La imputación del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro por el Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, revelada tras el levantamiento del secreto de sumario el 17 de julio de 2025, ha destapado una presunta trama corrupta que sacude los cimientos de la confianza en las instituciones públicas españolas.

Según el auto del juez Rubén Rus, Montoro, como figura central, habría utilizado su posición como ministro durante los gobiernos de Mariano Rajoy (2011-2018) para impulsar reformas legislativas que beneficiaron a empresas gasistas agrupadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM), a cambio de cuantiosos pagos canalizados a través de Equipo Económico, el despacho de abogados que fundó en 2006.

Debe tenerse presente que la investigación apunta a un esquema de tráfico de influencias que compromete no solo a Montoro, sino también a ex altos cargos de los gobiernos de Rajoy y José María Aznar (2000-2004), evidenciando una red de relaciones entre el sector público y privado que plantea interrogantes sobre la integridad del proceso legislativo.

La ironía jurídica de este caso reside en que argumentos utilizados en el caso de los ERE en Andalucía, según los cuales los actos políticos no pueden constituir prevaricación, podrían ser invocados en defensa de Montoro, aunque los múltiples delitos imputados complican esta estrategia.

Este artículo analiza en profundidad el modus operandi de la presunta trama, los actores implicados, los delitos investigados y las implicaciones jurídicas y políticas, destacando cómo este caso pone en entredicho la legitimidad democrática del sistema legislativo español.

La investigación se originó en 2018 tras el descubrimiento fortuito de un correo electrónico que sugería pagos a Equipo Económico para obtener modificaciones legislativas favorables a empresas gasistas como Air Liquide, Abelló, Messer, Praxair y Carburos Metálicos, todas asociadas a la AFGIM. Este hallazgo, surgido en el marco de otra causa que involucraba a Messer Ibérica de Gases, llevó al juez a incoar diligencias previas y a decretar el secreto de sumario, que se mantuvo hasta julio de 2025. Los correos intervenidos revelaron que las empresas, tras fracasar en sus intentos de influir en el proceso legislativo a través de enmiendas parlamentarias o cartas a la Secretaría de Estado de Hacienda, recurrieron a Equipo Económico, conscientes de su acceso privilegiado al Ministerio de Hacienda dirigido por Montoro.

Entiendo que el referido cambio de estrategia marcó un punto de inflexión, ya que, en poco tiempo, las empresas lograron dos reformas fiscales clave: una rebaja en el Impuesto Especial sobre la Electricidad en 2013, incorporada a la Ley 28/2014, y otra en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) en 2018, mediante la modificación del Real Decreto Legislativo 1175/1990 a través de la Ley 6/2018. La rapidez y eficacia de estas reformas, logradas tras la intervención de Equipo Económico, contrastan con los intentos previos infructuosos de la AFGIM, lo que sugiere una instrumentalización indebida del poder público.

El modus operandi de la presunta trama era sofisticado y estructurado. La AFGIM contrató a Equipo Económico en dos ocasiones, en 2013 y 2018, tras no lograr sus objetivos a través de consultoras convencionales. Según el auto comentado, Equipo Económico no elaboraba informes técnicos sustantivos, sino que se limitaba a «retocar» documentos preparados por Ernst & Young (EY), que actuaba como consultora secundaria para dotar de apariencia técnica a las propuestas legislativas.

Los correos intervenidos muestran que las empresas gasistas redactaron partes de los textos legislativos que finalmente se aprobaron, una práctica que el juez califica como una «externalización indebida» de potestades normativas en la fase prelegislativa. Este esquema, en el que las empresas participaban activamente en la redacción de leyes en su beneficio, evidencia una captura del proceso legislativo por intereses privados. Los pagos a Equipo Económico, que ascendieron a 779.705 euros entre 2011 y 2019, eran desproporcionados en comparación con los realizados a EY, multiplicando hasta por diez las minutas de esta última. El juez concluye que estos pagos no correspondían a una prestación real, sino que encubrían comisiones por influir en el Ministerio de Hacienda, lo que apunta a un sistema de corrupción institucionalizada.

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda en los gobiernos de Aznar y Rajoy, es el eje central de la investigación. Aunque se desvinculó formalmente de Equipo Económico en 2008, el auto comentado sostiene que ejerció «las más altas funciones y competencias decisivas» durante la tramitación de las normas investigadas, utilizando sus potestades legislativas para garantizar beneficios económicos a su antiguo despacho. Montoro nombró a personas estrechamente vinculadas a Equipo Económico en puestos clave del Ministerio, asegurando que las reformas se redactaran «a demanda» de las empresas gasistas.

Entre los imputados destacan Miguel Ferre Navarrete, secretario de Estado de Hacienda (2011-2016), que participó en reuniones con las gasistas para redactar artículos legislativos; Pilar Platero Sanz, subsecretaria de Estado de Presupuestos y Gastos (2011-2016) y consejera de Equipo Económico; y Felipe Martínez Rico, subsecretario de Hacienda (2016-2018) y exdirector del gabinete de Montoro. Otros altos cargos, como Diego Martín-Abril Calvo y José Alberto García Valera, directores generales de Tributos, también desempeñaron roles clave en la tramitación de las normas. La presencia de exfuncionarios de la etapa de Aznar, como Ricardo Martínez Rico, presidente de Equipo Económico y hermano de Felipe, refuerza la conexión entre los gobiernos del PP y el despacho.

La investigación abarca a 28 personas físicas y seis jurídicas, incluyendo las empresas gasistas y Equipo Económico. Entre los imputados figuran también Santiago Menéndez Menéndez, director de la Agencia Tributaria (2013-2018), y Covadonga Gómez, trabajadora de Equipo Económico encargada de la facturación y vinculada a empresas instrumentales creadas por los socios del despacho. Estas empresas instrumentales, domiciliadas en ocasiones en la oficina o el domicilio personal de Gómez, habrían servido para canalizar pagos y ocultar la naturaleza real de las transacciones.

El juez considera que los hechos podrían constituir siete delitos: cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental. Estos cargos se basan en la evidencia de pagos desproporcionados, la manipulación del proceso legislativo y el abuso de poder por parte de Montoro y su círculo, que habrían priorizado los intereses de las empresas gasistas sobre el bien público.

Un aspecto particularmente intrigante del caso es la posible defensa de Montoro basada en argumentos constitucionales similares a los planteados en el caso de los ERE en Andalucía. En un artículo publicado en elDiario.es el 21 de noviembre de 2019, el catedrático Javier Pérez Royo argumenta que el principio de legitimidad democrática, consagrado en el artículo 1.2 de la Constitución Española, excluye la posibilidad de que los presidentes de Gobierno o las Cortes Generales cometan prevaricación, ya que sus actos son de naturaleza política, no administrativa. Según Pérez Royo, la elaboración de proyectos de ley, como los de presupuestos, constituye un acto político dirigido al Parlamento, que carece de valor jurídico propio hasta su aprobación.

En el caso de los ERE, la condena de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán por prevaricación se basó en la inclusión de partidas presupuestarias, un acto que Pérez Royo considera constitucionalmente inmune a este delito, ya que el Consejo de Ministros no puede prevaricar al preparar proyectos legislativos a tenor de lo afirmado por este autor. Aplicado al caso Montoro, este argumento podría cuestionar la imputación por prevaricación, dado que las reformas fiscales se aprobaron en leyes de presupuestos (Ley 28/2014 y Ley 6/2018), actos políticos sujetos al control parlamentario. Sin embargo, los demás delitos imputados, como cohecho y tráfico de influencias, se centran en los pagos a Equipo Económico y la red de influencias, lo que complica esta línea de defensa.

Equipo Económico ha negado categóricamente su participación en una trama corrupta, afirmando que Montoro se desvinculó del despacho en 2008 y que su labor se limitó a un «asesoramiento jurídico-tributario de carácter estrictamente técnico». El despacho sostiene que las reformas legislativas eran necesarias para corregir una discriminación competitiva en el sector gasista y que trabajaron conjuntamente con EY.

No obstante, el juez cuestiona la consistencia de los informes de Equipo Económico y destaca la disparidad en los pagos recibidos, que sugieren una finalidad distinta al asesoramiento técnico. Montoro, por su parte, renunció a su afiliación al Partido Popular un día después de su imputación, el 17 de julio de 2025, en un intento de mitigar el impacto político del escándalo. El PP ha minimizado las acusaciones, señalando que una causa anterior contra Equipo Económico fue archivada y que las leyes aprobadas siguen vigentes, lo que podría interpretarse como una validación de su legitimidad. No obstante, la evidencia recopilada, incluyendo correos y registros financieros, sustenta las imputaciones del juez.

Las implicaciones sociales del caso Montoro son profundas. La presunta captura del proceso legislativo por intereses privados, en un contexto de crisis económica donde Montoro impulsó medidas de austeridad, pone en entredicho la integridad de la gestión pública durante los gobiernos de Rajoy. La colocación de personas vinculadas a Equipo Económico en cargos clave del Ministerio de Hacienda evidencia un sistema de «puertas giratorias» que compromete la imparcialidad de la Administración.

Políticamente hablando, el caso ha reactivado tensiones entre el PP y el PSOE, con el gobierno de Pedro Sánchez calificándolo como una «kitchen fiscal», en alusión a otros escándalos de corrupción del PP. El PP, por su parte, ha intentado desvincular a Montoro de su estructura actual, destacando que no forma parte del equipo de Alberto Núñez Feijóo. La renuncia de Montoro como afiliado refleja el impacto del caso en la imagen del partido, en un momento crítico para su consolidación.

Desde una perspectiva jurídica, el caso plantea preguntas fundamentales sobre los límites entre la influencia legítima y el tráfico de influencias en el proceso legislativo. La participación de las empresas gasistas en la redacción de textos legales, facilitada por Equipo Económico, sugiere una privatización indebida de la función legislativa, que debería estar reservada al interés público. Igualmente, los cargos acusatorios de cohecho, corrupción en los negocios y falsedad documental se centran en los pagos y la manipulación del proceso, lo que podría sostener la acusación incluso si la prevaricación se descarta. En este sentido, la evidencia de que Equipo Económico cobró sumas desproporcionadas por informes de escasa sustancia técnica refuerza la hipótesis de una trama organizada para corromper la función pública.

Ciertamente, el caso Montoro expone una presunta red de corrupción que compromete la integridad del proceso legislativo español. La intervención de Equipo Económico, los pagos desproporcionados, la redacción de leyes por parte de las empresas gasistas y la colocación estratégica de altos cargos vinculados al despacho sugieren un abuso sistemático del poder público.

Aunque la defensa de Montoro podría apelar a la naturaleza política de las reformas legislativas para cuestionar la prevaricación —lo cual no resulta sencillo a la luz de las efectivas condenas impuestas por el caso de los ERE—, los demás delitos imputados plantean un desafío significativo. Este caso, en mi opinión, no solo lleva a cuestionar la conducta de un exministro y su círculo, sino que pone de manifiesto la vulnerabilidad del sistema legislativo a la influencia de intereses privados, subrayando la necesidad de reformas estructurales para garantizar la transparencia y la legitimidad democrática en la elaboración de las leyes.