El 28 de abril de 2025, la península ibérica experimentó un apagón eléctrico sin precedentes que afectó a España, Portugal, Andorra y partes del sur de Francia. En cuestión de segundos, se produjo una pérdida súbita de aproximadamente 15 GW de energía, equivalente al 60% del consumo eléctrico de España en ese momento. Esta caída provocó un colapso en la red eléctrica que se extendió a Portugal y otras regiones conectadas. La falta de electricidad paralizó infraestructuras críticas como hospitales, aeropuertos, redes de transporte y telecomunicaciones. La radio se convirtió en el principal medio de comunicación debido al fallo de las redes móviles e internet. Un incidente de esta magnitud, más allá de las evidentes molestias para la ciudadanía, pone de manifiesto la crucial importancia de la planificación y la capacidad de respuesta de la administración local ante situaciones de emergencia. El presente artículo pretende analizar, desde una perspectiva jurídica, pero, sobre todo, práctica, las actuaciones que los ayuntamientos deben tener preparadas y cómo se articularon, o deberían haberse articulado, en un contexto como el que vivimos.

Este enfoque no pretende desmerecer ni un ápice las actuaciones realizadas. Una vez más, los ayuntamientos activaron sus planes de emergencia en respuesta a otra crisis para gestionarla de la mejor manera posible. Pero no olvidemos que es nuestra obligación. La Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil establece que los ciudadanos tienen derecho a ser atendidos por las Administraciones en caso de catástrofe, y exige una respuesta equivalente cualquiera que sea el lugar de su residencia. La gestión de la emergencia puso a prueba la coordinación de los cuerpos de seguridad y protección civil para garantizar la seguridad ciudadana, activó de nuevo la contratación de emergencia para atender necesidades urgentes y la movilización de los empleados de servicios esenciales para que trabajasen de forma extraordinaria. Desde una perspectiva ética y política, los gobiernos locales tienen la responsabilidad de dar respuesta eficaz y transparente ante la crisis y de velar por la equidad en la distribución de recursos. La Constitución, y la Ley 17/2015 teóricamente garantizan que el auxilio ante desastres debe ser igualitario cualquiera que sea el lugar de residencia. Invirtamos en resiliencia. Cada vez que ocurre una nueva catástrofe evidencia absolutamente nuestra falta de previsión, y van unas cuantas. Puede haber apagones, pero no deberíamos apagar la inteligencia (y no nos referimos aquí a la artificial).

“En realidad, la electricidad no es más que un rayo organizado”. (George Carlin)

I. Introducción

El pasado lunes 28 de abril de 2025, la península ibérica experimentó un apagón eléctrico sin precedentes que afectó a España y Portugal. Este evento puso a prueba la capacidad de respuesta de las administraciones públicas, especialmente en el ámbito municipal, donde se activaron protocolos de emergencia para garantizar la seguridad y el bienestar de la ciudadanía. Hablando de servicios públicos municipales, el fatídico día pudimos comprobar cómo la caída de la red provocó la inoperatividad durante unas ocho o nueve horas de infraestructuras críticas, incluyendo sistemas de control del tráfico (semáforos), redes de telecomunicaciones móviles, transporte público (metro, tranvía y ferrocarril), ascensores, estaciones de bombeo de agua potable y plantas depuradoras.

El incidente se desarrolló durante buena parte de la jornada laboral, impactando de forma generalizada a grandes ciudades como València, Madrid, Barcelona y Sevilla, muchas de ellas Smart City, por cierto (qué ironía). Por su parte, las Islas Baleares y Canarias no se vieron afectadas debido a que no están conectadas al sistema eléctrico peninsular, sino que operan mediante redes autónomas. Según informó Red Eléctrica de España, el apagón se debió a una caída crítica en la estabilidad de la red nacional, lo que provocó una desconexión automática para evitar daños mayores en el sistema eléctrico. Casi descartada la teoría del ciberataque, no se puede negar que desde luego este tipo de cortes masivos comprometen la seguridad, en todo caso nuestra otra asignatura pendiente para este salto tecnológico. El origen del problema pudo ser una «vibración atmosférica inducida», pero es como mínimo inquietante que este tipo de fenómeno atmosférico sea capaz de poner en jaque a todo el sistema.

Dicho sistema, que debería abordar este tipo de eventualidades de forma preventiva, sigue afrontando este tipo de sucesos desde un enfoque fundamentalmente reactivo. Buena muestra de ello es la batería ya habitual de normas post-desastre. En este caso:

– Orden INT/399/2025: Declara la emergencia de interés nacional en las comunidades autónomas de Andalucía, Extremadura, La Rioja, Madrid y Murcia, conforme a los arts. 28 y 29 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.

– Orden INT/400/2025: Amplía la declaración de emergencia a las comunidades de Castilla-La Mancha, Galicia y la Comunidad Valenciana.

– Orden PJC/414/2025: Publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se determina la aplicación de la ampliación de términos y plazos administrativos como consecuencia de la interrupción generalizada del suministro eléctrico.

– Acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional, de 30 de abril de 2025: Establece el cómputo de plazos procesales y administrativos los días 28 y 29 de abril de 2025.

Además, la Dirección General de Consumo también publicó una Guía para el ejercicio de derechos de consumo tras el apagón eléctrico del 28 de abril de 2025. Esta guía informa a los ciudadanos sobre sus derechos en situaciones de interrupción del suministro eléctrico, incluyendo la prohibición de subidas de precios injustificadas y los procedimientos para presentar reclamaciones.

En respuesta al apagón, se activó el Plan de Preparación ante Riesgos (PPR), conforme al Reglamento del Parlamento Europeo de 2019. Este plan establece protocolos de coordinación entre operadores, autoridades y organismos internacionales para garantizar el suministro eléctrico en situaciones de emergencia. Contempla hasta 31 escenarios posibles de crisis, incluyendo ciberataques, eventos climáticos extremos y fallos técnicos. Nos parece perfecto, pero echamos de menos en la práctica palabras como “preparación”, “prevención” o “planificación”, y no digamos ya la capacidad de “predicción” de la IA. Y es que, en realidad, todas estas medidas reflejan la respuesta institucional ante una nueva crisis sin precedentes en el sistema eléctrico nacional, pero con muchos avisos previos si hablamos de catástrofes en general. La declaración de emergencia de interés nacional permite la movilización de recursos estatales y la coordinación entre administraciones para hacer frente a la crisis. Por supuesto, es loable que se busque mitigar los efectos de una desgracia, pero apostamos más por prevenir futuras incidencias similares.

II. La DANA, el penúltimo test

La aún reciente Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) de octubre-noviembre de 2024, se tradujo en inundaciones catastróficas en amplias zonas del Mediterráneo español. Varios ayuntamientos, especialmente en la Comunidad Valenciana, se encontraron en primera línea de la emergencia, coordinando evacuaciones, habilitando albergues y gestionando servicios básicos. Según el RD-ley 6/2024, estas lluvias torrenciales causaron “graves inundaciones con más de 200 víctimas mortales, daños en infraestructuras y viviendas, interrupciones de servicios esenciales y desplazamientos de miles de personas”. Los ayuntamientos, como administraciones más cercanas, activaron sus planes municipales de protección civil (informando a la población, coordinando bomberos, policía y voluntarios) y declararon la situación de emergencia en su ámbito.

En el plano técnico, nos puede servir recordar cómo los ayuntamientos aplicaron los sus protocolos de protección civil y Planes de Emergencia Municipal para minimizar daños. El objetivo es gestionar la alerta y evacuación de zonas inundables, proteger a los más vulnerables (ancianos, discapacitados, residencias), y apoyar a servicios esenciales (agua, electricidad, recogida de residuos). La Ley 17/2015 (que regula el Sistema Nacional de Protección Civil) reconoce que “los ciudadanos tienen derecho a ser atendidos” por las Administraciones en caso de catástrofe y exige una respuesta “equivalente cualquiera que sea el lugar de su residencia”. Esto significa que, desde Alicante hasta Tarragona, todos los ayuntamientos debían esforzarse por dar igual protección a cada vecino. La propia Ley 17/2015 enfatiza asimismo la coordinación interadministrativa: durante emergencias “todas las Administraciones competentes” (Estado, CCAA y ayuntamientos) dispondrán instrumentos normativos y organizativos para “mejorar continuamente” sus respuestas. En este sentido, cabe recordar que los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes están obligados, según el art. 26 LRBRL, a prestar servicios de protección civil en su término. Así, medidas y actuaciones como la colaboración con la Unidad Militar de Emergencias (UME), la contratación de grúas para retirar coches, o la limpieza inmediata de vías públicas, forman parte de su acción cotidiana tras la catástrofe.

Los gobiernos locales tienen una doble responsabilidad. Primero, la responsabilidad institucional: dar respuesta eficaz y transparente (rendición de cuentas) ante la crisis. Deben coordinarse con la Delegación del Gobierno, la Generalitat o los servicios competentes, y también comunicar claramente al ciudadano las medidas adoptadas. Una crisis es el momento idóneo para sacar lo mejor que tenemos como sociedad, y en este sentido el comportamiento de la gente fue solidario y ejemplar durante la DANA. La propia Ley 17/2015 establece el derecho a la información en emergencias, y como contrapartida el deber de colaboración ciudadana. Los ayuntamientos suelen usar radios municipales, redes sociales y equipos de voluntarios de Protección Civil para mantener al día a la población. Segundo, la cercanía al ciudadano: los alcaldes y concejales saben de primera mano dónde hay vecinos atrapados, qué barrios están aislados, o qué familias han perdido sus enseres. Esa proximidad obliga a velar por la equidad: los recursos públicos deben repartirse en función de necesidades reales, sin sesgos políticos o económicos. El principio de igualdad exige que el auxilio ante desastres sea equivalente cualquiera que sea el lugar de su residencia. Los ayuntamientos suelen atender primero a los barrios más golpeados o a los sectores más vulnerables (por ejemplo, zonas rurales sin medios propios o colectivos en riesgo), para cumplir ese mandato constitucional de igualdad. Este enfoque ético también implica solidaridad intermunicipal: no debe quedar un municipio abandonado por falta de presupuesto local, ya que la Administración General del Estado y otras administraciones territoriales están llamada a su auxilio complementario.

Se nos acumulan las desgracias. Los gobiernos locales pueden aprender de ellas: tanto los registros históricos de los desastres más antiguos documentados como las informes postcrisis de las más recientes deberían ser objeto de análisis para mejorar los planes municipales de emergencia. En este sentido, la Ley 17/2015 enfatiza que el marco legal “haga mayor énfasis en la prevención… así como en la integración, coordinación y eficiencia de las actuaciones de las Administraciones Públicas”. Se esperaba que, tras la DANA, se refuercen las infraestructuras (mejores drenajes urbanos, zonas de retención de agua, restauración de cauces) y los protocolos (simulacros, formación a emergencias escolares). La resiliencia institucional exige además el aprendizaje colectivo: los ayuntamientos afectados comparten sus experiencias en foros sectoriales o en redes europeas de ciudades frente a inundaciones, para difundir buenas prácticas.

En conclusión, los ayuntamientos ante la DANA sí mostraron una buena combinación de suficiencia técnica y compromiso ético, pero la prevención sigue siendo la asignatura pendiente. Somos buenos “a posteriori” y desde el punto de vista técnico. Bajo este enfoque, se gestionan emergencias, se restablecen servicios públicos y se utiliza la normativa de contratación de forma ágil. El rescate de la normalidad tras la catástrofe debió servir para reforzar la prevención futura: los ayuntamientos deben construir sistemas más robustos (planes, infraestructuras, sensibilización) aprendiendo de esta experiencia. La labor municipal no terminó con la limpieza de calles, sino que seguimos intentando reponer la confianza de la comunidad, aprender de cada inundación, y adaptar el municipio para la próxima amenaza. Hacemos lo que podemos, pero la realidad es abrumadora.

III. Actuaciones municipales ante un caso de apagón

1. Servicios esenciales

Los ayuntamientos prestan un buen número de servicios públicos de impacto directo en la ciudadanía, por lo que la primera medida en este tipo de situaciones y otras análogas sería asegurar, en la medida de lo posible, la continuidad de servicios, al menos los calificados como esenciales. Más allá de la dependencia de la electricidad, fuente directa del servicio de alumbrado, un apagón puede afectar a otros servicios críticos. Es vital que los ayuntamientos tengan planes de contingencia para garantizar la continuidad de los siguientes servicios:

– Suministro de agua. Las bombas de agua suelen depender de la electricidad. Se deben prever sistemas alternativos de bombeo o distribución en caso de fallo eléctrico prolongado.

– Comunicaciones. La caída de la red eléctrica puede afectar a las líneas telefónicas e internet, cruciales para la coordinación interna y la comunicación con la ciudadanía. Se deben asegurar líneas de comunicación alternativas (radios, satélites) y protocolos de comunicación de emergencia.

– Recogida de residuos. La falta de energía puede paralizar los sistemas de compactación y recogida automatizada de residuos, generando problemas de higiene y salubridad. Se deben establecer planes manuales o alternativos si la situación se prolonga.

– Servicios sanitarios municipales y colaboración con los servicios autonómicos. Los centros de salud y otros servicios sanitarios locales (personas mayores, ayuda a domicilio) deben contar con tecnologías y generadores de emergencia para garantizar la atención a los pacientes.

2. Planes de emergencia y protocolos municipales

La piedra angular de una gestión eficaz de emergencias reside en la existencia de planes de emergencia municipales actualizados y detallados. Estos documentos, que deben ser de público conocimiento, establecen los procedimientos de actuación ante diversas situaciones de riesgo, incluyendo, por supuesto, los fallos en el suministro de servicios esenciales como la electricidad. Ante la interrupción del suministro eléctrico, numerosos municipios activaron sus planes territoriales de emergencia. Por ejemplo, la Región de Murcia activó el Plan Territorial de Emergencias (PLATEMUR) en nivel 1, movilizando recursos y recomendando precaución a la ciudadanía, especialmente a personas dependientes de equipos eléctricos. En otras CCAA, como Andalucía y Extremadura, se declaró la situación operativa 0 tras salir del nivel 3 de emergencia. Los ayuntamientos están especialmente implicados en la puesta en marcha de estas medidas de emergencia y atención a las personas.

Los planes de emergencia municipales son herramientas clave para garantizar una respuesta coordinada ante situaciones críticas. En España, la citada Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, establece que los ayuntamientos deben contar con planes de actuación municipal frente a riesgos específicos, como inundaciones, incendios o, en este caso, fallos en el suministro eléctrico. Estos planes deben incluir:

– Identificación de riesgos. Conlleva un análisis exhaustivo de las posibles amenazas que pueden afectar al municipio, evaluando su probabilidad e impacto. En el contexto del apagón de 2025, los municipios debieron prever los impactos de la interrupción del suministro eléctrico en infraestructuras críticas, como hospitales, residencias de ancianos y sistemas de transporte.

– Definición de roles y responsabilidades. Supone la asignación clara de las funciones de cada departamento, así como la protocolización de la intervención que se espera de los diferentes servicios implicados (policía local, protección civil, servicios sociales, etc.).

– Protocolos de actuación. Es el establecimiento de los pasos a seguir ante cada tipo de emergencia, incluyendo la comunicación a la ciudadanía, la activación de recursos y la coordinación con otras administraciones. En este caso, la activación de planes de emergencia, como el nivel 2 del Plan Municipal de Emergencia de Madrid, permitió coordinar recursos locales y priorizar la atención a colectivos vulnerables.

– Medios y recursos disponibles. Deberíamos disponer de un inventario actualizado de los recursos humanos y materiales con los que cuenta el ayuntamiento para hacer frente a las emergencias.

– Mecanismos de coordinación. Son los procedimientos para asegurar la colaboración efectiva entre los diferentes servicios municipales y con entidades externas (empresas suministradoras, servicios sanitarios, etc.). La colaboración del servicio de protección civil con la Protección Civil autonómica y nacional fue esencial. Por ejemplo, la Xunta de Galicia activó el Plan de Emergencia de Galicia a nivel 1 para coordinar con los ayuntamientos gallegos.

Una vez más, una situación de emergencia evidenció la necesidad de actualizar estos planes para incorporar riesgos asociados a la dependencia de la red eléctrica, especialmente en un contexto de transición energética y aumento de la interconexión de las redes europeas. En el caso del reciente apagón, cabría preguntarse si el plan de emergencia municipal contemplaba un escenario de estas características y si los protocolos establecidos se activaron de manera eficiente. ¿Se dispuso de canales de comunicación claros y rápidos para informar a los vecinos sobre la situación y las medidas a adoptar? ¿Se activaron los mecanismos de coordinación con la empresa suministradora para conocer el alcance y la previsión de restablecimiento del servicio?

3. La respuesta sobre el terreno: actuaciones de la policía local, protección civil y servicios sociales

Es uno de nuestros puntos fuertes. El corte de suministro eléctrico generó un impacto inmediato en la seguridad ciudadana y el bienestar de la población, lo que requirió una respuesta rápida de los servicios municipales. Los cuerpos de seguridad y emergencias desempeñaron un papel crucial durante el apagón. En Andalucía, el 112 atendió 6.429 incidencias, incluyendo asistencias sanitarias, seguridad ciudadana, incidencias de tráfico y rescates. La interrupción de los semáforos provocó caos en el tráfico de ciudades como Madrid, Barcelona y Lisboa. La Policía Local, junto con voluntarios, asumió el control manual de los cruces, mientras que en Madrid se cerraron túneles como los de la Calle 30 para evitar accidentes. Además, se incrementó la presencia policial para atender emergencias, como el rescate de personas atrapadas en ascensores, con 174 intervenciones solo en Madrid. En cuanto a los servicios de Protección Civil, estos desempeñaron un papel crucial en la coordinación de recursos y la asistencia a la población. En Portugal, la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil activó sistemas de respaldo y apoyó a la policía en la evacuación de vagones del metro de Lisboa. En España, los municipios colaboraron con Protección Civil para distribuir agua, alimentos y mantas en zonas gravemente afectadas, como Valencia. En Barcelona, se habilitaron polideportivos con alimentos, mantas y conexiones eléctricas para los afectados, mientras que en Madrid se abrió el Movistar Arena como refugio. Por su parte, los servicios sociales municipales se centraron en atender a colectivos vulnerables, como personas mayores o dependientes de dispositivos médicos, como máquinas de oxígeno. En Cantabria, el consejero de Sanidad pidió a la ciudadanía que utilizara el 112 solo para emergencias reales, garantizando que la situación sanitaria estaba bajo control. Los ayuntamientos también organizaron puntos de atención para informar y asistir a la población, especialmente en zonas donde las comunicaciones móviles fallaron.

A nivel teórico, en una situación de emergencia, la actuación individual y sobre todo coordinada de la Policía Local, protección civil y servicios sociales resulta fundamental para garantizar la seguridad, el bienestar e incluso la tranquilidad de la población. En resumen:

– Policía Local. Desempeña un papel crucial en el mantenimiento del orden público, la gestión del tráfico (especialmente ante la posible inoperatividad de semáforos), la protección de infraestructuras críticas y la colaboración en la evacuación de personas si fuera necesario.

– Protección civil. Actúa como el principal brazo operativo en la gestión de la emergencia, coordinando las acciones de los voluntarios, prestando asistencia a las personas afectadas, estableciendo albergues provisionales si fuera necesario y colaborando en el restablecimiento de los servicios básicos.

– Servicios sociales. Su labor se centra en la atención a las personas más vulnerables, identificando sus necesidades, proporcionando alimentos, abrigo y apoyo psicosocial. En un corte de suministro eléctrico prolongado, la atención a personas dependientes, mayores o con problemas de salud se vuelve prioritaria.

Pese al buen trabajo realizado, consideramos importante analizar cómo se coordinaron estos servicios durante el apagón. ¿Se activaron los dispositivos de atención a personas vulnerables? ¿Dispusimos de información clara sobre los recursos disponibles para la ciudadanía? ¿Se garantizó la seguridad en las calles ante la posible falta de iluminación?

4. Los plazos administrativos en la Orden PJC/414/2025: ¿suspensión o continuidad?

Una vez más, el Gobierno aprobó una norma en relación a los plazos, en este caso la Orden PJC/414/2025, de 30 de abril, por la que se determina la aplicación de la ampliación de términos y plazos administrativos como consecuencia de la interrupción generalizada del suministro eléctrico acaecida el 28 de abril de 2025. Esta medida busca garantizar la igualdad en el tratamiento de las situaciones derivadas del apagón.

Aunque durase tan solo unas horas, el apagón tuvo un impacto significativo en los plazos administrativos, afectando trámites municipales esenciales, como los procedimientos sancionadores o tributarios. En este sentido, la Orden establece medidas excepcionales para mitigar estos efectos:

– Suspensión de plazos. La norma permite suspender temporalmente los plazos administrativos en los municipios afectados, garantizando que los ciudadanos no se vean perjudicados por la imposibilidad de cumplir con trámites durante el apagón, de acuerdo con el art. 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común -LPACAP-.

– Prórroga automática. Los ayuntamientos deben notificar a los ciudadanos las nuevas fechas u horas de vencimiento una vez restablecido el suministro eléctrico. Esta disposición busca proteger los derechos de los administrados, especialmente en procedimientos con plazos breves o a punto de finalizar.

La implementación de estas medidas requiere una comunicación clara por parte de los ayuntamientos, utilizando canales alternativos, como anuncios en la prensa local o, inevitablemente, los tradicionales tablones físicos, dado que las plataformas electrónicas quedaron inoperativas durante el apagón.

Más allá de la citada Orden, cabe interpretar el contexto dentro de las previsiones generales del ordenamiento jurídico, especialmente de la normativa sobre plazos y procedimientos. Un corte de suministro eléctrico generalizado podría considerarse una circunstancia excepcional que justifique la suspensión o ampliación de los plazos administrativos y judiciales para los ciudadanos y para las propias administraciones locales, incluso más allá de un día, lo cual sería razonable a pesar de que la duración de la crisis no superara las diez horas. Pero resulta crucial que los ayuntamientos interpreten y apliquen correctamente esta orden, informando debidamente a los ciudadanos sobre la posible suspensión de plazos para la presentación de documentos, la realización de trámites o la respuesta a requerimientos. La transparencia en este aspecto evita la generación de incertidumbre y posibles perjuicios a las personas.

5. Jornada laboral: derechos de los empleados municipales versus garantía de la operatividad de los servicios

La interrupción eléctrica afectó al funcionamiento de las administraciones públicas, incluyendo la jornada laboral de los empleados municipales. Aunque en este caso no se han detallado medidas específicas en este ámbito, sería interesante tener previstas normas o disposiciones para flexibilizar y organizar horarios sin dejar de garantizar la continuidad de los servicios esenciales ante este tipo de situaciones excepcionales. A saber:

– Suspensión de la jornada laboral. En muchas localidades, las oficinas municipales cerraron debido a la falta de electricidad, afectando servicios administrativos y de atención al público. Al contrario que en otras crisis, en este caso el personal de oficina no podía teletrabajar. Los servicios jurídicos o de recursos humanos deben interpretar los arts. 47 y ss TREBEP, así como el resto de normativa aplicable, para justificar estas ausencias por haberse producido una causa de fuerza mayor. En principio, el cómputo de la jornada perdida debe recuperarse.

– Permisos previamente concedidos. Los empleados públicos con permisos previamente concedidos no se vieron afectados, pero los ayuntamientos priorizaron la presencia de personal en servicios esenciales, como policía, bomberos y servicios sociales, por lo que, una vez más, una crisis provocó el efecto “llamada a filas”.

– Turnos extraordinarios. En municipios como Madrid, los servicios de emergencia duplicaron turnos para garantizar la cobertura durante la crisis, lo que plantea problemas de encaje de las jornadas y algún posible conflicto en materia de conciliación y compensación para los propios empleados.

Estas y otras medidas nos recuerdan la necesidad de protocolos específicos para la gestión del personal en situaciones de emergencia, incluyendo planes de contingencia para garantizar la continuidad de los servicios esenciales. Lo más importante es este caso es ser capaces de organizar rápidamente los recursos humanos necesarios, equilibrando las necesidades de servicio público con los derechos de los empleados. Los servicios esenciales tienen prioridad, al menos durante unas horas. Una situación de emergencia puede requerir la movilización de personal municipal fuera de su horario habitual. Los planes de emergencia también pueden contemplar mecanismos para garantizar la disponibilidad de los empleados públicos esenciales, así como los criterios para la activación de permisos especiales o la modificación de la jornada laboral.

En todo caso, entendemos que es fundamental que exista una regulación clara sobre cómo se retribuirán estas horas extraordinarias (o quizá “servicios extraordinarios”) y cómo se compensará el esfuerzo adicional de los empleados públicos que deben estar al pie del cañón en momentos de crisis. Asimismo, se debe garantizar la seguridad y la salud laboral de estos trabajadores.

6. Instalaciones municipales

Tradicionalmente, las instalaciones municipales han acabado siendo los centros neurálgicos improvisados ante las crisis, algo así como la localización visible de la respuesta institucional. Los propios edificios de los ayuntamientos, así como los centros cívicos, polideportivos o bibliotecas, pueden desempeñar un papel crucial durante una emergencia. Resulta esencial que estos edificios cuenten con planes de contingencia energética (grupos electrógenos, sistemas de alimentación ininterrumpida) para garantizar su operatividad como centros de coordinación, información o albergue provisional.

Por otra parte, las instalaciones municipales que deberían estar más operativas en estos casos, como los centros de salud, las comisarías de la policía local y aquellas en las que se ubican los servicios sociales, obviamente se vieron afectadas por el apagón. En algunos casos, se activaron generadores de emergencia para mantener el funcionamiento de los servicios esenciales. Valga el ejemplo, aunque no se trate de un servicio municipal pero sí absolutamente esencial, de hospitales como el Ramón y Cajal de Madrid, se mantuvo la actividad urgente gracias a generadores, mientras que lógicamente las operaciones programadas fueron suspendidas o reprogramadas.

Ante la alta probabilidad de que algo así pudiera volver a ocurrir, abogamos por la previsión y la inversión en lo que podríamos llamar la resiliencia y preparación de los edificios municipales ante antes contingencias. El 28 de abril, algunas instalaciones municipales como centros culturales, polideportivos y edificios administrativos, se vieron gravemente afectadas por el apagón. Este evento puso de relieve la importancia de contar con sistemas de respaldo energético:

– Generadores de emergencia. El mejor ejemplo son los citados hospitales y centros de salud que recurrieron a generadores diésel, pero muchas otras instalaciones carecían de estos sistemas. Por ejemplo, las estaciones de metro de Bilbao solo podían iluminar sus instalaciones, pero no operar trenes, debido a la falta de energía suficiente.

– Digitalización y dependencia eléctrica de la administración electrónica. La interrupción de servicios electrónicos, como las sedes electrónicas y otros portales de servicios telemáticos, evidenció la vulnerabilidad de algunos proyectos de digitalización administrativa. Los ayuntamientos deben invertir en soluciones de respaldo, como servidores locales o sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI).

– Espacios de refugio. Algunos municipios habilitaron instalaciones municipales, especialmente polideportivos, como puntos de refugio para ciudadanos sin acceso a electricidad o calefacción, demostrando la importancia de la multifuncionalidad de estas infraestructuras.

7. Información y comunicación a la ciudadanía

Es habitual en nuestro discurso abogar por la profesionalización del servicio de comunicación de los ayuntamientos, importantísimos en la gestión de las crisis. En una situación de incertidumbre, la información clara, concisa y constante es fundamental para mantener la calma y evitar la propagación de rumores. Los ayuntamientos deben tener protocolos robustos. Destacamos tres aspectos:

– Canales de comunicación de emergencia. Identificación y preparación de canales alternativos a los habituales (megafonía, redes sociales gestionadas por equipos de emergencia, emisoras de radio locales) para informar sobre la situación, las medidas de seguridad y los recursos disponibles.

– Información accesible. Garantizar que la información llegue a todos los ciudadanos, incluyendo aquellos con dificultades de acceso a la tecnología o con necesidades especiales.

– Transparencia. Ser transparentes sobre las causas del incidente, la duración estimada y las acciones que se están llevando a cabo para restablecer la normalidad.

8. Colaboración interadministrativa

Un apagón de gran magnitud puede requerir la colaboración con otras entidades, y no solo públicas: administraciones (fundamentalmente la autonómica y la estatal), cuerpos específicos con funciones de emergencia (UME, FCSE, bomberos), empresas concesionarias y suministradoras, etc. Y todo ello sin perjuicio de la siempre valiosísima colaboración ciudadana. Los ayuntamientos deben tener definidos los canales de comunicación y los protocolos de coordinación con todos los actores implicados en relación a los siguientes aspectos:

– Solicitud de recursos adicionales. En caso de que los recursos municipales sean insuficientes, deben activarse los mecanismos para solicitar ayuda a otras administraciones.

– Intercambio de información. Debemos compartir datos e información relevantes sobre la situación y las necesidades con otras entidades implicadas. Una vez más apelamos al principio de interoperabilidad.

– Coordinación de acciones. Es importante asegurar que las actuaciones de los diferentes organismos sean coherentes y complementarias.

Por último, recordemos que los ayuntamientos disponemos de la Junta Local de Seguridad, donde se pueden compartir datos e informaciones y, a partir de los mismos, elaborar estrategias. Las Juntas Locales de Seguridad son órganos colegiados creados para facilitar la cooperación y la coordinación, en el ámbito territorial del municipio, de las Administraciones Públicas en materia de seguridad, asegurando de forma específica la cooperación y la coordinación operativa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que intervienen en el término municipal (art. 2 del RD 1087/2010, de 3 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que regula las Juntas Locales de Seguridad).

9. Aspectos legales y posible responsabilidad patrimonial

Un evento como un apagón generalizado puede plantear cuestiones legales y de responsabilidad patrimonial para el ayuntamiento, especialmente si del suceso se derivan daños o perjuicios a los ciudadanos. Es importante tener en cuenta:

– Obligación de garantizar los servicios públicos. Los ayuntamientos tienen la obligación legal de garantizar la prestación de los servicios públicos, especialmente los esenciales. Un fallo en el suministro puede generar reclamaciones por responsabilidad patrimonial si se demuestra una falta de diligencia o una mala gestión de la situación. Cierto es que el art. 106.2 excluye los casos de fuerza mayor, pero este principio no excluye a su vez la obligación de actuar con la debida diligencia y proactividad a la hora de gestionar la crisis y recuperar de la manera más rápida el buen funcionamiento de los servicios, máxime cuando algunos de estos servicios no dependen de la electricidad.

– Marco normativo. Ya tenemos experiencia en “vigilar el BOE”, así como las fuentes habituales donde se va publicando y actualizando la normativa europea, estatal y autonómica relativa al suceso. Por supuesto, también debemos conocer la legislación vigente en materia de protección civil, emergencias y responsabilidad de las administraciones públicas.

– Seguros y coberturas. Sugerimos revisar las pólizas de seguros municipales contratados para cubrir posibles daños derivados de situaciones de emergencia.

10. Análisis post-crisis y mejora continua

Una vez superada la emergencia, es crucial realizar un análisis exhaustivo de la gestión realizada para identificar nuestros puntos fuertes y débiles. Este análisis debe servir para:

– Actualizar los planes de emergencia. Debemos incorporar las lecciones aprendidas y mejorar los protocolos existentes.

– Invertir en resiliencia. Es necesario reforzar las infraestructuras críticas y adquirir equipos de emergencia adicionales si fuera necesario.

– Realizar simulacros. Parece buena idea organizar simulacros periódicos para poner a prueba los planes de emergencia y mejorar la coordinación entre los diferentes servicios.

11. Una guía rápida

Siguiendo un orden cronológico y práctico, y más allá de este suceso concreto, pensamos que las principales áreas de actuación municipal en las situaciones catastróficas, son:

– “El minuto uno”. Evaluación inmediata de daños y activación de planes de emergencia.

– Actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Coordinación con cuerpos de seguridad y protección civil para garantizar la seguridad ciudadana.

– Contratación de emergencia. Aplicación de procedimientos de contratación de emergencia para atender necesidades urgentes.

– Suspensión de servicios y otros contratos. En su caso, gestión de la suspensión o modificación de servicios afectados por la catástrofe, sobre todo si afectan a la prestación de los servicios públicos esenciales.

– Jornada laboral y, si fuera posible, teletrabajo de los empleados públicos. Más allá de la imposibilidad en este caso (por razones obvias), seguimos apostando por la implementación del teletrabajo para garantizar la continuidad administrativa en una situación de crisis.

– Suspensión versus continuación de los procedimientos. Con la normativa en la mano, pero sobre todo interpretándola a favor de la ciudadanía, deben tomarse decisiones sobre la suspensión o continuidad de procedimientos administrativos en curso.

– Administración preventiva y “proactiva”. Es importante que la administración que anticipe y responda eficazmente a las necesidades ciudadanas.

– Ayudas, beneficios fiscales e indemnizaciones. Establecimiento de ayudas económicas y beneficios fiscales para los afectados. Admitir, si procede, las demandas de responsabilidad patrimonial.

– La vuelta a la normalidad. Planificación y ejecución de acciones para el restablecimiento de la normalidad.

– Hacerse la pregunta “¿podemos evitar que algo así vuelva a ocurrir?”. Reflexión sobre la necesidad de planificación y resiliencia para prevenir futuras catástrofes.

IV. ¿Cómo vamos a implantar la IA en los servicios públicos municipales sin energía?

En el presente artículo estamos hablando de las actuaciones municipales en la situación de emergencia producida por un corte de suministro eléctrico, pero lo cierto es que muchas de ellas dependen de que se haya restablecido dicho suministro. Nuestra dependencia de la electricidad es extrema. De repente se desmoronan años y años de administración electrónica, transformación digital, Smart City y Open Data, porque nos percatamos que todo este increíble avance se encuentra en la cuerda floja. Y este baño de realidad nos coge en plena implantación de la IA, la fase siguiente a todas las citadas, una tecnología que ya se ha convertido en un pilar de la modernidad, prometiendo revolucionar desde la medicina hasta la educación y la economía. No sabemos si es una promesa que podrá cumplir, al menos en algunos países, ya que su aparente omnipotencia oculta una vulnerabilidad fundamental: su dependencia absoluta de la electricidad y las telecomunicaciones. Más allá de esto, la IA consume cantidades de energía sin precedentes, superando con creces a cualquier tecnología anterior. En un contexto donde el suministro eléctrico puede colapsar durante horas, como ocurre en algunos países poco preparados para las nuevas tendencias de consumo energético, y donde los fallos estructurales del sistema quedan, como ayer quedaron, al descubierto, la IA se revela como un gigante con pies de barro. No hay inteligencia sin resiliencia.

Pero la culpa no la tiene el voraz apetito energético de la IA, una tecnología que cuesta millones incluso para contestar a nuestra innecesaria amabilidad diciendo «gracias» en nuestra interacción con un modelo de lenguaje. En efecto, el auge de la IA, impulsado por modelos de aprendizaje profundo y centros de datos masivos, ha disparado el consumo energético global. Entrenar un solo modelo de lenguaje de gran escala, como los que sustentan a herramientas como ChatGPT, Gemini o Grok, puede generar emisiones de carbono equivalentes a las de un vuelo transatlántico. Según un estudio de la Agencia Internacional de Energía, los centros de datos, que son el corazón de la IA, consumieron aproximadamente el 2% de la electricidad mundial en 2022, una cifra que podría duplicarse para 2030 si la tendencia continúa. A esto se suma el enfriamiento necesario para evitar el sobrecalentamiento de los servidores, lo que incrementa aún más la demanda energética.

En países con infraestructuras energéticas robustas, este consumo puede ser absorbido, aunque no sin críticas por su impacto ambiental. Sin embargo, en regiones donde el suministro eléctrico es inestable, la IA enfrenta un obstáculo insalvable. Un apagón de casi diez horas, como otros que han ocurrido y van a seguir ocurriendo en algunos países debido a fallos estructurales, no solo detiene los servidores, sino que también interrumpe las telecomunicaciones, cortando el acceso a internet y, por ende, a cualquier aplicación de IA basada en la nube. Sin electricidad, la IA no es más que un conjunto de chips inertes.

Debemos empezar a tomar conciencia de este punto débil: la fragilidad de la dependencia tecnológica. La IA no opera en el vacío. Su funcionamiento depende de una red interconectada de infraestructuras: redes eléctricas, cables de fibra óptica, torres de telecomunicaciones y satélites. Un solo fallo en esta cadena puede paralizarla. En países con sistemas eléctricos obsoletos o mal mantenidos, los apagones prolongados no son una excepción, sino una norma. Estos eventos exponen las grietas de un sistema que no fue diseñado para soportar la carga de tecnologías tan demandantes. No es un ejemplo aislado. En regiones del mundo afectadas por desastres naturales o crisis económicas, los cortes de energía y las caídas de las telecomunicaciones son comunes. En tales escenarios, la IA, lejos de ser una solución, se convierte en un lujo inalcanzable. Mientras tanto, tecnologías más simples, como las radios de batería o los sistemas analógicos, demuestran una resiliencia que la IA no puede igualar. Este contraste pone en evidencia una verdad incómoda: la sofisticación tecnológica no garantiza la robustez.

Hablemos de inteligencia, sí, pero también de resiliencia. Es la clave para una inteligencia sostenible. La palabra sostenible debe pasar de los discursos a la práctica, junto con la propia resiliencia, financiada desde hace años con muchos millones por la UE. ¿En qué se ha invertido ese dinero?

En todo caso, entiéndase que la resiliencia no es solo una cuestión de infraestructura; es una filosofía que debería guiar el desarrollo de la IA. Para que la IA sea verdaderamente transformadora, debe diseñarse con la capacidad de operar en entornos adversos. Esto implica planificar de forma excelente el difícil proceso de transición energética, explorando soluciones como:

– Eficiencia energética: desarrollar algoritmos y hardware que consuman menos energía sin sacrificar rendimiento. Investigaciones recientes en computación neuromórfica, que imita el funcionamiento del cerebro humano, sugieren que es posible reducir drásticamente el consumo energético de la IA.

– Sistemas descentralizados: en lugar de depender de grandes centros de datos, la IA podría operar en redes distribuidas o dispositivos locales con capacidad de procesamiento autónomo. Esto reduciría la vulnerabilidad ante cortes de energía o fallos en las telecomunicaciones.

– Fuentes de energía renovable (con un matiz): integrar la IA con sistemas de energía solar, eólica o baterías de almacenamiento podría garantizar su funcionamiento en regiones con redes eléctricas inestables. Eso sí, planificando una transición inteligente y la convivencia de las energías tradicionales con las renovables.

– Diseño adaptativo: crear modelos de IA capaces de ajustarse a recursos limitados, funcionando en modo de baja potencia o priorizando tareas críticas durante interrupciones.

Pese a todo, la IA por supuesto sigue emergiendo como una fuerza transformadora, y está llamada a revolucionar industrias, optimizar procesos y desvelar nuevos horizontes de conocimiento. Sin embargo, hemos podido comprobar cómo este brillante futuro se asienta sobre una base sorprendentemente frágil: su dependencia absoluta de la electricidad y las telecomunicaciones. No es una afirmación baladí, sino una verdad fundamental que a menudo se soslaya en el fervor de la innovación. Y es que la IA no es una entidad etérea; es un complejo entramado de algoritmos, datos y hardware que, como decimos, devora energía a un ritmo sin precedentes, superando con creces el consumo de cualquier tecnología anterior. Tenemos un problema de energía.

En este contexto, la reciente experiencia de un país (la península en realidad) sumido en la oscuridad durante largas horas, exponiendo las vulnerabilidades estructurales de su sistema de suministro energético, adquiere una relevancia crítica. Ante esta realidad palpable, la visión de una IA omnipresente y robusta se desvanece como un espejismo. ¿Cómo puede un monstruo tecnológico desplegar todo su potencial si sus cimientos energéticos son susceptibles a un colapso prolongado? La respuesta es clara: no puede.

La citada analogía del gigante con pies de barro resulta aquí dolorosamente precisa. La sofisticación de los modelos de aprendizaje automático, la ingente cantidad de datos procesados y la velocidad de las comunicaciones necesarias para su funcionamiento se tornan inútiles ante la ausencia de energía. Los centros de datos, verdaderos corazones de la IA, se convierten en moles inertes. Los algoritmos, por más avanzados que sean, quedan silenciados. La promesa de la automatización y la eficiencia se evapora en la oscuridad.

Este escenario no es una mera hipótesis apocalíptica. Los fallos en el suministro eléctrico y las interrupciones en las redes de telecomunicaciones son realidades que, aunque a menudo puntuales, pueden tener consecuencias significativas. Para una tecnología tan intrínsecamente ligada a estas infraestructuras, la vulnerabilidad se multiplica exponencialmente. No se trata solo de la pérdida de productividad durante el apagón, sino de la erosión de la confianza en la fiabilidad de la IA como pilar fundamental de la sociedad del futuro.

La aludida resiliencia, entendida como la capacidad de un sistema para resistir, recuperarse y adaptarse ante las perturbaciones, se erige como un factor indispensable para la verdadera madurez de la inteligencia artificial. No basta con desarrollar algoritmos cada vez más complejos y potentes si la infraestructura subyacente es susceptible a fallos sistémicos. Invertir en la robustez y la diversificación de las fuentes de energía, fortalecer las redes de telecomunicaciones y diseñar sistemas de IA capaces de operar en entornos con recursos limitados o intermitentes son pasos cruciales.

Actuemos. La descentralización de la computación, la exploración de fuentes de energía alternativas y la implementación de sistemas de respaldo redundantes no son solo medidas preventivas, sino inversiones estratégicas para garantizar la sostenibilidad y la confiabilidad de la IA a largo plazo. En un mundo cada vez más dependiente de esta tecnología, la falta de resiliencia no es solo un inconveniente, sino un riesgo sistémico con implicaciones económicas, sociales y hasta de seguridad.

El futuro debe aprender de esta fragilidad. La fascinante promesa y casi realidad de la IA debe ir de la mano de una reflexión profunda sobre su dependencia energética y de comunicaciones. La reciente experiencia de un país a oscuras sirve como un potente recordatorio de que la innovación tecnológica más puntera no puede florecer sobre cimientos inestables. No hay inteligencia artificial genuina sin una infraestructura resiliente que la sustente. Para que el aludido gigante de la IA despliegue todo su potencial, es imperativo fortalecer sus «pies de barro» y construir un futuro donde la inteligencia y la resiliencia avancen juntas, iluminando un camino de progreso sostenible y confiable. La IA tiene el potencial de resolver problemas complejos, pero su dependencia de sistemas frágiles la convierte en un coloso vulnerable. En un mundo donde los apagones, las crisis climáticas y las fallas estructurales son una realidad, la inteligencia artificial debe evolucionar hacia un modelo más resiliente. De lo contrario, seguirá siendo un lujo reservado para quienes cuentan con infraestructuras privilegiadas, dejando atrás a las regiones que más podrían beneficiarse de sus capacidades. Sin menospreciar ni un ápice el valor de los servicios no tecnológicos y de la atención “de persona a persona” (más allá de los chatbots), sin duda el futuro del servicio público pasa por la robustez las telecomunicaciones y, asegurada esta, por la introducción de la IA.

Pero la lección es clara: no hay inteligencia sin resiliencia. Para que la IA cumpla su expectativa de transformar el mundo, debe aprender a sostenerse sobre cimientos más sólidos que los actuales pies de barro. Solo entonces podrá ser una herramienta verdaderamente universal, capaz de brillar incluso en la oscuridad de un apagón. Antes: un proceso de transición energética complejo, pero que habrá que gestionar precisamente con inteligencia.

V. Conclusiones

El apagón del pasado 28 de abril de 2025, que dejó sin electricidad a gran parte de la península ibérica durante varias horas, ha servido como un recordatorio de la vulnerabilidad de las infraestructuras modernas y de la importancia de la preparación municipal en situaciones de emergencia. Los ayuntamientos, como administración más cercana al ciudadano, desempeñan un papel crucial en la gestión de crisis, desde la activación de planes de emergencia hasta la coordinación de servicios esenciales. Normas como la Orden PJC/414/2025 han proporcionado un marco legal para mitigar los impactos administrativos, pero la experiencia también subraya la necesidad de invertir en resiliencia energética, actualizar protocolos y garantizar la formación del personal municipal. En un mundo cada vez más interconectado y dependiente de la tecnología, los municipios deben liderar el camino hacia una gestión pública más robusta y adaptable, capaz de responder a los desafíos del siglo XXI. La prevención debe priorizarse sobre la mera reacción.

El suceso al que nos hemos referido, aunque calificado como “excepcional y extraordinario” por Red Eléctrica, podría repetirse. Sugerimos estar lo mejor preparados que sea posible, porque vimos que el pasado apagón no solo paralizó el transporte público, los cajeros automáticos y las comunicaciones, sino que también desafió la capacidad de respuesta de los ayuntamientos. El suceso nos invita a reflexionar sobre la resiliencia de nuestras infraestructuras municipales y la necesidad de invertir en sistemas que aseguren su funcionamiento incluso en situaciones adversas. Y es que, como siempre, la crisis representa una oportunidad invaluable para analizar la eficacia de nuestros planes de emergencia municipales y para identificar áreas de mejora. La revisión y actualización de protocolos, la inversión en recursos y la mejora de la coordinación entre los diferentes agentes son pasos esenciales para fortalecer la capacidad de respuesta de nuestros ayuntamientos ante futuras emergencias. La transparencia, la información a la ciudadanía y la garantía de los derechos de los administrados deben ser principios rectores en la gestión de estas situaciones excepcionales.

Este suceso ¿impensable? ha evidenciado la importancia de contar con planes de emergencia actualizados y efectivos a nivel municipal, así como la necesidad de coordinación entre las distintas administraciones para garantizar una respuesta rápida y eficiente ante situaciones de crisis.

Pero, sobre todo, el apagón ha revelado con crudeza una realidad incómoda: la fragilidad de nuestras infraestructuras tecnológicas en una sociedad que de forma ingenua y vanidosa presume de estar digitalmente avanzada. Semáforos apagados, trenes detenidos, redes de comunicación caídas, servicios administrativos paralizados… Todo colapsó en cuestión de minutos, y con ello, se desmoronó momentáneamente la ilusión de control que rodea a nuestras ciudades ¿inteligentes? Ahora de repente recordamos que la tecnología funciona con electricidad. Y yo recuerdo aquel chiste en el que están hablando, de forma metafórica, algunas plataformas y tecnologías entre sí:

– Wikipedia: “Yo lo sé todo”.

– Google: “Yo lo tengo todo”.

– Facebook: “Yo conozco a todos”.

– Internet: “Sin mí, no son nada”.

– Electricidad: “Je, je, je…”.

Quizá nuestra “administración electrónica” es demasiado electrónica. Ahora, ya en pleno auge de la Inteligencia Artificial (IA), la automatización de tareas y los servicios digitales de última generación, este suceso ha servido como inquietante recordatorio de que toda esta innovación depende absolutamente de una base muy tangible: la energía eléctrica y la conectividad. Sin electricidad no hay datos, no hay procesamiento, no hay algoritmos funcionando ni decisiones automatizadas. Sin electricidad no hay nada, salvo que renunciemos al modelo propio del mundo moderno, un debate interesante y que no podemos abordar en esta ocasión.

Esta vulnerabilidad no es solo técnica, sino también estratégica, incluso psicológica. A medida que delegamos cada vez más decisiones y procesos en sistemas complejos interconectados, la sociedad se vuelve vulnerable y queda más expuesta a disrupciones imprevistas. Una avería, un fenómeno natural o una simple sobrecarga pueden desencadenar efectos en cadena que paralizan no solo el innecesario WhatsApp, que es lo que parece importarle a la gente, sino la mayoría de los servicios esenciales. En el apagón del 28 de abril, las islas Baleares y Canarias, gracias a su red eléctrica independiente, no sufrieron el corte, lo que evidencia la importancia de modelos descentralizados y resilientes en el diseño de infraestructuras críticas.

Más allá del susto puntual, el episodio obliga a repensar la forma en que planificamos nuestras políticas tecnológicas. No basta con incorporar IA o digitalizar servicios públicos si no se garantiza antes la estabilidad de los sistemas que la sostienen. La sostenibilidad energética, la ciberseguridad, la redundancia operativa y la preparación ante contingencias deben formar parte de cualquier hoja de ruta tecnológica.

Además, el incidente pone sobre la mesa una cuestión más profunda: la confianza ciudadana. Cuando los servicios fallan, incluso por causas excepcionales, la población experimenta una sensación de desprotección que erosiona la credibilidad de las instituciones y los avances prometidos. La modernidad tecnológica debe ir acompañada de una filosofía que podríamos llamar “de la robustez”: si algo puede fallar, debe estar previsto; si algo es imprescindible, debe poder mantenerse y seguir funcionando en condiciones adversas. La propia IA puede ayudar mucho a elaborar planes de contingencias.

En conclusión, el apagón del 28 de abril de 2025 evidenció la importancia de una gestión local eficaz y ética ante catástrofes naturales. Los ayuntamientos desempeñaron un papel crucial en la respuesta a la crisis, demostrando la necesidad de fortalecer la resiliencia institucional y la preparación para futuras emergencias. Lo cierto es que el apagón del 28 de abril no solo oscureció nuestras calles, sino también muchas certezas. No habrá IA ni nueva tecnología posible si falla lo elemental. Quizá falle la propia inteligencia enfocada a la prevención, y no hablamos de la artificial. Es un hecho que todas las catástrofes nos cogen con los pantalones bajados. En un mundo que corre hacia la digitalización total, resulta más urgente que nunca detenerse a consolidar los cimientos de la sociedad moderna. Porque sin energía, sin infraestructuras robustas, sin previsión, sin “plan B”, la innovación no es más que una promesa vacía. Quizá siempre lo fue. Menuda decepción.