La plataforma ciudadana SOS Rural y la Asociación Ecología y Libertad impulsan una macro causa judicial en toda España contra las instalaciones fotovoltaicas que afectan a terrenos de cultivo tras el acuerdo suscrito hace unos días entre entidades.

Solo en la provincia de Jaén hay 24 proyectos en marcha. La acción judicial arrancará contra las cuatro instalaciones que se están montando en el municipio de jienense de Lopera. También han detectado iniciativas similares en los regadíos de Murcia y terrenos de Castilla La Mancha y Castilla-León.

La esperanza de los promotores es que ya hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Andalucía, de hace unos días, que ha tumbado una iniciativa por fraude de ley al trocear la iniciativa en varias partes.

La práctica habitual es ese trocamiento para que no se supera los 49,9 megavatios, lo que permite que la autorización se haga en la Junta de Andalucía y no a nivel estatal. El impacto ambiental de una planta de 50 megavatios lleva un control ambiental notable.

“La resolución judicial considera que se ha producido un fraude de ley al comprobar que se trata de una única infraestructura de generación eléctrica, promovida por un solo titular, con una potencia conjunta de 114 MW y ubicada en una misma zona geográfica, sobre una superficie de más de 267 hectáreas. La fragmentación permitió que fuera la Junta, y no el Gobierno central, quien otorgara la autorización administrativa previa, en una decisión que ahora queda anulada”, comenta Natalia Corbalán, portavoz de SOS Rural.

Esta ofensiva judicial la anunciaron hace unos días la portavoz nacional de SOS Rural, Natalia Corbalán, y la presidenta de la Asociación Ecología y Libertad, Margarita Fernández, quienes han enmarcado esta estrategia jurídica en una “alianza histórica” entre ambas instituciones —en la que colaborará también la plataforma Campiña Norte contra las Megaplantas Solares—.