La ley de amnistía acordada entre el Partido Socialista y los partidos independentistas, que forma parte del acuerdo político presentado hoy entre el PSOE y Junts per Catalunya, despenalizaría los hechos relacionados con el proceso independentista sucedidos desde 2012 y hasta 2023. Esto es, desde cinco años antes a los hechos sucedidos el 1 de octubre de 2017, hasta la actualidad. Este es prácticamente el único detalle de la ley que ha trascendido en la rueda de prensa que ha ofrecido hace unos minutos desde Bruselas el Secretario de Organización del Partido Socialista, Santos Cerdán.
“Este es un acuerdo que llega en un momento clave para cumplir con la voluntad de los españoles. Han pasado seis años y el conflicto de fondo sigue sin resolverse. Ha llegado el momento de abrir una nueva etapa histórica sin dejar que el pasado condicione al futuro. Un horizonte en el que las dificultades del pasado no sean un obstáculo”, ha dicho Santos Cerdán asegurando que pretenden “devolver al cauce de la política el conflicto político, sobre la base del diálogo y la negociación”.
Ha informado de que “no se ha hablado de nombres concretos”, que la decisión de García Castellón de plantear un procesamiento por terrorismo ha hecho a Junts “repensar algunas cuestiones” y se ha omitido cualquier otro detalle de la norma pues, según han dicho, prefieren esperar a presentar la ley antes de dar a conocer con más profundidad su contenido. “La ley de amnistía es una ley bien trabajada, tendrá ahora que pasar por los grupos políticos y será evaluada, en su caso por el propio Tribunal Constitucional”, ha afirmado mientras decía que “el PSOE solo se moverá dentro de la Constitución”.
Sobre la solicitud de información por parte del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, Santos Cerdán ha aseverado que este es un acuerdo entre partidos políticos, por lo que el Gobierno no le puede proporcionar detalles, que se conocerán una vez que esta se registre en forma de proposición de ley ante la Mesa del Congreso de los Diputados.
Está previsto que, desde Junts, comparezcan en las próximas horas.
«Debe incluir tanto a los responsables políticos como a los ciudadanos»
El texto del acuerdo político firmado por Santos Cerdán y el secretario general de Junts, Jordi Turull contempla la ley de amnistía como un elemento esencial para «procurar la plena normalidad institucional y social como requisito imprescindible para abordar los retos de futuro inmediato». Esa amnistía, continúa el texto, «debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos». Añaden que «en este sentido, las conclusiones de las comisiones de investigación que se han desarrollado durante esta legislatura serían tenidas en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas».
Según ese escrito, la situación actual no puede ser comprendida sin la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 a raíz del recurso interpuesto por el Partido Popular contra el estatuto de autonomía catalán. Señala como hitos esenciales la consulta popular del 9 de noviembre y el intento de referéndum del 1 de octubre, así como la aplicación del artículo 155 de la Constitución por desobediencia, que acabó con la disolución de las instituciones en Cataluña y la convocatoria de elecciones. Los dos partidos reconocen sus «profundas discrepancias» en el texto del acuerdo que garantiza la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno con todos los votos de Junts y que condicionará la estabilidad de la legislatura al cumplimiento de los acuerdos alcanzados, que incluyen la participación directa de la comunidad catalana en la instituciones europeas o el aumento de la autonomía financiera de Cataluña. Ya se avanza en el texto que Junts propondrá un nuevo referéndum de autodeterminación.