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El despacho Summons Abogados ha presentado la denuncia en representación de un grupo de 30 inversores

(Imagen: E&J)

El despacho de abogados Summons Abogados, en nombre de un grupo de 30 inversores, ha presentado ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia contra la plataforma Monovex por una presunta estafa masiva que alcanzaría los 2,5 millones de euros.

Según ha podido saber E&J por parte del propio despacho demandante, en el escrito de denuncia se detalla el modus operandi que los presuntos estafadores habrían llevado a cabo entre los meses de abril y octubre de este año desde la plataforma digital y que, por el momento, habría perjudicado a un grupo de 30 personas, aunque la denuncia permanece abierta a ampliaciones conforme se incorporen nuevos afectados.

En lo que respecta al modus operandi presuntamente llevado a cabo por los estafadores, la firma legal informa habrían utilizado el fraude tipo ‘Boiler Room’. Para ello, captaban a posibles víctimas a través de anuncios digitales que redirigían a la plataforma Monovex, donde se presentaban supuestos productos de inversión online inexistentes.

Para lograr que engañar a los inversores, los responsables mantenían contacto constante con las víctimas mediante llamadas y comunicaciones persuasivas, simulando operaciones financieras y prometiendo rentabilidades con el objetivo de obtener nuevas aportaciones económicas. De esta manera, lograron que algunos de los perjudicados llegaran incluso a instalar programas de control remoto en sus dispositivos, facilitando a los estafadores acceso directo a información financiera sensible.

(Imagen: E&J)

La denuncia registrada ante la Fiscalía Anticorrupción además de recoger un análisis detallado del modus operandi, también detalla la trazabilidad de los fondos transferidos y los indicios de una estructura organizada que habría operado bajo técnicas propias de los denominados chiringuitos financieros. Summons Abogados, por su parte, ha recopilado datos bancarios, billeteras asociadas a criptoactivos, números de teléfono utilizados en las comunicaciones y otros identificadores relevantes, con el fin de que el análisis de esta información permita, según la denuncia, identificar patrones comunes, rutas de transferencia y la presunta coordinación entre los distintos intervinientes.

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