Aprimera hora de la tarde, en un escueto comunicado, las cuatro asociaciones judiciales (Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente) fijaban su postura respecto al lawfare que se contempla en el acuerdo entre el PSOE y Junts, que cuestiona su independencia como juristas.
En dicho comunicado subrayan que “mostramos nuestro rechazo por las referencias al lawfare o judicialización de la política y sus consecuencias». El texto del acuerdo alcanzado contiene referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso pudieran dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas.
Para estas asociaciones este lawfare “supondría en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes”. Tambien recuerdan que “los jueces han de estar sometidos únicamente al imperio de la ley, puesto que así lo establece expresamente el artículo 117.1 de la Constitución. Estas expresiones, en cuanto traslucen alguna desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial, no son aceptables». Por ultimo indican que “ el Poder Judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta”.
Mientras tanto, el resto de operadores jurídicos estudian ese documento y todo su contenido y algunas entidades como el Colegio de Abogados de Madrid se reunirá esta tarde para analizar su contenido y emitir una declaración institucional. El CGAE espera al próximo pleno para abordar la cuestión, pero descartan pronunciamientos en estos momentos. Los próximos días serán claves para digerir el contenido del acuerdo.
Jueces y fiscales en el ojo del huracán
En el lado de los juristas implicados, jueces y fiscales especialmente, se ha pasado de la indignación al enfado al conocer el documento en su totalidad. En las redes sociales se recogen testimonios de algunos de estos jueces. Es el caso de @MagistraThor, juez de prestigio quien en un post en la red X no deja de reconocer que
“Hoy es el día mas triste de toda mi vida profesional. Jamás pensé que se asumiría el concepto del “lawfare” por un partido socialista europeo. Con ese concepto se depuraron a muchos jueces en Venezuela, hoy en su casa, en la cárcel o en el exilio. Escribo este post, y no me importa decirlo, con lagrimas en los ojos”.
Nuevo comunicado del CGPJ
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial también se ha pronunciado en el mismo sentido: “Ante las inadmisibles referencias, que lo son tanto semántica como sustantivamente, al ‘lawfare’ -judicialización de la política- contenidas en el acuerdo suscrito entre el PSOE y Junts con la finalidad de facilitar la investidura y, especialmente, frente al anuncio de la eventual constitución de comisiones parlamentarias de investigación que puedan llegar a determinar lo que ambiguamente se denominan “responsabilidades” derivadas, precisamente, de advertirse situaciones de ‘lawfare’, nos hacemos eco y compartimos el frontal rechazo a tales iniciativas, en línea con lo ya manifestado por la totalidad de las asociaciones judiciales.
Tal repudio se funda, de manera muy justificada, en la evidencia de que ello implica potencialmente someter a revisión parlamentaria decisiones enmarcadas en la exclusividad del ámbito competencial de nuestros Tribunales que, por otro lado, entendemos se produjeron de forma plenamente acorde con la legalidad entonces enjuiciada. Por todo ello, la iniciativa apuntada implicaría una inadmisible injerencia en la independencia judicial y un flagrante atentado a la separación de poderes. La continuidad de tal iniciativa parlamentaria, de llegar a materializarse, determinaría nuestra más frontal oposición a través de los cauces legalmente establecidos.
Paralelamente hemos de expresar nuestro apoyo real y no meramente nominal a todos los órganos del Poder Judicial con ocasión de las futuras actuaciones que puedan llevar a cabo en el marco de la legalidad en cada momento, vigente garantía última de los derechos y libertades de todos nuestros ciudadanos”, manifiestan.
El comunicado ha sido aprobado con los votos a favor del presidente del CGPJ, p.s., Vicente Guilarte; y de las vocales Roser Bach, Mar Cabrejas, Ángeles Carmona y Carmen Llombart. La vocal Pilar Sepúlveda ha votado en contra. La declaración ha sido remitida al resto de los vocales del órgano de gobierno de los jueces para que, si lo desean, expresen su adhesión a la misma.
Los fiscales también muestran su rechazo rotundo
Por su parte, Salvador Viada, fiscal del Tribunal Supremo, portavoz de APIF, entidad representada en el Consejo Fiscal, recuerda que este escenario era impensable hace tres meses y no tiene nada que ve con las promesas electorales que se hicieron ante el 23J. “Todo esto responde a la ambición de poder de unos y a las necesidades de otros. Hay algunas cuestiones que plantea que van a generar muchos problemas”, afirma
A este respecto recuerda que el Constitucional con su sentencia sobre el Estatut recortó los aspectos de una votación que se veía que era inconstitucional . Cumplió con su obligación. El problema fue de quienes aprobaron en el Parlamento ese Estatuto pese a que estaban avisados que podría ser inconstitucional. Fue un procedimiento anormal”.
Para este jurista, “este acuerdo va más allá de amnistía, se plantea en términos vagos por si las cosas se tuerzan en la opinión publica pudiera haber una salida de hecho. Esa creación de comisiones de investigación para depurar responsabilidades entre jueces y fiscales no es de recibo. Da la sensación que se quiere enjuiciar a los enjuiciadores en procedimientos que fueron muy complejos en su día”. Al final, este jurista cree que “vamos a un escenario nuevo fuera del ordenamiento constitucional actual fruto del acuerdo de estos dos partidos políticos. Este acuerdo se carga nuestro Estado de Derecho porque realmente vamos a una legalidad diferente”.
Desde Jerez de la Frontera, la Asociación de Fiscales, que inicia su Congreso este viernes, subraya en un comunicado de prensa que “tras haber tenido conocimiento en el día de hoy del acuerdo de investidura pactado entre PSOE y JUNTS, donde se incluye la aprobación de una ley de amnistía que contempla la posibilidad de establecer comisiones de investigación sobre actuaciones judiciales que pueden generar acciones de responsabilidad, la Asociación de Fiscales quiere mostrar su más firme oposición a esta medida”
Para esta asociación dicha medida es “ un ataque sin precedentes a la independencia judicial que se traduce en un absoluto desprecio a nuestro Estado de derecho. Es inadmisible la utilización del término “guerra judicial” (lawfare) utilizado en el acuerdo, al tratarse de un concepto que no tiene encaje en nuestro orden constitucional vigente”.
Por su parte, la Unión Progresista de Fiscales (UPF), en otro comunicado, expresa su rechazo a las medidas de este pacto sobre el control judicial : “La UPF quiere dejar claro ante la ciudadanía su confianza absoluta en nuestro Poder Judicial que es neutral, independiente y, además, garante de la democracia española. Por esta razón mostramos nuestro absoluto rechazo al respecto de las referencias al lawfare o judicialización de la política contenidas en el documento suscrito entre PSOE y Junts con objeto de la investidura”.
“Entendemos inadmisible la posible creación de comisiones de investigación en sede parlamentaria sobre actuaciones judiciales, ya que pervertiría completamente el sistema constitucional de separación de poderes. Los Jueces y Tribunales están únicamente sometidos al imperio de la ley y sus resoluciones tan solo deben ser revisables por medio de los recursos jurisdiccionales legalmente previstos, sin que quepa supervisión alguna por ningún otro poder del Estado”, advierten también.
Para los abogados, la situación también es complicada. El Colegio de la Abogacía de Madrid, tras la reunión extraordinaria que ha mantenido su junta de Gobierno, ha publicado un comunicado en el que consideran que la fiscalización parlamentaria del trabajo de los tribunales es inadmisible, rechazan el empleo del término lawfare y lo que ello supone y anuncian «cuantas acciones resulten procedentes en defensa del Estado de derecho».
Alfonso Trallero, socio de Trallero Abogados, cree que lo que más le llama la atención es que “el PSOE compra el relato independentista de los hechos que está lleno de falsedades que son las viene rechazando desde hace años. Así, subrayan que la culpa de todo es que el PP y otros recurrieron al Constitucional el Estatut y que el TC anulaba parcialmente genero malestar en la sociedad catalana”. Para este penalista, “esto no es cierto, hubo algo de malestar, pero la culpa no es de quien cumple la ley y acuerda las cosas correctamente que fue el propio Constitucional, sino de quienes incitaron a creerse a la sociedad catalana que podían tener un estatus manifiestamente inconstitucional Eso lo hizo Zapatero y el PSOE cuando dijo que aceptaría cualquier cosa que saliera del Parlament”.
A juicio de este jurista, “lo único que le interesa al PSOE es que Sánchez salga elegido presidente, por eso se han olvidado de todo esto. “Dicen que una mayoría de la sociedad catalana voto en las consultas que se hicieron por la independencia, eso no es cierto. No llego ni votar el 40% de la sociedad catalana, sin ningún control de quien estaba votando”, añade.
Para este jurista, este acuerdo es un golpe duro al Estado de Derecho. “Una de las cosas mas graves es cuando se habla que se van a crear comisiones de investigación que podrían depurar responsabilidades de jueces y fiscales, a semejanza de los partidos comunistas o de Revolución Francesa. El problema no ha hecho mas que empezar. Habrá que defender la legalidad hasta las últimas consecuencias”.
Juan Ramon Montero, abogado y presidente del Consejo Arbitral de la Comunidad de Madrid destaca que “el acuerdo pretende mantener a Sánchez como sea. Se han roto todas las reglas de un Estado de derecho para conseguir ese fin. Lo más grave es el control del poder judicial que quieren establecer con esas comisiones de investigaciones que se quieren crear para intimidarles y depurar posibles responsabilidades por sus sentencias”. A juicio de este abogado, “hoy es un día muy duro para Cataluña, están llegando a un acuerdo con los enemigos de Cataluña. A esos catalanes que se sienten como españoles, realmente se les ha traicionado después de todo lo que vienen viviendo. Es un dia triste para la democracia y abre una grieta en nuestro Estado de derecho”
Los letrados judiciales también consideran que el texto deslegitima a la Justicia
Ante el pacto hecho público hoy por los partidos políticos PSOE y Junts, el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ) y la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) expresan su preocupación por la previsión en dicho acuerdo de comisiones parlamentarias que revisarán la actuación de jueces y tribunales y la deslegitimación de estos, atribuyéndoles voluntad política y lawfare en su actuación.
Desde el Colegio Nacional de Letrados de la Administracion de Justicia se destaca respecto a dicho pacto que “tras su publicación resulta evidente que el principio de legalidad, unido al Estado de derecho reconocido ya en el artículo 1 de la Constitución, la seguridad jurídica y la igualdad de los ciudadanos españoles, están en serio peligro”.
También revelan que se vive “un momento histórico de sucesiva erosión de la confianza en el Tribunal Constitucional, en el CGPJ, o en los Tribunales de Justicia, compromete a quienes ejercen el tercer poder del Estado, el que, precisamente, debe ser el encargado de la salvaguarda de los principios que ahora se ven limitados, cuestionando nuevamente su independencia con veladas amenazas.” Para el CNLAJ, “España no es ni puede convertirse en un régimen asambleario en el que los poderes ejecutivo y judicial están sometidos al legislativo. Por el contrario, es una democracia occidental parlamentaria con división de poderes”.
Y también indican que “por ello entendemos que debemos manifestar públicamente la misma inquietud y el respaldo al comunicado publicado en el día de hoy por todas las asociaciones judiciales, al tiempo que exigimos respeto al Poder Judicial y a la Administración de Justicia en general”. Por su parte desde la Unión Progresista de Secretarios Judiciales se insiste en que “ el Estado de Derecho se fundamenta en la división de poderes y el respeto institucional entre ellos. Los jueces y magistrados son independientes y están sujetos a ley. Sus resoluciones son susceptibles de los recursos legalmente previstos. Su señalamiento público no casa con la convivencia entre ciudadanos que sí entendemos necesaria”.
Al mismo tiempo subrayan que “los Letrados de la Administración de Justicia como parte integrante de los tribunales y garantes de los principios en los que se sustenta el proceso judicial mostramos nuestro rechazo a cualquier intento de poner en duda la limpieza del mismo”.