El Consejo General de la Abogacía Española hace un llamamiento al Gobierno y a las asociaciones de jueces y fiscales a que sigan dialogando y encuentren una solución consensuada que evite la huelga convocada para la próxima semana, del 1 al 3 de julio.
“Es imprescindible y obligado seguir dialogando hasta el último minuto para definir un modelo de acceso a la carrera judicial y fiscal que tenga un apoyo mayoritario”, afirmó el presidente de la Abogacía, Salvador González, tras una reunión con la comisión de Relaciones Institucionales del Consejo General del Poder Judicial.
“No es momento de huelga ni de acelerar los plazos para una reforma sin consenso”, añadió González.
En la reunión con el Poder Judicial, el presidente de la Abogacía trasmitió su preocupación por el impacto que una huelga de tres días tendría sobre la ciudadanía y la tutela judicial efectiva y reclamó que, si finalmente tiene lugar la huelga, se articulen mecanismos para paliar el daño. Entre otras medidas, González pidió que se avise con antelación necesaria de las suspensiones de señalamientos, y que posteriormente se refuercen los juzgados para mitigar el colapso, se amplíen las fechas de vistas suspendidas y se reagenden los asuntos afectados dándoles preferencia.
“Si no se pone remedio, habrá cientos de actuaciones suspendidas que se retrasarán meses e incluso años”, lamentó el presidente de la Abogacía.
Y también pidió que se emitan medidas específicas sobre protección del acceso a la justicia en casos urgentes o de especial vulnerabilidad, como menores, personas con discapacidad o sin recursos.
El Poder Judicial ha trasladado que comparte la preocupación de la Abogacía por los efectos de la huelga y ha asegurado que estudiará estas propuestas durante esta semana dentro del marco competencial propio del órgano de gobierno de los jueces.
La semana pasada la Comisión Permanente del Consejo General de la Abogacía Española ya expresó en un comunicado la “extrema preocupación” por el agravamiento del conflicto entre el Gobierno y la mayoría de las asociaciones de jueces y fiscales.
Y pidió que para una reforma de este calado se escuche a todos los operadores jurídicos, para buscar un acuerdo que respete el principio de mérito y capacidad como la mejor fórmula para conseguir una Justicia de calidad. “Para la Abogacía, como el operador jurídico más numeroso de nuestro sistema de Justicia, ni el Gobierno debería acelerar los plazos en una situación política como la que estamos viviendo, ni las asociaciones judiciales y fiscales deberían dejar de valorar otras alternativas distintas a la huelga que están planteando y que tantos y tan irreparables perjuicios pueden causar a la justicia y a la ciudadanía”, señaló el comunicado.
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