El Ministro de Justicia, Félix Bolaños, habla del «mayor avance en transformación digital de la historia de la Justicia» y que «se traducirá en una mejora del servicio público a la ciudadanía».
Este martes el Consejo de Ministros ha dado luz verde a un paquete de medidas urgentes para garantizar la digitalización inminente de la Administración de Justicia. La principal novedad se traducirá en un impulso a las vistas telemáticas, que pasarán a ser la norma, y en la digitalización de los expedientes judiciales, para ahorrar costes y agilizar los procesos. Así lo ha dicho el Ministro de Justicia, Félix Bolaños, quien ha afirmado que abordarán el «mayor avance en transformación digital de la historia de la Justicia» y se traducirá «en una mejora del servicio público a la ciudadanía».
El Real Decreto-ley en cuestión, que servirá para desbloquear en plazo cuarto pago de los fondos Next Generation a España, por valor de 10.000 millones de euros, recoge un paquete de novedades en materia de digitalización y eficencia de la justicia. Entre las medidas anunciadas esta tarde destaca la creación de la Carpeta Justicia; la normalización de las vistas telemáticas o la consolidación del Expediente Judicial Electrónico, que reúne todos los documentos, trámites, actuaciones electrónicas o grabaciones que componen cada procedimiento judicial.
Las iniciativas aprobadas este martes estaban incluidas en dos normas tramitadas durante la anterior Legislatura, el Proyecto de Ley de medidas de eficiencia digital y el Proyecto de ley de medidas de eficiencia procesal, y fueron concebidas para dotar a la Administración de Justicia de herramientas con las que prestar un servicio mucho más eficiente y acorde a las necesidades actuales de ciudadanos y empresas.
En concreto, las medidas se articulan en dos grandes bloques:
- El primero de ellos tiene como objetivo adaptar la realidad judicial española al marco tecnológico y digital actual.
- El segundo bloque está orientado a la eficiencia procesal, con el objetivo de garantizar procedimientos más ágiles y de hacer frente al incremento de la litigiosidad.
Adaptación al marco tecnológico y digital
Dentro del primer bloque de medidas, cabe destacar el reconocimiento del derecho de la ciudadanía y de los profesionales a relacionarse con la Administración de Justicia por medios electrónicos. Esto se traduce en aplicaciones muy concretas, como la generalización de la celebración de vistas y actos procesales por vía telemática o la creación de la Carpeta Justicia, que permitirá a cualquier persona consultar los expedientes en los que es parte o interesada, así como pedir cita previa para ser atendida.
También se impulsa el Expediente Judicial Electrónico, que incluye todos los documentos, trámites, actuaciones electrónicas y grabaciones audiovisuales que forman parte de cada procedimiento judicial.
Además, se fortalece la interoperabilidad, mediante el intercambio de expedientes electrónicos tanto entre órganos judiciales o fiscales como entre la Administración de Justicia y el resto de Administraciones Públicas.
Las medidas incluidas en este RDL contribuirán, además, a un mejor diseño de las políticas públicas, gracias al análisis de los numerosos datos que genera la Administración de Justicia, debido a que la tramitación de expedientes dejará de estar orientada al documento y pasará a estar orientada al dato.
Eficiencia procesal
Respecto a las medidas destinadas a la eficiencia procesal, en el ámbito penal se generaliza la preferencia de la presencia telemática para la realización de actos procesales. Asimismo, en el ámbito contenciosoadministrativo, se dota a los juzgados y tribunales de herramientas para agilizar la tramitación y la resolución de pleitos. Y, en los ámbitos civil y laboral, se incorpora el “procedimiento testigo”, que agiliza en gran medida los procedimientos en los que se han presentado demandas idénticas con anterioridad.