Un estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) revela que los mecanismos de protección laboral desplegados durante la pandemia, como los ERTEs, protegieron más a los trabajadores con empleos estables, en su mayoría mayores, que a los jóvenes con empleos precarios.
El estudio de Fedea, realizado por los investigadores Jose Ignacio Conde-Ruiz, Jorge Fernández, Daniel Pérez y Manu García, analiza el grado de cobertura efectiva que ofrecieron los mecanismos de protección laboral durante la pandemia, con especial atención a los jóvenes. Los resultados muestran una «doble penalización» para los jóvenes, quienes no solo fueron los más afectados por la destrucción de empleo, sino también los menos protegidos por el sistema.
Según Fedea, solo el 37% de los menores de 20 años logró mantener su empleo, frente al 77% de los trabajadores mayores de 50 años. Además, entre quienes perdieron el empleo, apenas un 51% de los jóvenes menores de 20 años recibió algún tipo de cobertura, en contraste con más del 93% de los mayores de 50 años.
El estudio destaca que los jóvenes estuvieron menos protegidos en términos generales por los ERTEs debido a la precariedad de sus contratos. Sin embargo, cuando se comparan trabajadores con el mismo tipo de contrato y la misma antigüedad, los jóvenes no estuvieron peor protegidos y, de hecho, su probabilidad de entrar en un ERTE fue algo mayor.
En el caso de las prestaciones por desempleo o subsidios, Fedea subraya que esa desventaja no desaparece al comparar trabajadores en igualdad de condiciones. Incluso con el mismo contrato y la misma experiencia, los jóvenes tuvieron menos acceso a estas ayudas.
Fedea concluye que, aunque los mecanismos de protección están diseñados para aplicarse a todos los trabajadores por igual, en la práctica pueden beneficiar más a unos colectivos que a otros, especialmente en un mercado laboral dividido entre empleos estables y precarios, como ocurre en España.