Primero. Este Tribunal es competente para resolver el recurso especial con base en el artículo 47 de la LCSP.

Segundo. Conforme al artículo 58 del RDL 36/2020, al tratarse de la revisión del acto de adjudicación del contrato cofinanciado con cargo a Fondos Next Generation-UE, el recurso se ha de interponer dentro del plazo legal de diez días naturales, plazo que se ha cumplido en este caso, si bien el órgano de contratación le había otorgado erróneamente el plazo de quince días hábiles que otorga el artículo 50.1 de la LCSP.

Tercero. La actuación impugnada se refiere a un contrato de suministro que supera el umbral del valor estimado fijado en el artículo 44.1, a) de la LCSP, es decir, es superior a 100.000 Eur. y, además, la actuación recurrida, la adjudicación, es una de las actuaciones administrativas susceptibles de recurso especial con base en el artículo 44.2. c) del mismo cuerpo legal.

Cuarto. La empresa recurrente no ostenta legitimación para la interposición del presente recurso contra la adjudicación, al amparo del artículo 48 de la LCSP, cuestión que quedó resuelta en la Resolución 955/2025, en la que se inadmitía el recurso al no haberse presentado a la licitación el recurrente.

No obstante, el recurrente alega que:

«Pues bien, el acto recurrido vulnera los intereses legítimos de esta mercantil, tanto individuales como colectivos, en cuanto LA OFERTA A LA QUE SE HA ADJUDICADO EL CONTRATO PREVÉ SUMINISTRAR UNA PIEDRA DE PROCEDENCIA Y CARACTERÍSTICAS DISTINTAS A LA QUE REQUIEREN LOS PLIEGOS.

Por tanto:

a) Individualmente, esta mercantil ve vulnerados sus intereses, en cuanto es titular de la ÚNICA CANTERA EN LA QUE ES POSIBLE LA EXTRACCIÓN DE PIEDRA CANARIA IGNIMBRITA CHASNERA DE ARICO.

Es evidente su legitimación por interés económico.

Pero, además, esta mercantil fue creada en 1997 con la finalidad de dar a conocer y recuperar el oficio de cantería y especialmente la utilización de la piedra chasnera de Arico del sur de Tenerife en la arquitectura actual y en la restauración del Patrimonio Arquitectónico Canario.

Se trata éste de un material representativo tanto del municipio de Arico como de la isla de Tenerife, por lo que la adjudicación del contrato a una empresa que prevé suministrar piedra de importación viene a vulnerar, asimismo, los legítimos intereses culturales que son objeto de esta mercantil.

b) Asimismo, y además del ya mencionado perjuicio al acervo cultural canario con la utilización de una piedra de procedencia externa, se vulneran intereses colectivos medioambientales en cuanto es notorio que la importación produce mayor perjuicio en materia medioambiental, lo que incumple tanto las prescripciones técnicas como el objeto y el espíritu del contrato a adjudicar».

Cabe señalar que los argumentos esgrimidos por la recurrente no constituyen un interés legítimo cualificado en los términos exigidos por la LCSP. Para llegar a dicha conclusión analizaremos la legitimación a efectos del recurso especial: su regulación contenida en la Directiva de recursos y su trasposición al derecho interno.

Las Directivas comunitarias configuran el recurso especial, como un recurso dirigido al licitador, a efectos de proteger e incentivar su participación en los procedimientos de contratación pública.

El artículo 1.3 de la Directiva 89/665/CEE reconoce legitimación a cualquier persona que tenga o hay tenido interés en obtener un determinado contrato y se haya visto o pueda verse perjudicado por una presunta infracción de las normas de adjudicación. Esto es, se reconoce legitimación a quien tenga o haya tenido interés en obtener un determinado contrato.

Obviamente, el legislador nacional al trasponer la Directiva al derecho interno puede ampliar dicha legitimación. Ahora bien, si lo hace, será con base en una decisión a nivel «nacional», sin hacerlo sujeto por el deber de proceder a una adecuada trasposición del derecho comunitario, que se satisface, como hemos visto, por el mero hecho de reconocer legitimación a los operadores económicos interesados en la adjudicación de un contrato.

La doctrina del TJUE en coherencia con lo anterior, analiza supuestos de ajuste al derecho comunitario relacionados con licitadores actuales o potenciales. A modo de ejemplo los recientes pronunciamientos sobre el licitador no definitivamente excluido para recurrir la adjudicación y del recurrente no licitador (este último especialmente restrictivo, vid sentencia del TGUE (Sala Novena ampliada) de 26 de enero de 2022 T 849/19.

Llegados a la regulación de la legitimación en el nuestro ordenamiento jurídico, debemos comenzar analizando la reforma llevada a cabo por la vigente Ley de Contratos del Sector Público.

La legitimación a efectos del recurso especial en materia de contratación se regula actualmente en el artículo 48 de la LCSP, el cual señala:

«Artículo 48. Legitimación.

Podrá interponer el recurso especial en materia de contratación cualquier persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos, se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados, de manera directa o indirecta, por las decisiones objeto del recurso.

Estarán también legitimadas para interponer este recurso, contra los actos susceptibles de ser recurridos, las organizaciones sindicales cuando de las actuaciones o decisiones recurribles pudiera deducirse fundadamente que estas implican que en el proceso de ejecución del contrato se incumplan por el empresario las obligaciones sociales o laborales respecto de los trabajadores que participen en la realización de la prestación. En todo caso se entenderá legitimada la organización empresarial sectorial representativa de los intereses afectados».

El precedente de dicho artículo era el art. 42 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Este se enmarcaba en la línea de reconocer de forma más amplia legitimación a efectos de la interposición del recurso especial, a quien tuviera un interés legítimo, al igual que el artículo 19 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa reconocía legitimación para interponer el recurso contencioso-administrativo y el artículo 31 de la entonces vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En ese sentido señalaba el artículo 42 del TRLCSP que:

«Artículo 42. Legitimación.

Podrá interponer el correspondiente recurso especial en materia de contratación toda persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados por las decisiones objeto de recurso».

Posteriormente, la regulación de la legitimación del recurso especial se modifica a través del artículo 24 del Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia contractual y de organización del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y del artículo 48 de la vigente LCSP. Volveremos sobre ellos, pero cabe señalar desde ya cómo se produce un cambio que consiste en abordar de forma específica la legitimación a efectos del recurso especial, de forma que desde entonces difícilmente podrán extrapolarse las interpretaciones que la jurisprudencia elabore sobre la legitimación, a efectos del recurso contencioso-administrativo y recurso especial.

A efectos del presente recurso, dada la condición del recurrente (ni es asociación empresarial ni sindicato), analizaremos el apartado primero del artículo 48 de la LCSP que traspone al derecho interno la Directiva de recursos. Este establece una legitimación amplia para el operador económico, que tiene interés en obtener un determinado contrato.

Sostener lo contrario, esto es, interpretar que dicho apartado resulta de aplicación a cualquier persona física o jurídica sin matiz tiene un doble problema. En primer lugar, dada la amplitud con la que está redactado, equivaldría a reconocer una suerte de acción popular que permitiese el recurso con independencia de la licitación en sí. A modo de ejemplo, a una asociación vecinal disconforme con la obra proyectada por el Ayuntamiento, con independencia de cómo la licitación de esta estuviese configurada.

En segundo lugar, supondría hacer de peor condición a dichos terceros frente a sindicatos, cuya legitimación a efectos del recurso especial en materia de contratación se regula en el apartado segundo del artículo 48 de la LCSP, anteriormente trascrito. La Ley solo reconoce legitimación a los sindicatos a efectos del recurso especial, cuando actúen en defensa de concretos derechos sociales o laborales de los trabajadores que pudieran verse perjudicados por la licitación.

En tercer lugar, hacerlo así, supondría reconocer legitimación a esa asociación vecinal para impugnar no solo los pliegos de la licitación sino cualquier actuación dimanante de esta, incluida adjudicación, exclusiones… Y ello porque la legitimación del artículo 48 de la LCSP se regula con independencia del acto impugnado, esto es, aplica para todo recurso especial independientemente del acto contra el que aquel se dirija.

En cuarto lugar, el recurso especial no deja de ser un recurso potestativo y alternativo a la jurisdicción contencioso-administrativa, siendo la legitimación a efectos de este mucho más amplia.

Por último, un reconocimiento amplio de la legitimación, podría resultar incluso contrario a las finalidades explicitadas en la Directiva de recursos para la creación del recurso especial: la creación de un remedio ágil y eficaz en tutela de los derechos de los licitadores. Téngase en cuenta que siendo gratuito y no exigiendo la intervención de letrado y procurador, una interpretación amplia podría conducir al colapso y a la inutilidad de este remedio procedimental.

Trasladado lo anterior al recurso que nos ocupa, resulta evidente que el recurrente no invoca un interés relacionado con la adjudicación del contrato. En ningún caso pretende para sí la adjudicación de este.

Por ello, apreciamos falta de legitimación para la interposición del recurso especial en materia de contratación y, en consecuencia, resolvemos inadmitir el recurso con base en el artículo 55 b) de la LCSP.

Por todo lo anterior,

VISTOS los preceptos legales de aplicación,