El nuevo texto legal pretende mejorar las condiciones de trabajo del profesorado y garantizar una atención más individualizada al alumnado, corrigiendo las desigualdades entre comunidades autónomas. En materia de ratios, el anteproyecto establece que el número máximo de alumnos por aula será de 22 en Educación Primaria (frente a los 25 actuales) y 25 en Educación Secundaria Obligatoria (frente a los 30 vigentes). En los centros sostenidos con fondos públicos, el alumnado con necesidades educativas especiales (NEEs) contará como dos plazas, reforzando así el compromiso con la educación inclusiva.
La reducción de ratios responde al consenso generalizado de que grupos más reducidos facilitan la atención personalizada, favorecen la inclusión y la atención a la diversidad, y mejoran el bienestar del profesorado. Esta medida se concibe como una herramienta para promover una educación más equitativa y adaptada al contexto social y cultural de cada centro.
En relación con la jornada lectiva, el anteproyecto fija 23 horas semanales en Infantil, Primaria y Educación Especial, y 18 horas en el resto de enseñanzas. De forma excepcional, y por razones de organización, podrá ampliarse hasta un máximo de 20 horas, que se compensarán con dos horas complementarias por cada periodo lectivo adicional. La norma introduce así una regulación básica y uniforme que busca garantizar la homogeneidad en las condiciones laborales del profesorado en todas las comunidades autónomas.
El texto destaca que estas medidas reforzarán la equidad, la cohesión territorial y el bienestar docente, respetando el ámbito competencial autonómico. Asimismo, se persigue una mejora de la calidad educativa a través de una atención más individualizada y una disminución de la carga de trabajo del profesorado.
El calendario de implantación se articula de forma progresiva. Las medidas relativas a la jornada lectiva y a la consideración doble del alumnado con NEEs entrarán en vigor en el curso 2026/2027. Las nuevas ratios comenzarán a aplicarse de manera escalonada: en el curso 2027/2028 en Infantil y Primaria, en 2028/2029 en Secundaria, y en 2029/2030 en Bachillerato, hasta alcanzar su plena aplicación en el curso 2031/2032.
Durante su tramitación, el texto será objeto de negociación con las organizaciones sindicales y las comunidades autónomas, conforme al procedimiento previsto en el artículo 26.4 de la Ley del Gobierno (Ley 50/1997, de 27 de noviembre). Una vez aprobada la versión definitiva como proyecto de ley, se remitirá a las Cortes Generales para su debate y aprobación.
Entre las medidas adicionales, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes trabaja en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el diseño de un índice de vulnerabilidad socioeconómica. Este índice permitirá identificar centros que presentan situaciones de especial complejidad en función de variables como el contexto económico y social del alumnado, su entorno familiar o la localización del centro. El objetivo es destinar más recursos a los centros con mayores niveles de vulnerabilidad.
El anteproyecto contempla que, en un plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley, se desarrollen estos recursos específicos para los centros que lo requieran. Asimismo, se establecerán mediante norma reglamentaria las ratios para las enseñanzas no obligatorias y los criterios para aplicar reducciones adicionales en aquellos centros donde existan razones sociales o educativas que lo justifiquen.
Con estas medidas, el Ministerio impulsa una reforma orientada a la equidad, la inclusión educativa y la calidad del sistema, garantizando una mayor homogeneidad entre comunidades y fortaleciendo las condiciones laborales del profesorado como pilar esencial del sistema educativo español.