Tal y como se filtro hace un mes a distintos medios informativos, el Pleno del Constitucional de este martes, 7 de noviembre, ha acabado respaldando el impuesto a las grandes fortunas que creó de forma temporal el Gobierno de Pedro Sánchez en diciembre de 2022 con el objetivo de combatir los efectos de la guerra de Ucrania y la crisis energética.
El apoyo mayoritario de los magistrados del sector progresista ha permitido el rechazo al primero de los recursos en contra del gravamen, planteado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso. Fuentes jurídicas consultadas aseguran que la decisión se ha adoptado por siete votos a cuatro.
El impuesto es del 1,7% para los patrimonios de entre 3 y 5,3 millones de euros; del 2,1% para los patrimonios de entre 5,3 y 10,6 millones; y del 3,5% para aquellos patrimonios superiores a 10,6 millones de euros.
Según explicaba Economist & Jurist en una crónica reciente, ahora es previsible que si Pedro Sánchez logra formar Gobierno convierta el impuesto en fijo para los próximos años. No obstante, eso no quita para que pueda haber batalla judicial por cuestiones de legalidad y que se lleve ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
La mayoría del Constitucional ha apoyado así la ponencia de la magistrada María Luisa Balaguer contra los argumentos del Ejecutivo regional madrileño, que defendía que el tributo invade las competencias fiscales y financieras autonómicas y desincentiva el ahorro y la inversión.
Isabel Díaz Ayuso fue la primera, pero el Tribunal de Garantías tiene que analizar también otros cuatro recursos planteados por la Junta de Andalucía, la Xunta de Galicia, Murcia y la Asamblea de Madrid. A pesar de ser un total de cinco recursos, la decisión sobre el primero es clave y es previsible que la decisión del Constitucional provoque la pérdida de objeto del resto, ya que se recurre el mismo precepto y se invocan las mismas razones de inconstitucionalidad, aseguran las fuentes consultadas.
La decisión se producirá así una vez ya realizado el primer pago del gravamen, este julio. El dato proporcionado por Hacienda cifró en 623 millones la recaudación por el impuesto, aplicable a las personas con patrimonios superiores a los tres millones de euros.
El Ejecutivo madrileño recurrió, en concreto, la «suplantación» de sus funciones para la gestión de los tributos cedidos, como el impuesto sobre el patrimonio, que en la Comunidad de Madrid está bonificado al 100% desde 2008. «Imponen una cuota nacional para todas las regiones de régimen común, invadiendo la gestión de las autonomías en la materia, lo que perjudica de manera especial a los contribuyentes madrileños», aseguraba.
También criticaba la fórmula de aprobación, a través de una enmienda incluida en un proyecto de ley ajeno a la cuestión. Con ello —defendía— se impidió el debate y la presentación de enmiendas al texto, «en contra del derecho de representación política consagrado en el artículo 23 de la Constitución».
El Gobierno de Ayuso dudaba, además, de la constitucionalidad de los efectos retroactivos, ampliables a todo 2022, aunque fue aprobado en el último mes del año. Según las estimaciones del Gobierno regional, este nuevo tributo del Gobierno de la Nación puede suponer que dejen de llegar a la Comunidad de Madrid más de 1.200 millones de inversión extranjera al año, además de ocasionar la pérdida de 13.000 contribuyentes y 5.000 millones de ingresos.
Los argumentos de Madrid se rechazan en la ponencia de Balaguer, conocida por este diario. La magistrada asegura que las competencias autonómicas quedan a salvo, dado que se formuló un sistema combinado que permite al contribuyente descontar la parte correspondiente al impuesto de patrimonio en aplicación de un determinado umbral. «Son las comunidades autónomas quienes fijan las condiciones de ese primer impuesto, respetándose así una cesión que la introducción del nuevo tributo no altera», dice.
También asegura que entre las competencias autonómicas no está entorpecer al Estado en su facultad tributaria, ya que eso equivaldría a permitir a las comunidades impedir el desarrollo legítimo de competencias estatales destinadas a armonizar criterios.