El Gobierno espera sortear la multa de la Comisión Europea tras avanzar la incorporación al ordenamiento laboral de la directiva sobre condiciones laborales claras y previsibles. Trabajo también se compromete a garantizar la retribución del permiso parental pendiente de transposición.
El Ministerio de Trabajo y Economía Social prevé evitar la posible multa que la Comisión Europea podría imponer a España por la demora en la transposición de la Directiva (UE) 2019/1152, relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea. Así lo confirma el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, quien sostiene que el procedimiento legislativo nacional se encuentra en un «estado avanzadísimo».
La normativa europea, cuyo plazo de transposición expiró en agosto de 2022, pretende reforzar la información que reciben los trabajadores sobre sus condiciones contractuales y garantizar una mayor seguridad y previsibilidad en las relaciones laborales. A pesar de haber superado el plazo, el Ejecutivo sostiene que la ley de transposición ya está registrada en el Congreso de los Diputados y que ha sido previamente aprobada por el Consejo de Ministros.
Actualmente, el texto ha rebasado el trámite de enmiendas a la totalidad y ha cerrado el plazo para enmiendas parciales, a la espera de la convocatoria de la ponencia correspondiente en la Cámara Baja. Pérez Rey adelanta que dicha ponencia se celebrará de forma inmediata una vez reanudado el periodo ordinario de sesiones parlamentarias.
El secretario de Estado recalca que el objetivo es que la transposición se produzca «de manera inmediata» para que la Comisión Europea no materialice una eventual sanción por incumplimiento del derecho comunitario. Además, destaca que el Ministerio se ha implicado activamente en este proceso para cumplir con los compromisos europeos y dotar de mayor transparencia al marco laboral.
Por otra parte, en relación con la Directiva (UE) 2019/1158, relativa a la conciliación de la vida familiar y profesional de progenitores y cuidadores, el Gobierno también reconoce su incumplimiento, al no haber garantizado aún por ley la retribución del permiso parental de ocho semanas para el cuidado de menores de ocho años.
Pérez Rey califica la situación como un «incumplimiento recalcitrante» que debe corregirse con urgencia. Aunque en la práctica algunas resoluciones judiciales ya han reconocido el carácter retribuido de este permiso, el Ejecutivo insiste en que es necesario legislarlo formalmente para evitar conflictos y asegurar su aplicación efectiva.
El Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Derechos Sociales se comprometen a impulsar esta reforma para garantizar no solo el cumplimiento de las obligaciones europeas, sino también para dar respuesta a las necesidades de conciliación de millones de trabajadoras y trabajadores en España.
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