raimundo Fortuñy, destacó la importancia de tratar el problema de la vivienda en este foro un año más, reuniendo a “todas las partes afectadas e implicadas: organizaciones y asociaciones ciudadanas, académicos, representantes del mundo empresarial, las Administraciones Públicas y el Notariado». Por su parte, la primera teniente alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián, Nekane Arzullus, señaló que “Donostia tiene un grave problema de vivienda. En los últimos diez años el precio de la vivienda en esta ciudad se ha incrementado en un 52%».

La directora académica de la Fundación Cursos de Verano (UIK) de la Universidad del País Vasco (UPV), Idoia Otaegui, remarcó que «el problema de la vivienda en España se agrava con el paso del tiempo y sin un giro claro de las políticas públicas resulta muy complejo encontrar una solución. Ante esta realidad, y gracias al impulso de Fundación Notariado, abrimos diálogos que pueden ayudar a encontrar soluciones a esta problemática, escuchando a todos los agentes implicados en la materia».

Desequilibrio entre la oferta y la demanda

En la primera mesa de debate, dedicada a analizar el desequilibrio entre la oferta y la demanda y las posibilidades de actuación para estimular la edificación de obra nueva, los expertos demandaron acelerar la transformación del sector hacia la “construcción industrializada”, junto a la implementación de nuevas herramientas financieras, regulatorias y tecnológicas. “El problema no es solo de oferta. Falta suelo desarrollado, hay escasez de mano de obra especializada y los instrumentos financieros tradicionales no se adaptan a los nuevos modelos constructivos», explicó el arquitecto Enrique Vinagredo, quien puso como ejemplo las soluciones aplicadas por otros países.

Valentina Montero, vicedecana del Colegio Notarial del País Vasco, moderó el panel y abogó por “activar la colaboración público-privada, agilizar la generación de suelo finalista, armonizar la actuación entre administraciones, mejorar la financiación y aplicar ayudas eficaces que equilibren oferta y demanda. Solo mediante un Pacto de Estado por la Vivienda, con vocación de permanencia y seguridad jurídica, podremos garantizar el ejercicio real del derecho a la vivienda”.

De igual manera, el presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España, Xavier Vilajoana, defendió la colaboración entre el sector público y privado y pidió una mayor flexibilidad en los modelos de cooperación para que nuestro urbanismo se adapte con mayor rapidez a las nuevas necesidades: «La vivienda tiene que ser una infraestructura social, como la sanidad o la educación. Pero la realidad es que en sanidad se invierte el 20% del PIB aproximadamente, en educación el 12% y en vivienda el 1,5%”. Sobre la mano de obra, apuntó que “en los próximos 15 años el 40% de la mano de obra va a tener edad de jubilación. Ahora tenemos carencia, pero en el futuro va a ser todavía peor”.

Asimismo, el catedrático de Derecho Administrativo, Juan Ramón Fernández Torres, alentó a “repensar cómo queremos que sean las ciudades. Venimos siendo tributarios de un modelo urbanístico que tiene más de 80 años y estamos en un atolladero. Debemos plantearnos que ese modelo se ha agotado e instaurar uno nuevo”. Y pidió a las Administraciones Públicas “cumplir y hacer cumplir la legislación en vigor, en su espíritu y finalidad”.

En el diálogo que la decana del Colegio Notarial de Murcia, Carmen Rodríguez Pérez, mantuvo con Fernando de Aragón, director general del Catastro, y Jesús Puebla, subdirector general de Gestión Catastral, Colaboración y Atención al Ciudadano, se puso en valor la estrecha colaboración entre el Notariado y la institución catastral, “que se ha convertido en un aliado fundamental a la hora de proporcionar seguridad jurídica a las transacciones inmobiliarias”, subrayó Carmen Rodríguez.

Por su parte, los representantes del Catastro señalaron que “la información catastral es indispensable y muy utilizada por todos los operadores intervinientes y en todos los momentos del proceso. Nuestra enorme colaboración con el Notariado genera importantes sinergias que contribuyen a la prestación de un mejor servicio público, objetivo fundamental de cualquier institución o administración pública”.

Soluciones tecnológicas y el valor del dato

En la segunda sesión del curso, que se celebrará mañana, los ponentes pondrán sobre la mesa propuestas desde el prisma de la tecnología, hablarán sobre la necesidad de aportar seguridad jurídica a propietarios e inquilinos y acentuarán el valor de los datos para la adopción de políticas públicas.

Bajo la moderación de Miguel Solchaga -socio de Metys-, José García Montalvo, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pompeu Fabra; Enrique Used, socio fundador de la compañía Suelos Renovables; y el economista José Carlos Díez Gangas advertirán de la necesidad de contar con bases de datos fiables y completas, evitando las fuentes con intereses ideológicos o comerciales, y los riesgos que conlleva la falta de información suficiente para los agentes públicos y privados. Entre las soluciones, la creación de un ‘gemelo digital’ del mercado residencial español.