Recta en final de la puesta en marcha de la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI) que según el BOE del pasado 12 de agosto estará operativa a partir de este lunes 1 de septiembre. Desde hace varias semanas su presidente, el catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos, Manuel Villoria, y parte de su equipo trabaja en implementar  lo que será este organismo, clave en la lucha contra la corrupción.

Villoria, un profesional cuya trayectoria ha estado volcada en la lucha contra la corrupción, explica a Economist & Jurist que está ante el reto profesional más importante de su carrera, “partimos de cero para crear la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI), como punto clave de la ley 2/2023.Al mismo tiempo la falta de un presupuesto propio hace más difícil la puesta en marcha de la iniciativa. Es clave para la supervivencia de la entidad”.

El nuevo presidente de la AIPI, siglas definitivas de este organismo, es consciente de la expectación que ha generado su nombramiento para este puesto: «Al frente de esta entidad  tenemos un largo proceso de actividad en los próximos meses”. El organismo ultima una web provisional (www.proteccioninformante.gob.es), la definitiva estará operativa a lo largo de  este mes de septiembre. Las denuncias se pueden enviar al correo aipi@proteccioninformante.es o por vía postal a la dirección postal: c/ Luis Cabrera 9, planta 4. 28002. Madrid.

Para este jurista, uno de los temas claves de la AIPI va a ser mejorar la protección al  informante/denunciante de corrupción “a partir de este mes de septiembre estará operativa la pagina web, clave para poder colgar el link al canal externo que en gran medida abre la vía a las denuncias e informaciones que recibamos”, subraya.

“Al mismo tiempo, vamos a intentar desde el primer día contar con mecanismos de protección, de tal forma que aquellas personas que nos pidan protección podemos iniciar ese procedimiento y protegerles, si reúnen las condiciones para ello”.

En este sentido, Villoria cree que la forma que tiene de protección la Agencia Valenciana Antifraude es la más adecuada: “Es un modelo que está funcionando, el procedimiento está establecido en la Ley 2/2023 para la protección de ese denunciante”. “Nosotros hemos desarrollado siguiendo la línea catalana y valenciana un procedimiento que se basa en que haya una solicitud, para luego realizarle una entrevista para conocer sus represalias. Antes habrá que comprobar la denuncia, si fue admitida o no. Nuestra intención es proteger a todas aquellas personas que podamos”, indica.

Hay que reformar la ley 2/2023

A su juicio, “el presidente del Gobierno en su proyecto de Estrategia Anticorrupción donde ya se conoce que habrá una Comisión Interministerial y cinco ejes de actuación, abre la posibilidad de modificar la ley, adaptarla a la realidad. Esa reforma ayudará a que tengamos capacidad de sanción, como cualquier otro organismo anticorrupción del país”.

Con la actual norma Villoria señala que “nosotros podemos desarrollar una investigación que dé lugar a una seria de indicios  conclusiones. Nosotros  lo que hacemos es proponer, sin embargo otros organismos correspondientes si pueden sancionar. Nosotros debemos tener capacidad sancionadora en el futuro. Para ello hay que reformar la ley 2/2023, lo que ayudará además a que quienes denuncien a la fiscalía directamente deben tener la misma protección que quienes denuncien en la AIPI. Ahora mismo no tienen esa protección con lo cual es un problema”.

En esa Estrategia Anticorrupción de la que ya se van conociendo algunos elementos, Manuel Villoria tiene claro que si se crea una Agencia de Integridad de lucha contra la Corrupción no puede solaparse con la AINPI. “No tendría sentido que las dos estuvieran operativos y lo lógico es que nos integrásemos en la nueva Agencia. Nuestra institución dependerá del papel que se quiere dar a este nuevo organismo anticorrupción”.

En esta línea Villoria ha señalado que “es fundamental que la AIPI, cuando alguien sea represaliado, tenga la posibilidad de suspender la actuación del órgano que represalia. Si es despedido tener algún método para evitar ese despido o alguna cautelosísima.  Al mismo tiempo con esa reforma legal deberíamos poder imponer indemnizaciones por las represalias.  Si logramos esto, la situación va a cambiar de forma notable”.

Para Manuel Villoria es importante “dotar a estos denunciantes de asesoramiento jurídico y psicológico que tenemos que desarrollar. Para ello necesitamos ese presupuesto del que hablamos. Quizá lo más difícil de implementar es el apoyo financiero al denunciante. Esta cuestión va a necesitar un tiempo para ver como se gestiona porque no es sencillo”.

Mientras tanto recuerda que el AIPI ya ha recibido denuncias en estos meses desde que tomo posesión el pasado mes de mayo.  En cuanto a la estructura, este organismo además de su presidente, contará con un Comité Consultivo formado por profesionales públicos y privados.

Y junto a ellos dos grandes áreas una de Protección al informante: otro de seguimiento y de régimen sancionador y una gerencia. “A ese esquema se ha añadido una jefatura de gabinete técnico que será asumida previsiblemente por un abogado vinculado a las CC.AA. Los puestos de dirección ambos tienen además de conocimientos jurídicos otros tecnológicos”, apunta.

Sobre este esquema hemos podido saber que el Departamento de Protección del Informante, con competencias fundamentales como la gestión del canal externo de comunicaciones y de las medidas de apoyo y protección; por su parte, el de Seguimiento y Régimen Sancionador, que ejercerá, entre otras, las funciones relativas a la instrucción de los expedientes sancionadores y la elaboración de circulares y recomendaciones. Mientras que la Gerencia, por su parte, será ocupada por una administradora civil del Estado, con las competencias propias de recursos humanos, gestión económico-financiera y sobre los sistemas de información y medios electrónicos, así como la gestión del canal interno.

El proyecto arranca con relación de puestos de trabajo o RPT inicial de 18 personas, pero una organización como esta debería contar con unas 80 personas. Las otras asociaciones regionales tienen entre 50 y 60 profesionales.

Fundación Hay Derecho en colaboración con otras entidades ha puesto en marcha la red IberWhistle para proteger al denunciante. Aquí Safira Cantos su directora general. (Imagen: Hay Derecho)

Presupuestos propios y uso de la IA

“La memoria económica ha previsto al final 41 personas. Todo depende de que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado, sino se aprueban dependemos del Ministerio lo que puede lastrar nuestro trabajo como Autoridad Independiente” comenta Villoria.

Para este jurista  en este contexto el uso de la IA puede ser un gran aliado para poner en marcha este organismo de lucha contra la corrupción “sobre todo será un refuerzo para el canal externo que estamos acabando de implementar. A día de hoy ya tenemos denuncias, pero no podemos darles las respuestas adecuadas, no hay capacidad de investigación. Ahora hay que crear los elementos básicos de la AIPI”.

Sobre la IA reconoce que será de gran utilidad “más del 90% de las denuncias tendrán que ser gestionadas por oros canales externos. Aquí puede haber denuncias d seguridad nuclear;  de blanqueo de capitales, trafico o infracción grave. La normativa española es más ampla que la europea en estos temas de protección al informante.  Todo eso tiene que ser investigado por esos órganos competente y otros reguladores porque nosotros no podremos hacerlo”.

En cuanto al funcionamiento de la AIPI, “una vez que estemos operativos empezaremos a recibir denuncias y desarrollar un sistema de investigación ya consolidado en otras organizaciones. Es previsible que tengamos que formar a estas personas que investigan para que sepan cual es el procedimiento”.

Junto con esto, la labor de protección al informante para mi es la prioritaria ahora mismo “cuanto más personas podamos proteger, tememos que advertir que las represalias pueden generar sanciones muy duras esa va a ser nuestra labor fundamental. Habrá que ver si junto con eta labor de protección podemos desarrollar alguna investigación lo intentaremos, pero en principio se remitirán a los órganos competentes”.

Sobre esas denuncias Villoria señala que una parte de ellas irán a fiscalía, tengo pendiente reuniones con el fiscal general del Estado y con los dos fiscales que están especializados en temas anticorrupción Alejandro Luzón junto a Fernando Rodríguez, nuevo fiscal de Sala contra los delitos de Administración Pública para establecer unos criterios concretos sobre dichas denuncias.

Al mismo tiempo nos señala que otras irán al Banco de España, a la CNMC al SEPBLAC y todas las organizaciones especializadas también en seguridad alimentaria salud pública, etc.

El mensaje que Villoria lanza a los informantes de corrupción desde Economist and Jurist es que “lo fundamental es evitar situaciones de peligro. Una vez empiecen las represalias queremos darles apoyo jurídico y psicológico. Ahora no podemos frenar ese tipo de represalias, pero sería lo lógico.  Es importante que las denuncias sean anónimas para evitar esas represalias para evitar la exposición publica que genera represalias a ese denunciante de corrupción”.

Al mismo tiempo recuerda que “los responsables de canales internos tienen que desarrollar su trabajo con la máxima independencia. Tienen que inscribirse en nuestro registro antes del 1 de noviembre. Queremos darles la máxima protección posible, queremos que sean tratados como si fueran realmente informantes”.

Sobre la gran coalición que plantea Villoria para luchar contra la corrupción, recuerda que gobierne quien gobierne se va a encontrar con este problema. Hay que intentar resolver este problema entre todos. La sociedad civil y las empresas tienen un papel fundamental. Todos los que tenemos responsabilidad en estos temas debemos trabajar juntos en esa gran coalición. Con eso seguro que avanzaremos”.

Expectación ante el AINPI

Expertos en lucha contra la corrupción y mejora de la sociedad civil como son los casos de  Safira Cantos, directora general de Fundación Hay Derecho e Ignacio Sáez, vocal del Observatorio de Integridad del Sector Público (OISP)  y letrado de los Servicios Jurídicos de la Junta de Castilla y León, entre otros, creen clave que arranque la AIPI con la dotación presupuestaria para que pueda desarrollar su trabajo con independencia “Confiemos que en el futuro dependa de las Cortes para que pueda desempeñar su trabajo sin ninguna cortapisa”, aclara Safira.

Ambos juristas, junto con otras entidades como son la  la Universidad de Murcia y la Universidad NOVA de Lisboa, ha anunciado la creación de IBERWhistle, la primera red ibérica dedicada a la protección de denunciantes de corrupción y alertadores de irregularidades.

La iniciativa se enmarca en el proyecto europeo WiS-H: Whistleblowing Habitat in Southern Europe, orientado a reforzar los mecanismos de protección frente a la corrupción en el sur de Europa. Según nos confirman la primera reunión será el 15 de septiembre y a ella está invitado el propio Manuel Villoria.

“Esta iniciativa surge de la necesidad de reforzar la protección de quienes alertan sobre corrupción. Recibimos casi a diario llamadas o demandas de posibles denunciantes que quieren protección. Para avanzar en la prevención de la corrupción es esencial crear entornos seguros, y canales de alerta eficaces para quienes se atreven a denunciar. Además, la cooperación entre España y Portugal nos permitirá adoptar mejores prácticas”, destacó Safira Cantos, directora general de Hay Derecho y coordinadora del proyecto.

Para Ignacio Sáez, es fundamental que todas las organizaciones que trabajos en la lucha contra la corrupción y protección al denunciante estemos coordinados.  “La primera reunión de septiembre va a ser clave para establecer criterios de actuación comunes. Es previsible que a lo largo del año se incorporen otras instituciones. Así tendrá que hacer la AIPI con los organismos autonómicos antifraude que ya existen en nuestro país. Debemos ayudar a los denunciantes de corrupción en su noble, pero ingrata tarea de denunciar lo que no está bien hecho”.