Según declaraciones efectuadas por Virginia Barcones, directora de Protección Civil, la ola de incendios actual que comenzó el 8 de agosto ha hecho ascender el número de hectáreas quemadas en España desde comienzos de año hasta las 413.841, en un total de 272 fuegos, según datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS, por sus siglas en inglés). A día de hoy sigue habiendo una docena de incendios activos.

Para encontrar un año con peores cifras habría que remontarse a 1994, cuando ardieron 437.602,50 hectáreas. Galicia y Castilla y León han sido las Comunidades más perjudicadas por los incendios forestales al acumular, entre el 3 y el 18 de agosto de 2025, el 85,3% de las hectáreas totales que han ardido en España. Lo que ha supuesto que 35.656 ciudadanos hayan tenido que dejar sus domicilios en estos incendios que se han generado, y se han registrado siete fallecidos por el momento.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han detenido a un total de 50 personas por los incendios forestales desde el comienzo del mes de junio, con dos arrestos en el último día, e investigan a 135 personas, según datos del Ministerio del Interior.

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Barcones se ha referido al gran volumen de recursos movilizados, entre otros, los aportados no solo por España, sino también los de la Unión Europea a través del Mecanismo Europeo de Respuesta a las emergencias en los últimos días para combatir los incendios que han aislado a las comunidades autónomas, principalmente de Extremadura, Castilla y León, Galicia y Asturias.

Como surgiera con la DANA valenciana, la gestión de incendios ha vuelto a enfrentar al Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE), con las Comunidades Autónomas de Galicia, Castilla-León, Madrid y Extremadura vinculadas al Partido Popular (PP) en un espectáculo lamentable que ha causado la indignación de los afectados.

Hay que trabajar en prevención

Fernando Benítez, fiscal delegado de Medioambiente en Málaga, recuerda como hace 15 años veía con preocupación aquellos incendios que se producían en Brasil, Canadá y otros países latinoamericanos. Hoy esa realidad lejana ya llegado a nuestro país. Cree que este 2025 ha sido el peor con diferencia en incendios de nuestros montes. “Ahora tenemos estos incendios y no son fáciles de extinguir sino cambian las condiciones meteorológicas. En este contexto, el mensaje fundamental es trabajar en prevención y ponerse en manos de los ingenieros forestales que deben tener una estabilidad laboral al igual que los propios bomberos forestales”.

Sobre estas personas detenidas subraya que “la inmensa mayoría de estos detenidos están sometidos a procedimiento judicial por imprudencia. No quedarán privados de libertad. Tendrán pena de prisión probablemente, pero suspendible, condicionada al abono de la responsabilidad civil. Otra cosa es que este delito de imprudencia si ha habido peligro para la vida de terceros genera el ingreso en prisión. Lo normal, salvo estas excepciones es que tenga una pena de prisión y se pueda suspender. En casos de incendios intencionados se puede enfrentar a 10 o a 20 años de prisión con facilidad en procesos largos que pueden durar años”.

Para este jurista “es fundamental contar en ese trabajo con técnicos competentes que marquen las pautas en esa labor preventiva”. Desde su punto de vista habría que ver la fórmula para que ese cumplimiento sea inexcusable en un asunto del que son competencias las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Se debe vigilar ese cumplimiento para evitar este tipo de catástrofes. A su juicio para las administradores incumplidoras se podría retirar una parte de subvenciones que reciben. “Hay que afrontar el problema desde la prevención, es la única solución en estos momentos”.

Benítez indica que este año se sabía que iba a ser un año complicado por las condiciones meteorológicas que se han dado. “La lluvia copiosa de primavera fue seguida por el calor intenso de junio, cada año las temperaturas se mantienen más elevadas. Todos estos factores han generado que los bosques fueran una gran masa de combustible vegetal seco y denso que cualquier chispa o circunstancia ha hecho que ardiera y se extendiera de forma incontrolable que es lo que se está sucediendo”.

Responsabilidad penal ayuntamientos

El problema adicional es que muchos de estos bosques en nuestro país no se han cuidado en invierno, lo que ha agravado el problema “donde se ha trabajado bien las consecuencias han sido menores en cuanto a la superficie quemada y donde no se ha hecho nada, ahí están los resultados”.

Fernando Benítez, fiscal delegado de Medioambiente en Málaga, cree que hay que trabajar mejor la prevención de esos incendios en invierno para evitar que los montes ardan como lo han hecho este mes de agosto. (Imagen: cesión propia)

Benítez, recuerda que en unas semanas ya habrá información de la acción pedida por el fiscal de Sala de Medioambiente, Antonio Vercher, para conocer si estos municipios afectados contaban con planes de prevención obligados por ley. para depurar alguna responsabilidad penal o administrativa ante la falta de dicho plan.

Fernando Benítez señala que ahora están llegando los primeros atestados policiales de los incendios: “Creo que la llamada responsabilidad penal por omisión es difícil concretarla en un delito que acción como es pegar fuego a un monte. Es algo complicado. Otra cuestión podría ser la responsabilidad civil si hay mucho perjudicados”. Según nos indica las estadísticas de la fiscalía están más centradas en el delito forestal. Según la Memoria de la Fiscalía del 2024, el 68% de los incendios fueron causados por imprudencia grave y el 23% por delito doloso o provocado por alguien. El 70% de los delincuentes incendiarios son imprudentes y no suelen reincidir”.

Como ciudadano, este jurista señala que “resulta desolador el enfrentamiento político generado por estos incendios cuando aún se siguen apagando y hay que gente que ha perdido su vida y otros sus viviendas y propiedades. Todo es descorazonador. Así no hacemos país ni damos soluciones. No se puede buscar rédito político de una situación incluso cuando se está viviendo auténticas tragedias”.

Benítez recuerda que un pirómano, realmente un enfermo mental adicto al fuego, nunca va a ser condenado, con lo cual cree poco acertada la medida planteada desde el PP de crear un registro con estas personas. Hace unos días, la psicóloga forense Ana Isabel Gutiérrez explicaba los rasgos de este colectivo en Economist & Jurist.

El Gobierno ofrece las primeras ayudas

Tal y como nos explicara en la DANA que asoló a varias capitales de provincia en noviembre del 2024, Alberto Dorrego, socio responsable del área de Derecho público de Eversheds Sutherland y presidente de la sección de Derecho administrativo del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), aclara algunos conceptos sobre la nueva declaración de zonas catastróficas en distintos municipios de España por los incendios registrados.

“El procedimiento es parecido. El Gobierno ha declarado zonas afectadas gravemente por emergencias de protección civil se extiende a 16 comunidades autónoma que han sufrido los 113 incendios forestales de este verano, a propuesta del Ministerio del Interior. Eso tiene una serie de efectos sobre los municipios que están dentro de estas zonas. Al final se producen ayudas directas por daños materiales y personales que están cuantificadas”.

Es el Real Decreto 307/2005 que regula las subvenciones y apoyos económicos derivados de determinadas situaciones de emergencia. Las cantidades son similares a las que se han entregado en la DANA de Valencia y con la erupción del vocal de La Palma. euros por daños estructurales y 5.160 euros máximo para aquello que no afecte al domicilio habitual.

Mientras que por la destrucción de enseres domésticos de primera necesidad las compensaciones, siempre según este Real Decreto, no podrán superar los 2.580 euros ni los 9.224 euros si los daños afectan a elementos comunes de una comunidad de vecinos .

“Esto es lo que señala la norma como base, luego en la regulación específica se puede mejorar. Son cifras que responden a parámetros estándar. Hay que darse cuenta que dichas ayudas se destinan a localidades que no tienen el mismo nivel de precio que un gran ciudad. Las ayudas las hay pera personas y empresas afectadas y otras para los ayuntamientos afectados porque deben acometer una serie de gastos, en obras de reconstrucción de bienes y servicios públicos, e incluso en patrimonios públicos”, comenta este jurista.

Dorrego recuerda que estas ayudas se suelen recibir entre tres y cuatro meses “se hace todo por procedimientos donde se pide la declaración responsable al afectado. Al final cuando ha pasado seis meses se suele haber recibido el 60% de las ayudas, no obstante, hay casos particulares que se atascan y que se prolongan en el tiempo”.

También recuerda que este tipo de ayudas estatales suele venir complementadas otras que las CC.AA. afectadas, en este caso Castilla-León, Galicia, Asturias, Extremadura y Madrid ya están empezando a dar. A su juicio, la disputa política no viene a cuento “porque lo realmente importante es ayudar a la gente afectada. La descoordinación ha sido evidente y se debe trabajar de otra forma para frenar este tipo de situaciones”.

Este jurista cree que queda claro que faltan medios para la conservación de nuestros bosques y que las CC.AA. deben incrementar esa partida en los próximos años viendo la catástrofe de este verano. “El monte no se limpia porque es muy costoso hacerlo. Antes esa labor la hacia la población asentada y la ganadería que existía, pero ahora son muchas zonas despobladas”.

A su juicio, habrá que ver la iniciativa del fiscal de sala Antonio Vercher si realmente nuestros ayuntamientos cuentan con planes de prevención contra incendios.

En esta ocasión hay hasta 6 ministerios implicados, que estudian medidas específicas dentro de un paquete amplio de apoyos económicos de diferente índole, que se concretará en los próximos días. Por ejemplo, los beneficios fiscales que se puedan derivar de la situación actual serán competencia del Ministerio de Hacienda, mientras que todo lo relacionado con materia laboral y de Seguridad Social se lo repartirán los departamentos de Trabajo e Inclusión.

Quejas de los consumidores

Sobre estas indemnizaciones ya se han producido las primeras reacciones. La Asociación Española de Consumidores considera vergonzosos los importes aprobados por el Gobierno para los afectados por los incendios. Muchos afectados muestran indignación sobre las indemnizaciones y se consideran maltratados por el Ejecutivo.

Miguel Ángel Ruiz, presidente de los consumidores españoles, muestra su preocupación por la escasa cuantía de estas para los afectados. (Imagen: cesión propia)

Desde esta entidad, su presidente Miguel Ángel Ruiz indica que es positivo que el Gobierno de España ha aprobado hoy en Consejo de Ministros las indemnizaciones y el Plan de Ayudas que, para los afectados, se considera vergonzoso por las cuantías aprobadas. Hay que tener en cuenta que son personas que lo han perdido todo.

Desde la Asociación Española de Consumidores “vemos positivo tanto el término temporal desde el que se activa (desde junio) como territorial (todas las Comunidades Autónomas menos el País Vasco) pero consideramos ridículas las cuantías económicas que se ofrecen a los afectados. Así, 18.000 euros por fallecimiento o incapacidad total y 15.120 euros por destrucción total de la vivienda son cuantías que para nada vendrían a satisfacer lo perdido por los afectados”, comenta su presidente.

“También nos resulta curioso que se diga que se van a eliminar las trabas burocráticas que es lo mismo que se dijo por las catástrofes del volcán de La Palma o la DANA del pasado año y hay aún afectados sin cobrar las indemnizaciones establecidas”, señala Miguel Ángel Ruiz.

Por ello, desde esta entidad reclaman a las comunidades autónomas que complementen estas ayudas en la cuantía económica suficiente y las circunstancias de estos incendios dada la falta de empatía y sensibilidad del Gobierno de España con respecto a los afectados.