De nuevo la respuesta solidaria a una iniciativa justa por parte de la sociedad civil ha surtido efecto. Según confirma Natalia Corbalán, portavoz de SOS Rural: “Hemos logrado cubrir gracias a la implicación de los ciudadanos el coste de esta acción judicial que se pondrá en marcha en breve al cubrir los 12.000 euros que estaban presupuestados para realizar esta ofensiva judicial”.

Como ya informó Economist & Jurist a sus lectores, la plataforma ciudadana SOS Rural, en alianza con la Asociación Ecología y Libertad, ha iniciado recientemente las primeras acciones legales dentro de una macrocausa judicial a nivel nacional que arrancará en Jaén.

El objetivo es detener la tala de decenas de miles de olivos tradicionales para instalar megaplantas fotovoltaicas en municipios de Jaén —Lopera, Arjona y Marmolejo—, promovidos por la empresa Greenalia, cuyas actividades están siendo investigadas.

Estas acciones, financiadas con donaciones ciudadanas, pretenden frenar lo que califican como una expansión “caótica” de infraestructuras solares sobre suelos agrícolas de alto valor productivo.

Las primeras acciones judiciales, que se acaban de ejecutar y que se han financiado con las donaciones económicas de los ciudadanos, consisten en las revisiones de oficio —procedimientos administrativos— contra los proyectos de la Campiña Norte.

Así se ha presentado ante el consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía la solicitud de revisión de oficio de las autorizaciones sectoriales —Autorizaciones Administrativas Previas, Autorizaciones Administrativas de Construcción y Declaraciones de Utilidad Pública— de las 7  instalaciones fotovoltaicas y de las dos instalaciones de la infraestructura común de evacuación que comparten todas ellas.

Además, se ha registrado, en este caso ante la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta, la solicitud de revisión de oficio de las autorizaciones ambientales unificadas —tramitación ambiental— de esas mismas instalaciones.

“Ambas solicitudes de revisión de oficio de las autorizaciones sectoriales y ambientales, aprobadas por la administración autonómica, han sido instadas por SOS Rural y Ecología y Libertad por adolecer de vicios que las hacen nulas de pleno derecho”, explica Corbalán.

Revisión administrativa previa a la vía judicial

En cuanto a la situación actual SOS Rural confirma a E&J que la Consejería de Industria de la Junta de Andalucía ha recibido el recurso previo administrativo a la interposición de la posterior demanda. Falta la Consejería de Medioambiente. Se da por hecho que no instarán a paralizar dichas plantas en marcha, lo que hará que los demandantes vayan a la vía judicial.

Sobre ese vicio legal, en este sentido, existe un fraccionamiento ilegal de un megaproyecto —de 310 MW de potencia instalada y 560,15 ha— en varios, todos ellos con una potencia instalada de menos de 50 MW.

Se busca así evitar la competencia estatal en su aprobación sectorial, ya que un proyecto fotovoltaico con una potencia instalada superior a 50 MW es competencia del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

De igual modo, existe un fraccionamiento artificial e ilegal de proyectos con carácter ambiental, con el que el promotor busca evitar una evaluación ambiental conjunta y tramitada por el procedimiento ordinario.

“Hemos informado a las autoridades políticas de las administraciones locales y autonómicas de todas las revisiones de oficio instadas”, concreta Corbalán, lo que implica que se ha comunicado a los alcaldes las consecuencias que tendrían para ellos la anulación de las autorizaciones administrativas de estos proyectos, en el caso de que decidan seguir adelante y conceder licencias —de obra y/o actividad— sin realizar el juicio previo de legalidad.

Entre estas consecuencias se encuentran la probable exigencia de responsabilidad patrimonial por parte del promotor a los ayuntamientos y la posible “toleración” de un presunto delito contra el medio ambiente.

“Hemos solicitado a los consistorios que, a la vista de la nulidad de pleno derecho de todas las autorizaciones, procedan a suspender la tramitación de las licencias en sus respectivos municipios”, resalta Margarita Fernández, presidenta de Ecología y Libertad.

En cuanto a las autoridades autonómicas, se ha informado de que el supuesto amparo por las autorizaciones sectoriales y ambientales, cuya revisión se ha instado, puede constituir un ilícito penal contra el medio ambiente, por lo que se les ha pedido suspenderlas.

De igual manera, se han presentado dos escritos, ante los Ayuntamientos de Arjona, Lopera y Marmolejo, para que, en caso de no haberse procedido a la terminación de los expedientes de licencia —de obras y/o actividad—, se tenga en cuenta a Ecología y Libertad como interesada para que pueda participar en esos expedientes y ser conocedora de su tramitación.

En caso contrario, si ya se hubieran concedido las licencias, se solicita el acceso a Ecología y Libertad a los expedientes administrativos íntegros tramitados para la concesión de licencias. Asimismo, se ha solicitado acceso al expediente sectorial íntegro, de información pública, tramitado por la Consejería de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía respecto a los 9 proyectos.

“Si los políticos no ponen remedio a la expansión caótica de la energía fotovoltaica, y vemos que no lo hacen, vamos a llegar hasta el final con las acciones legales para que sienten precedente, para que creen jurisprudencia, de manera que sea el juez quien determine que este avance descontrolado y especulativo no puede seguir así”, sentencia Corbalán.

Margarita Fernández, de Ecología y Libertad, y Natalia Corbalán, portavoz de SOS Rural, lideran esta ofensiva judicial. (Imagen: SOS Rural)

Una estrategia legal muy pensada

La ofensiva judicial se centra inicialmente en la comarca de la Campiña Norte de Jaén, donde se prevé la eliminación de hasta 100.000 olivos centenarios para levantar las infraestructuras solares. SOS Rural y Ecología y Libertad denuncian que los proyectos han sido fragmentados para eludir controles ambientales y superar barreras legales, lo que constituye un presunto fraude de ley.

Esta estrategia legal se articula como una “alianza histórica” entre la sociedad civil, con la colaboración también de Campiña Norte, contra las megaplantas solares, y busca sentar un precedente para proteger el suelo agrícola en toda España.

Para estas organizaciones, como para otros expertos consultados, el papel de los juzgados de lo contencioso será clave para frenar esta escalada de implementación de estas plantas fotovoltaicas en terrenos agrícolas. A este respecto se recuerda que ya hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Andalucía, de hace unos días, que ha tumbado una iniciativa por fraude de ley al trocear la iniciativa en varias partes.

La práctica habitual es ese trocamiento para que no se superen los 49,9 megavatios, lo que permite que la autorización se haga en la Junta de Andalucía y no a nivel estatal. El impacto ambiental de una planta de 50 megavatios lleva un control ambiental notable.

“La resolución judicial considera que se ha producido un fraude de ley, al comprobar que se trata de una única infraestructura de generación eléctrica promovida por un solo titular, con una potencia conjunta de 114 MW y ubicada en una misma zona geográfica, sobre una superficie de más de 267 hectáreas. La fragmentación permitió que fuera la Junta, y no el Gobierno central, quien otorgara la autorización administrativa previa, en una decisión que ahora queda anulada”, comenta Natalia Corbalán, portavoz de SOS Rural.

Las plataformas inciden en que no se oponen a la transición energética, sino al modelo de implantación irresponsable que sacrifica patrimonio rural, biodiversidad y soberanía alimentaria.

Exigen una planificación territorial vinculante, similar a la de Francia o Italia, que priorice terrenos degradados antes que suelos fértiles —como los S1 y S2—, que actualmente concentran la mayoría de plantas fotovoltaicas y termosolares en Andalucía.

Con más de 132.000 firmas respaldando la causa, SOS Rural reclama una moratoria legal y una revisión profunda del modelo de desarrollo energético.