Primero. El presente recurso se interpone ante este Tribunal, que es competente para resolverlo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP) y en el Convenio entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y el Principado de Asturias sobre atribución de competencias en materia de recursos contractuales de fecha 8 de octubre de 2021 (BOE de fecha 29/10/2021).

Segundo. El recurso se ha interpuesto dentro del plazo indicado en el artículo 50.1.c) de la LCSP.

Tercero. Respecto de la legitimación requerida para la interposición del recurso especial en materia de contratación, concurre en la empresa recurrente y ello al amparo de lo dispuesto en los artículos 24.2 del RPERMC y 48 LCSP que establece que están legitimados para la interposición del recurso especial en materia de contratación cualesquiera personas físicas o jurídicas cuyos derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos, se hayan visto perjudicados o puedan verse afectados, de manera directa o indirecta, por las decisiones objeto de recurso.

En este sentido, la recurrente está clasificada en segundo lugar, por lo que es evidente que posee interés legítimo ante la expectativa de que, de estimarse el recurso, pueda resultar adjudicataria del contrato.

Cuarto. Nos encontramos ante un contrato de servicios de valor estimado superior a 100.000 euros, por lo que el mismo es susceptible de impugnación mediante recurso especial en materia de contratación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44.1.a) de la LCSP.

Ahora bien, en lo que se refiere a la recurribilidad del acto, el recurso se interpone contra la resolución de 20 de junio de 2025 por la que se aprueba la clasificación de ofertas.

Por lo que se refiere al acto recurrible, el artículo 44.2 de la LCSP dispone lo siguiente:

«2. Podrán ser objeto del recurso las siguientes actuaciones:

a) Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la contratación.

b) Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que estos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. En todo caso se considerará que concurren las circunstancias anteriores en los actos de la mesa o del órgano de contratación por los que se acuerde la admisión o inadmisión de candidatos o licitadores, o la admisión o exclusión de ofertas, incluidas las ofertas que sean excluidas por resultar anormalmente bajas como consecuencia de la aplicación del artículo 149.

c) Los acuerdos de adjudicación.

d) Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 de la presente Ley, por entender que la modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación.

e) La formalización de encargos a medios propios en los casos en que estos no cumplan los requisitos legales.

f) Los acuerdos de rescate de concesiones».

Respecto de la impugnación de la resolución de 20 de junio de 2025 por la que se aprueba la clasificación de ofertas de la mesa de contratación, y su encaje en la letra b) del artículo 44.2 de la LCSP, este Tribunal de manera reiterada ha señalado que los actos de la mesa de otorgamiento de puntuaciones o de publicación de contenido de las ofertas, que en su caso pueden consistir el fundamento de la clasificación y posteriores propuestas que efectúe la mesa de contratación, así como las mismas propuestas de adjudicación que se efectúen al órgano de contratación, no son susceptibles de recurso (por todas, las Resoluciones nº 71/2025, 29/2025, 120/2024 o 9/2024).

El acto recurrido, de acuerdo con lo anterior, no puede incardinarse en ninguno de los apartados mencionados, toda vez que ni es un acto de trámite que decida directa o indirectamente sobre la adjudicación, ni tampoco determina la imposibilidad de continuar el procedimiento, ni produce indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos, no habiéndose excluido ni inadmitido la oferta de la recurrente

Queda claro, pues, que el referido informe de clasificación de ofertas que es objeto del presente recurso no es un acto de trámite cualificado y que, sin perjuicio de su importancia dentro del procedimiento de contratación, no puede ser impugnado por el cauce del recurso especial en materia de contratación. En consecuencia, procede inadmitir el recurso al amparo del artículo 55 c) de la LCSP, por haberse interpuesto contra un acto no susceptible de impugnación.

Por todo lo anterior,

VISTOS los preceptos legales de aplicación