Primero. El presente recurso, que debe calificarse como especial en materia de contratación, se interpone ante este Tribunal que es competente para resolverlo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.4 de la LCSP y en el convenio suscrito al efecto entre el Ministerio de Hacienda y la Generalitat Valenciana el 21 de mayo de 2025 (BOE del 2 de junio).

Segundo. La actuación impugnada se refiere a un contrato de suministro que supera el umbral del valor estimado del contrato fijado en el artículo 44.1, a) de la LCSP, es decir, superior a 100.000 Eur., y además el acto recurrido, la exclusión de su oferta, es un acto de trámite cualificado susceptible de revisión ex artículo 44.2, b) de la LCSP.

El recurrente denomina su recurso como escrito de alegaciones al acuerdo de exclusión. No obstante, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 115.2 de la Ley 39/2015 («El error o la ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter») el recurso debe tramitarse como recurso especial en materia de contratación.

Tercero. En cuanto a la legitimación, dispone el artículo 48.1 de la LCSP:

«Podrá interponer el recurso especial en materia de contratación cualquier persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos, se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados, de manera directa o indirecta, por las decisiones objeto del recurso».

Reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo manifiesta que el interés legítimo abarca todo interés material o moral que pueda resultar beneficiado con la estimación de la pretensión ejercitada, siempre que no se reduzca a un simple interés por la pura legalidad, en cuanto presupone que la resolución a dictar puede repercutir, directa o indirectamente, de un modo efectivo y acreditado, no meramente hipotético, potencial y futuro, en la correspondiente esfera jurídica de quien recurre o litiga.

En el presente caso, esta empresa ha presentado oferta, y ha sido excluida, por lo que ha de reconocérsele legitimación para interponer el recurso especial con base en el artículo 48 de la LCSP.

Cuarto. En relación con el plazo para la interposición del recurso especial en materia de contratación, debe analizarse si el mismo ha sido presentado o no en el plazo legalmente establecido. Así, dispone el artículo 50.1 c) de la LCSP:

«el procedimiento de recurso se iniciará mediante escrito que deberá presentarse en el plazo de quince días hábiles. Dicho plazo se computará: Cuando se interponga contra actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación o contra un acto resultante de la aplicación del procedimiento negociado sin publicidad, el cómputo se iniciará a partir del día siguiente a aquel en que se haya tenido conocimiento de la posible infracción».

Por su parte, el artículo 19.3 del Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia contractual y de organización del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, establece que:

«cuando el acto de exclusión de algún licitador del procedimiento de adjudicación se notifique previamente al acto de adjudicación, el recurso contra la exclusión deberá interponerse dentro del plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a aquél en que se hubiera recibido por el licitador la notificación del acto de exclusión».

A la vista del expediente se observa que el día 16 de mayo de 2025 se comunicó a la empresa el acuerdo de exclusión de su oferta, mediante la publicación del acuerdo en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Según el apartado 10.4 del PCAP cualquier notificación en relación con la presente licitación se realizará mediante comparecencia electrónica en la Sede electrónica del Ayuntamiento y los plazos se computarán desde la fecha del envío o del aviso de notificación siempre que el acto se haya publicado el mismo día en el Perfil de Contratante.

Ahora bien, la resolución recurrida no incluía «pie de recurso», esto es, no indica el recurso pertinente, ni el órgano, ni el plazo, incumpliendo lo exigido en materia de notificaciones administrativas en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Ciertamente dichos extremos se mencionaban en otros documentos del expediente (informe jurídico a la decisión de la mesa), y el recurrente tuvo acceso a la documentación que formaba parte del expediente administrativo, por lo cual pudo tener conocimiento de los recursos pertinentes frente a su exclusión.

Ahora bien, el incumplimiento detectado es relevante, pues se omite todo lo referente al «pie de recurso», sin que quepa en esta materia una suerte de comunicación «in aliunde» por referencia a otros documentos obrantes en el expediente, y teniendo en cuenta el principio pro actione que debe presidir la aplicación de las causas de inadmisión, en particular, lo señalado sobre esta cuestión en la sentencia del Tribunal Constitucional nº 112/2019 (la Administración no puede beneficiarse de sus propios errores), debemos admitir el presente recurso.

Quinto. Entrando al fondo del asunto, debemos comenzar señalando que la recurrente no combate su exclusión, limitándose a señalar que los mismos incumplimientos que han provocado la misma, concurren en la oferta presentada por la empresa propuesta como adjudicataria. Denuncia así vulneración del principio de igualdad de trato y no discriminación.

El reconocimiento del incumplimiento de su oferta y también de la empresa adjudicataria se hace de la siguiente manera:

«PRIMERO. – Sobre la exclusión de SATARA SEGURIDAD SL y la exigencia de las muestras. SATARA SEGURIDAD S.L. acepta la literalidad de la Cláusula Novena del Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) y la Cláusula 10ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) que establecen que «La no presentación de muestras o la presentación de artículos (…) que no cumplan estrictamente con las especificaciones técnicas que se detallan en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas determinarán la no consideración de la oferta y la exclusión de la empresa licitadora». Asimismo, se toma nota de la Resolución n.º 470/2025 del TACRC que avala la discrecionalidad del órgano de contratación en la exigencia de las muestras con rotulación singularizada. No obstante, la aplicación estricta de esta cláusula, tal como se ha hecho con mi representada, exige que la misma rigurosidad se aplique a todos los licitadores para garantizar los principios fundamentales de la contratación pública».

Y sigue diciendo (el subrayado es nuestro):

«CUARTO. – Aplicación de la Cláusula 9º del PPT y 10ª del PCAP a ambas ofertas. La propia 2ª Acta de la Mesa de Contratación y el «Informe sobre valoración muestras firma SATARA SEGURIDAD SL» se fundamentan en la Cláusula 9 del PPT y 10ª del PCAP para la exclusión de mi representada, reiterando que «La no presentación de muestras o la presentación de artículos (…) que no cumplan estrictamente con las especificaciones técnicas (…) determinarán la no consideración de la oferta y la exclusión de la empresa licitadora». Las deficiencias detalladas en el apartado TERCERO de estos Fundamentos de Derecho en la oferta de ARMERÍA RAÚL SL demuestran que sus muestras tampoco cumplen «estrictamente con las especificaciones técnicas» exigidas en el PPT. Con base en el principio de igualdad de trato y en la literalidad de los pliegos (cláusulas 9 PPT y 10ª PCAP), así como en la propia doctrina del TACRC sobre la discrecionalidad del órgano de contratación en la exigencia de muestras y el cumplimiento riguroso de las especificaciones, la oferta de ARMERÍA RAÚL SL debería haber sido igualmente no considerada y, por tanto, excluida del procedimiento».

Para concluir, solicitando:

«4. Que se anule el acuerdo de exclusión de SATARA SEGURIDAD S.L.

5. Que, en aplicación del principio de igualdad y trato y de las Cláusulas 9º del PPT y 10ª del PCAP, se proceda a la exclusión de la empresa ARMERÍA RAUL S.L. del presente procedimiento de contratación, por incumplimiento de las especificaciones técnicas de las muestras presentadas, o en su defecto, se readmita a SATARA SEGURIDAD S.L. en el procedimiento de licitación».

Como se desprende de lo anterior, si bien la recurrente solicita formalmente la anulación de su exclusión, lo hace invocando el principio de igualdad y no discriminación, es decir, sin negar que su oferta incumpla, reconociendo que no cumple, pero defendiendo una suerte de igualdad en la ilegalidad, para que o bien ambas ofertas, la suya y la de ARMERÍA RAUL S.L. permanezcan en la licitación o que ambas sean excluidas.

Siendo ello así, reconociendo el incumplimiento de su oferta, sin cuestionar que este sea claro y expreso, la consecuencia no puede ser otra que la confirmación de su exclusión, desestimándose el recurso interpuesto.

A ello debemos añadir que los motivos del recurso dirigidos frente a la oferta de su competidora podrán hacerse valer, interponiendo el recurso frente al acuerdo de adjudicación, pues ciertamente la igualdad debe presidir la aplicación de la ley. Para ello, será, conditio sine qua non, que conserve la legitimación, evitando que su exclusión devenga firme.

Por todo lo anterior,

VISTOS los preceptos legales de aplicación