El servicio universal de telecomunicaciones garantiza que toda la ciudadanía tenga acceso a internet y a servicios de voz en ubicaciones fijas, con independencia de su localización, a precios asequibles y con una calidad determinada.
No obstante, la Ley General de Telecomunicaciones de 2022 introdujo algunas novedades en el mismo, las cuales necesitan un desarrollo normativo que se ajuste a la evolución tecnológica, económica y competitiva del mercado.
Entre las novedades introducidas en la ley sobre la asequibilidad del servicio universal figura la obligación de las telecos de ofrecer a los consumidores con rentas bajas o «necesidades sociales especiales» tarifas o paquetes diferentes a las del mercado.
«Entre estas opciones o paquetes de tarifas deberán figurar un abono social para servicios de comunicaciones vocales que se presten a través de una conexión subyacente en una ubicación fija, un abono social para servicios de acceso a una internet de banda ancha que se presten a través de una conexión subyacente en una ubicación fija y un abono social que incluya de manera empaquetada ambos servicios», destaca el documento de la consulta pública, que permanecerá abierta hasta el próximo 3 de diciembre.
De este modo, el Gobierno busca recabar la opinión de operadores, ciudadanos y cualquier persona interesada sobre la obligatoriedad de que las telecos ofrezcan un «abono social» para telefonía fija, internet de banda ancha fijo o un paquete que incluya ambos servicios.
«La concreción de estas novedades y otras adicionales introducidas en el concepto del servicio universal de telecomunicaciones y su adaptación a las circunstancias de la realidad marcadas por la evolución social, económica y tecnológica y las condiciones de competencia en el mercado de las telecomunicaciones deben implicar un desarrollo normativo del concepto de servicio universal de telecomunicaciones», detalla el documento de la consulta.
En la actualidad, Telefónica –de la que el Estado posee un 10%– presta el servicio universal de telecomunicaciones después de que a comienzos de este año el Gobierno le asignase de forma directa esta tarea para 2025 y 2026 tras quedar desierta la licitación.
De hecho, la situación fue la misma que la de 2022, cuando el Ejecutivo también asignó de forma directa a Telefónica la prestación del servicio para 2023 y 2024 debido a que ninguna operadora se presentó a la licitación.