El organismo supervisor, presidido por Cani Fernández –asesora en el Gabinete de Presidencia de Pedro Sánchez en 2020– defiende en su informe que no se han justificado varias decisiones incluidas en las modificaciones de la ley postal, que tendrá que ejecutar el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

El pasado 18 de junio se aprobó en el Congreso una reforma del régimen económico y fiscal canario, en la que se incluía una enmienda para modificar la ley postal y dar nuevas competencias a Correos para que pueda dejar atrás las pérdidas económicas.

La ley extendía hasta el 31 de diciembre de 2030 la designación de Correos como prestador del servicio postal universal (SPU); añadía a la lista de servicios a prestar los servicios financieros básicos, acceso a las administraciones públicas, prestación de servicios de emergencia y comunicaciones postales en el ámbito rural; nombraba a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) como responsable de calcular la contraprestación a Correos por todo ello, y segregaba en dos ámbitos –rural y urbano– el servicio universal.

Nuevos servicios a prestar

En su respuesta, la CNMC aduce que la ley no justifica debidamente la instauración de los nuevos servicios a prestar, la designación directa de un operador concreto para prestarlos y la extensión de la designación de Correos como prestador del SPU.

También reclama que debería de ser la CNMC la autoridad que siga supervisando los servicios postales: «Pero se ha establecido que sean otras, que no cuentan con el estatus de independencia de la CNMC, las que propongan y determinen la compensación a percibir por el operador designado, salvo en la parte del ámbito urbano del actual SPU, que seguirá correspondiendo a la CNMC».

Además, indica que los ajustes en la metodología de cálculo del coste neto del SPU y la creación de los nuevos servicios postales tendrán como resultado un aumento notable de la compensación por la prestación del conjunto de servicios postales.