Más asuntos que nunca frente a un colectivo el de los abogados del Turno de Oficio que desde el 2019 ha descendido d forma notable. La reforma del sistema de asistencia jurídica gratuita es inaplazable para garantizar la sostenibilidad de este servicio esencial para la democracia. Curiosamente, el uso de la mediación en los procedimientos donde la Ley Orgánica 1/2025 obliga a implementarla desde el pasado 3 de abril no se está pagando al abogado que realiza este servicio en el Turno de Oficio.

En este sentido el presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Salvador González, ha hecho un llamamiento en la presentación del XIX Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita —elaborado por el Consejo General de la Abogacía Española y la Fundación Aranzadi-La Ley sobre el servicio prestado en 2024— para que el ministro Félix Bolaños haga sostenible este servicio que prestan muchos abogados para los más vulnerables a lo largo de todo el año.

Para González la situación es inasumible y hay que buscar la manera de mejorar el baremo de las actuaciones de los profesionales y que todas las actuaciones, porque aún hay muchas que no se paguen, se abonen a estos profesionales. “Es un buen momento con la reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que ahora empezaremos a negociar con el Ministerio para hacer estas reformas y adecuar el modelo a su sostenibilidad. La situación es insostenible y no podemos seguir así”.

A este respecto, a pregunta de E&J comentó brevemente la huelga general planteada por el sindicato Venia para los próximos 11 y 12 de julio destaco que era una forme de hacerse notar “cosa que agradecemos, pero recordó que deben ser los tribunales quienes digan realmente si tienen derecho a la huelga. Lo fundamental es que es el momento de buscar una nueva forma de gestión del turno de Oficio para que se pueda frenar la sangría de compañeros que dejan este servicio ante la escasa remuneración”.

Bajas importantes en el Turno

Las solicitudes de asistencia jurídica gratuita realizadas por los ciudadanos a lo largo de 2024 ante los 83 Colegios de la Abogacía o en los juzgados siguieron la tendencia al alza de los últimos años y concretamente aumentaron un 5% en 2024 hasta alcanzar los 1,1 millones. Se confirma así la demanda creciente de este servicio, esencial para garantizar el acceso a la Justicia y la tutela judicial efectiva de los sectores más vulnerables de la población. (Ver gráfico 1)

Sin embargo, a pesar del aumento de las solicitudes, cada vez son menos los abogados adscritos al turno de oficio. En 2024 continuó la tendencia descendente del número de abogados y abogadas inscritos al mismo. Por primera vez bajaron de los 40.000 y se quedaron en 39.941 frente a los 40.748 de 2023 (un 2% menos).

“Esto es algo que debería encender todas las alarmas a los poderes públicos, porque pone en peligro la propia sostenibilidad del sistema: si no hay suficientes abogados y abogadas no será posible cubrir las guardias de turno de oficio, ni garantizar el derecho de todos los ciudadanos a la tutela judicial efectiva”, afirmó el presidente de la Abogacía, Salvador González, en la presentación del Observatorio.

El descenso en las cifras de los profesionales del turno de oficio lleva produciéndose varios años: en 2019 eran 45.868 y representaban un 31% del total de los abogados y abogadas ejercientes, pero ese porcentaje ha ido cayendo año tras año (un 15% desde 2019, mientras que el número de abogados subió un 1,2% en ese periodo) hasta quedarse en 2024 en 39.941, el 26,8% del total de los casi 149.000 ejercientes. (Ver Gráfico  2)

Tras el análisis pertinente, las solicitudes fueron remitidas a las comisiones de asistencia jurídica gratuita que, tras un análisis de las mismas, denegaron en torno al 10%. Cada expediente de asistencia jurídica origina de media unos dos asuntos.

Un servicio de calidad

Por su parte Ángel Méndez, decano del Colegio de Abogados de Cartagena y presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del CGAE, destacó que del análisis de las solicitudes se desprende que en torno al 52% de los solicitantes son hombres, la mayoría con una edad entre los 30 y los 50 años y el 50% tienen una renta media inferior a los 10.000 euros. Mientras que, en el caso de las mujeres, que representan el 48% de las solicitudes, más del 75% están por debajo de ese umbral de los 10.000 euros.

En su intervención Méndez expresó su agradecimiento a “todos esos abogados y abogadas que con su trabajo y dedicación hacen posible este servicio esencial”. También reclamó mejoras en sus condiciones: “La subida que se hizo este año en territorio Ministerio fue del 8% muy lejana de aquel 20% que reclamamos”.

“Después del verano volveremos a pedir al propio Ministerio de Justicia nuevas reuniones a fin de la actualización de los baremos, del pago de todas las actuaciones porque en una España en crisis crecen las personas que necesitan este servicio que prestamos los abogados en todo el país”, señaló Ángel Méndez.

De los profesionales del Turno de Oficio el 51% son hombres y el 49% mujeres —mientras que en extranjería y en violencia de género ellas representan el 54%—. Hubo solamente 380 expedientes disciplinarios que terminaron con sanción a los letrados o letradas.

Méndez constató que los abogados del turno de oficio bajaron en 2024 en casi todas las comunidades, con lo cual cada vez son menos abogados atendiendo un número de beneficiarios cada vez mayor. La baja remuneración del servicio y el impago de muchas actuaciones ha generado esa huida. Al mismo tiempo reconoce que urge la tramitación de una nueva ley de asistencia jurídica gratuita, en sustitución de la que está vigente desde 1996, para englobar todas las nuevas realidades y seguir garantizando este servicio esencial.

Los ciudadanos están satisfechos

El índice de satisfacción con el servicio se mantiene muy alto: el 74% de los usuarios quedó satisfecho con el asesoramiento y asistencia legal recibida por parte del letrado del turno de oficio, según la Encuesta sobre la Asistencia Jurídica Gratuita en España, elaborada por Metroscopia para este Observatorio.

José Juan Toharia, presidente de Metroscopia, también intervino en la presentación para destacar “la rotunda buena imagen de la asistencia jurídica gratuita en nuestra sociedad, tanto entre los beneficiarios de la misma como entre su entorno cotidiano más cercano”.

Y, como refleja también la encuesta, ha mejorado notablemente el conocimiento de la existencia de este servicio por parte de la población: un 93% de los encuestados conocen la existencia de este derecho, frente al 83% del año anterior. Ya solo queda un 7% de la población.

“Nos preocupa el crecimiento sostenido de las solicitudes de acceso al beneficio de la Justicia gratuita, mientras decrece el número de profesionales inscritos en el Turno de oficio; la labor de este Observatorio sigue siendo clave para realizar en el futuro nuevas propuestas de mitigación de esta deriva preocupante y la Fundación Aranzadi LA LEY seguirá apoyando sus recomendaciones”, afirmó Cristina Sancho, presidente de la Fundación Aranzadi LA LEY.

Sube el gasto porque suben las solicitudes y algunas comunidades autónomas han actualizado baremos  El gasto global aumentó en 2024 un 9,4%, en consonancia con el aumento de las solicitudes, hasta superar los 344 millones de euros.

La comunidad autónoma que más gastó fue de nuevo Cataluña con 68,1 millones, seguida de Madrid con 55,1 millones y Valencia con 51,8.  Por su parte, las comunidades de Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja y País Vasco subieron sus baremos de retribución a lo largo del año.

La inversión media por ciudadano es de 7,07 euros, cantidad que varía mucho de unas comunidades a otras, en función de la población, del número de solicitudes o por del volumen de asuntos de extranjería.

Todos los ponentes a esta presentación de este Observatorio coincidieron en la necesidad de implementar un plan de choque para revitalizar el Turno de Oficio y evitar la sangría de bajas en estos momentos que es incesante. Urge actualizar todos los baremos, que todas las actuaciones que hacen los abogados se abonen en tiempo y forma y buscar un modelo de gestión de esta actividad que la haga sostenible ante el número cada vez más creciente de ciudadanos vulnerables en nuestro país.