Como abogado español con años de experiencia en la defensa penal, he sido testigo, en primera línea, de una realidad que rara vez ocupa titulares ni genera debates públicos sosegados: el abuso de las leyes de violencia de género y el drama personal que supone para muchos hombres inocentes. Europa presume de sistemas legales avanzados, cimentados en la igualdad y la justicia. Sin embargo, en la práctica, la aplicación de la Ley contra la Violencia de Género ha generado una sombra de injusticia que merece ser reconocida y debatida.

Una ley necesaria, pero imperfecta

La ley nació para proteger a las mujeres de una violencia estructural y, sin duda, ha salvado vidas y ha dado voz a muchas víctimas silenciadas durante décadas. No cuestiono el espíritu ni la necesidad de combatir la violencia machista. Sin embargo, como jurista, mi deber es señalar las grietas del sistema cuando este, en su afán de proteger, termina por vulnerar derechos fundamentales de otros ciudadanos.

En los últimos años, he defendido a decenas de hombres que han sido víctimas de denuncias falsas o exageradas. Hombres que, de la noche a la mañana, han visto cómo su vida se desmoronaba: detenidos sin pruebas sólidas, apartados de sus hijos, expulsados de sus hogares y señalados socialmente, todo ello bajo la sombra de una presunción de culpabilidad que contradice el principio básico de nuestro derecho penal.

El caso de Antonio: una vida truncada por una denuncia infundada

Permítanme ilustrar esta realidad con un ejemplo real: Antonio (nombre ficticio para preservar la privacidad), padre de dos hijos y trabajador ejemplar, fue denunciado por su expareja tras una discusión por la custodia. La denuncia, carente de pruebas objetivas, bastó para que fuera detenido, pasara una noche en el calabozo y se le impusiera una orden de alejamiento inmediata. Tras meses de proceso judicial, la causa fue archivada por falta de indicios, sin embargo, el daño ya estaba hecho: perdió su empleo, su reputación quedó dañada y la relación con sus hijos nunca volvió a ser la misma.

Este no es un caso aislado. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, en 2023 más de 17.000 denuncias por violencia de género fueron archivadas o resultaron en absolución. Aunque la mayoría de las denuncias son legítimas, el porcentaje de casos infundados no es despreciable y, detrás de cada uno, hay una vida destrozada.

La inversión de la carga de la prueba y la presunción de culpabilidad

Uno de los mayores problemas de la ley es la inversión de la carga de la prueba. Basta una denuncia para que el hombre sea apartado de su entorno familiar y laboral, sin que exista una investigación previa que contraste la veracidad de los hechos. Esta situación genera un caldo de cultivo para el uso fraudulento de la ley como herramienta de venganza o presión en procesos de divorcio y custodia.

Como abogado, he visto cómo la palabra de la denunciante se convierte, en ocasiones, en la única prueba, mientras que la defensa se enfrenta a un muro de prejuicios y sospechas. La justicia debe proteger a las víctimas, pero también debe garantizar la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo para todos.

El silencio social y la estigmatización

Hablar de estos abusos se ha convertido en un tabú. Quien se atreve a denunciar el uso fraudulento de la ley es rápidamente tachado de machista o insensible. Sin embargo, reconocer estas injusticias no resta gravedad a la violencia real que sufren muchas mujeres. Al contrario, fortalecer el sistema pasa por hacerlo más justo y equilibrado, evitando que se convierta en un arma arrojadiza.

Propuestas para una justicia más equitativa

No propongo derogar la ley, sino mejorarla. Es urgente introducir mecanismos que permitan detectar y sancionar las denuncias falsas de manera efectiva, así como reforzar la investigación previa antes de adoptar medidas cautelares tan drásticas. Además, es fundamental sensibilizar a jueces y fiscales para que analicen cada caso con objetividad, sin prejuicios ni automatismos.

Justicia para todos, sin excepciones

La defensa implacable de los derechos fundamentales debe ser el pilar de cualquier sistema democrático. Proteger a las víctimas de violencia de género es un deber irrenunciable, pero no puede hacerse a costa de sacrificar la presunción de inocencia de otros ciudadanos. La verdadera justicia no tiene género. Como sociedad, debemos tener el coraje de mirar de frente a todas las víctimas, sin distinción, y construir un sistema legal que ampare a quienes sufren, pero que también repare y proteja a quienes son injustamente acusados. Solo así podremos decir, con orgullo, que vivimos en una Europa realmente justa e igualitaria.